El cultivo casero de marihuana deja sin luz dos meses a 256 familias en Sevilla
Los narcopisos provocan que 200 niños sufran carencias mientras Endesa y las Administraciones retrasan una solución al drama
Las plantaciones caseras de marihuana han hecho saltar por los aires la rutina de 256 familias del Polígono Sur de Sevilla. En la zona más pobre del barrio más humilde de la capital andaluza, conocida como Las Vegas, más de 200 niños carecen de luz desde el pasado 27 de febrero y sufren problemas de higiene y de alimentación. “Es muy duro por el frío, no hay calefactor y mis seis hijos lloran hasta por no tener tele. Han estado incluso 12 días sin bañarse y a veces me derrumbo psicológicamente”, admite Antonio Marín, vecino de uno de los 14 bloques afectados.
Los niños son las primeras víctimas de este apagón que todo lo nubla al caer la tarde, incluidas las farolas, pero también hay una decena de vecinos electrodependientes con dificultades para respirar que necesitan la red para recibir oxígeno. Las linternas y los hornillos ayudan a suplir la oscuridad y cocinar, pero los pisos ubicados a partir de la tercera planta carecen también de agua porque no hay electricidad para que remonte el desnivel. Mientras la desesperanza cunde en el barrio, para reparar el suministro la compañía distribuidora Endesa exige garantías de que descenderán los enganches ilegales al cableado para las plantaciones de marihuana y las Administraciones (Subdelegación del Gobierno, Junta, Ayuntamiento y Comisionado para el Polígono Sur) se culpan mutuamente y pasan la pelota a Endesa como responsable última de la solución al drama.
“Los alumnos que no se duchan en casa lo sufren bastante y claro que pierden concentración. Algunos han faltado a clase, otros han pedido entrar en el comedor para irse comidos a casa desde el cole y otras familias se han mudado”, explica María Peñalosa, jefa de estudios del colegio Nuestra Señora de la Paz. La maestra de Infantil María Zubiría remacha: “En mi clase hay seis niños sin luz y están más cansados porque duermen peor. Hay que estar muy encima de ellos”.
Con las calles repletas de basura justo antes de que empiecen su tarea los servicios de limpieza, el pasado miércoles Miriam Moreno explicaba en su balcón que a falta de lavadora llena la bañera para lavar la ropa, pero le pasa factura: “Ahora refriego con los pies porque ya me duelen las manos, y la ropa se lleva tendida cuatro días por el frío. Además, cargamos los móviles en casa de los amigos y lo de comprar al día es complicado para cocinar con tantos niños”. En la trasera de su calle, Edipo Rey, entre las bolsas de basura repletas de tierra y raíces de plantas, destaca el cráter con cables de cuatro centímetros cortados de cuajo entre los restos del centro de transformación que ardió hace casi dos meses. A pocos metros, un edificio en estado de ruina, como un coladero sin nueve paredes, evoca las crudas imágenes de la guerra.
El fenómeno de los narcopisos ha explotado en el último lustro y se ha extendido por las bajas penas de cárcel que acarrea a sus responsables y las dificultades de la Policía para atajar las plantaciones urbanas en pisos sin moradores: afecta al Polígono Sur de Sevilla, pero también a la zona Norte de Granada y al barrio de Pescadería en Almería, confirman fuentes de Endesa, firma distribuidora en las tres ciudades andaluzas.
Desde el pasado septiembre en Sevilla han ardido cuatro transformadores que cambian la energía a baja tensión, el último de ellos el pasado lunes en la cercana barriada de Murillo. Sin embargo, los apagones empezaron hace dos años. Los pisos dedicados a las plantas de marihuana –de hasta 500 macetas y que consumen como 80 viviendas, según la policía- crecen como setas, sobrecargan la red y los fusibles se queman hasta generar un incendio que acaba con los transformadores, ubicados en plena calle. Cada fuego acarrea una inversión de 85.000 euros, pero tras el incendio de finales de febrero Endesa se negó a repararlo tras alegar que solo dispone de un cliente con contrato. El resto, 255 familias, no figuran de alta como consumidores y nunca han pagado la luz.
Los vecinos responden que la Junta andaluza, propietaria de 1.438 pisos construidos en 1978 y en régimen de alquiler, les entregaba las viviendas con la luz ya instalada y que cuando han intentado darse de alta, Endesa les ha respondido que sus cables eran demasiado viejos y que debía cambiarse la instalación central del edificio, una obra que corresponde a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (Avra), de la Consejería de Fomento. El pasado miércoles decenas de cables lanzados por los vecinos atravesaban el cielo de varias calles para lograr luz en sus casas desde otros edificios.
Ante la parálisis de Endesa y las Administraciones, 104 vecinos han reaccionado y con un grupo de abogados altruistas han denunciado la privación de la electricidad por vulneración de derechos fundamentales ante el Juzgado de lo Contencioso 1 de Sevilla y ante la Comisión Europea por violación de la directiva 2019/944, que garantiza el servicio universal de luz a todos los ciudadanos. En paralelo, han presentado quejas ante la Fiscalía de Sevilla, el juzgado de guardia, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), la Consejería de Presidencia, Avra y la Agencia Andaluza de la Energía. Fuentes de la Fiscalía confirman que decidirán al respecto en los próximos días.
Por último, un vecino ha interpuesto una demanda civil contra Endesa por dejarle sin luz pese a que tiene un contrato en vigor con la compañía. “Es irracional e irrazonable que la existencia contrastada de enganches ilegales de luz y huertos de marihuana en esta zona se esgrima como argumento para la vulneración de derechos fundamentales”, censura la demanda interpuesta por el abogado Alberto Jorge Revuelta. La queja ante los organismos resume: “La ausencia de suministro eléctrico se produce en pleno invierno. No es posible conservar los alimentos. Inutiliza los mecanismos de camas articuladas de los numerosos impedidos que habitan en los bloques. Imposibilita la utilización de aparatos de ayuda a la respiración que funcionan con corriente eléctrica. Impiden hasta extremos insoportables el lavado de la ropa de cama y uso personal. Anulan el uso de calefactores y otros aparatos productores de calor ambiental”.
Tras casi dos meses de apagón, la Subdelegación del Gobierno en Sevilla prevé reunir a una mesa “de carácter político” con todos los actores implicados, pero necesita dos informes con la situación del barrio que Endesa y Avra aún no le han remitido, alegan fuentes de la Subdelegación. Las dos mesas “para la marihuana” técnicas, que desde 2019 se reúnen cada tres meses, no han encontrado una solución al problema.
El Polígono Sur es el barrio de España con menor renta neta media anual por habitante: 5.112 euros por persona, según el Instituto Nacional de Estadística. Tiene un 20% de sus 30.000 vecinos en riesgo de pobreza extrema, un 25% de absentismo escolar, un 60% de fracaso escolar y un paro del 60%, según el Comisionado para el Polígono Sur, un organismo creado por todas las Administraciones en 2003. Dos décadas y tres comisionados más tarde, sus indicadores no remontan.
Endesa alega que la solución está próxima, pero que la instalación del transformador incendiado depende de las revisiones técnicas de las instalaciones y reparaciones que debe efectuar la Junta. El Gobierno andaluz asegura por su parte que las inspecciones para completar sus 64 edificios avanzan a buen ritmo, pero que no puede avanzar una fecha de cumplimiento para finalizar la tarea. “La solución pasa por una intervención del Gobierno central que acabe con los enganches ilegales y las sobrecargas”, alega Juan Carlos del Pino, director general de Avra, la agencia de la Junta, que asegura haber realizado inversiones por 3,8 millones en el barrio esta legislatura.
El problema es un avispero que viene de muy lejos y a pesar de los intentos de los técnicos de la Junta para aclarar los vecinos que tiene como inquilinos, el censo aún está pendiente. Ante los cortes de luz, hace 15 días varios vecinos acudieron a la oficina de Avra en el barrio y amenazaron a los nueve trabajadores, por lo que la Junta cerró las dependencias y trasladó a sus empleados a otras dependencias. El casero oficial ya no está presente en el barrio.
Endesa admite que su retraso es excesivo pero se queja del alto vandalismo que padece: “60 días sin luz son demasiados, pero oficialmente no tenemos clientes en la zona”, alegan fuentes de la compañía. El comisionado para el Polígono Sur, Jaime Bretón, opina: “Mi propuesta es que Endesa dé luz a los vecinos con potencia limitada mientras se les convence para que pidan el bono social y hagan contratos”. Desde el Ayuntamiento sevillano, la directora del Distrito Sur, Trinidad Camacho, achaca el retraso a la Junta: “Todo tiene un procedimiento, pero no sé por qué la Junta no ha hecho el seguimiento de ocupación de sus viviendas”.
Ante los reproches cruzados de los técnicos y políticos, los vecinos han visto pasar 44 años sin grandes progresos. “La pasividad de las Administraciones es patente y ahora es muy difícil arreglar en varios días lo que no han hecho en cuatro décadas”, censura Rafael Pertegal, portavoz de la asociación Martínez Montañés. Rosario García, de la asociación Nosotros también somos Sevilla, es aún más crítica: “No hay voluntad política porque les interesa tener un trastero para los males de la ciudad. Hemos tenido mucha paciencia y solo repiten programas que no sirven. Hemos visto pasar un comisionado tras otro ¿Para qué sirven si la situación es la misma?”.
El imparable auge del cultivo casero de marihuana
El auge del cultivo urbano de marihuana el último lustro tiene de fondo el debate sobre la regularización del uso del cannabis, abierto en el Congreso de los Diputados el pasado septiembre por los socios y aliados parlamentarios del PSOE, pero también por Ciudadanos. Mientras los socialistas quieren esperar a los resultados de una subcomisión para elaborar una ley, los narcopisos causan estragos en tres capitales andaluzas.
“Tienes de todo: nacionales y extranjeros, chinos, rumanos, polacos, españoles, primarios y reincidentes, todo tipo de edades, mujeres y hombres, clanes enteros… El cultivo de marihuana, la usurpación de viviendas vacías y el enganche ilegal son delitos generalizados”, relatan fuentes de la Fiscalía Antidroga en la capital andaluza, que subrayan como incentivo para el delito la escasa pena que acarrea -entre 1 y 3 años de cárcel más multa-.
El problema enquistado en el Polígono Sur de Sevilla es que para autorizar a la policía las órdenes de registro, los jueces suelen pedir la identificación de los moradores. Y algunos pisos de la Junta cambian de inquilinos hasta cinco veces al año en un trasiego constante a cambio de 20.000 euros, confirman varios vecinos de los bloques donde se concentran las plantaciones. No siempre están vacíos, también hay parejas de personas mayores que llenan de plantas los dormitorios y trasladan sus camas al salón para recibir ingresos ilegales extra.
“El cultivo indoor de marihuana resulta un problema que afecta a todo el país. Sin embargo, los datos sí permiten diferenciar una mayor afectación de la zona Sur y Levante del país; quizás por motivos como las condiciones climáticas y de suelo, así como el fácil acceso a las semillas y a los aparatos y equipos de crecimiento”, ilustran fuentes policiales. Al margen de los narcopisos, las plantaciones de marihuana se han disparado también en las zonas rurales y la Guardia Civil y la Policía desarrollaron 303 operaciones con 13.000 kilos de droga y 343 detenidos, solo en los ocho primeros meses de 2021 y en la provincia de Sevilla, el triple que el año anterior.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.