El tribunal militar aparta a la juez que investigaba un accidente del Ejército con cinco muertos

La investigación del accidente en el que murieron cinco militares y otros tres resultaron heridos cuando manipulaban explosivos, el 24 de febrero de 2011 en Hoyo de Manzanares (Madrid), ha dado un nuevo y sorprendente vuelco. El Tribunal Militar Territorial Primero ha admitido la recusación de la juez instructora que por dos veces procesó al teniente José Manuel Candón, el militar de mayor graduación de los que estaban presentes en el ejercicio, que resultó gravemente herido en la explosión.

El abogado del teniente alegó, para reclamar la recusación, la existencia de una “enemistad manifiesta” de la titular del Juzgado Togado Militar Territorial número 11 contra su cliente y la acusó de “frenar o ralentizar” la investigación “con el único fin de proteger a la cadena de mando implicada, de empleos superiores” al del teniente. Esta ha sido siempre la tesis sostenida por Candón. La novedad radica en que el fiscal militar se ha adherido a la recusación propuesta por el teniente, cuya motivación ha calificado de “prolija, acertada y contundente”.

El tribunal admite que “no consta enemistad manifiesta” tal como exige la jurisprudencia, pero agrega que el teniente sí “puede razonablemente albergar un sentimiento de animadversión de la juez hacia su persona”, pues la decisión de procesarle por segunda vez la considera “inexplicable e injustificable”. Se basa en que esa percepción no es exclusiva de Candón, sino “compartida por el Ministerio Fiscal”. Ello lleva al tribunal a separar definitivamente a la juez de la instrucción del caso, no porque haya constatado su parcialidad, puntualiza, sino “como medida de prevención”, pues “su apariencia de imparcialidad ha quedado cuestionada”. En consecuencia, pide que se nombre un nuevo juez instructor.

Sobre el fondo del asunto, el interés personal de la juez en la causa, asegura que “carece del más mínimo rigor”, pero añade que la acusación de que frenó la investigación para proteger a la cadena de mando es “sumamente grave y de trascendencia penal”, pues podría tratarse de un delito de prevaricación, si fuera cierta, o calumnias, de ser falsa. Tras advertir que este asunto no es de su competencia, lo remite a la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central y pide informe al fiscal sobre el posible delito. Uno de los tres miembros del tribunal presentó un voto particular en el que pedía que se desestimara la recusación.