El Gobierno salva por la mínima el decreto de medidas anticrisis con la oposición del PP y ERC

No ha habido sorpresa de última hora ―y eso que en este Congreso casi cualquier sorpresa se ha revelado posible― y el Gobierno ha sacado adelante este jueves el decreto de medidas urgentes para mitigar las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania. Lo ha hecho con los tintes hitchcockianos que ya se han convertido en costumbre: la campana a punto de sonar, por la mínima y contando hasta el último voto (176 a favor, 172 en contra y una abstención) e incluso con el reproche de quienes le han brindado su apoyo. Y también con el protagonista que pudiera parecer más improbable, EH Bildu, los “proetarras”, como algunos siguen llamándoles a diario en la Cámara baja. La izquierda abertzale, al contrario que sus socios de ERC y que el conjunto de la oposición por la derecha ―PP incluido―, ha atendido el desesperado llamamiento del Gobierno a la responsabilidad ante los ciudadanos que se benefician ya de esas medidas y que las perderían en caso de rechazo.

El día ha despertado en el Congreso entre un frenesí de cálculos y mensajes. Todo el mundo echaba números y todo el mundo tiraba de contactos para intentar discernir la posición de cada grupo, aun del más minúsculo. Los socialistas seguían intentando rebañar hasta el último voto. La incertidumbre recorría el hemiciclo, los pasillos, el patio del palacio de la Carrera de San Jerónimo, habitual hervidero de informadores y parlamentarios. El bullicio se ha detenido a las 9.30, cuando ha subido a la tribuna la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua. “Estamos en un momento enormemente grave”, ha dicho, prolongando brevemente el suspense, en referencia al supuesto espionaje que también ha golpeado a miembros de su formación. La antigua directora del diario Gara que ahora pone voz a los abertzales en Madrid no ha tardado en deshacer la incógnita: “Actuaremos con responsabilidad. La gente no puede pagar las consecuencias de las medidas de este Gobierno. Aprobaremos el decreto por la gente, no por el Gobierno”.

También a la gente había apelado por activa y por pasiva el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en su presentación del decreto ante la Cámara. Bolaños ha mentado a “los españoles que trabajan duro, los que cogen su coche cada mañana, a los que quieren iniciar una nueva vida…”. De ese modo intentaba arrojar sobre las conciencias de los diputados a todos esos ciudadanos de a pie que se han beneficiado del descuento al litro de gasolina, de las ayudas a los transportistas, del alza del ingreso mínimo vital o del freno a la subida de los alquileres, medidas todas contenidas en el decreto. “Ustedes representan a las personas que les han votado, piensen en ellas, actúen como si fuesen ellos los que estuviesen sentados en esos escaños”, ha insistido una y otra vez Bolaños.

Obviamente, nadie ha dicho que estuviese en contra de rebajar en 20 céntimos el litro de gasolina al consumidor o en incrementar un 15% el ingreso mínimo vital. Lo que se ponía encima de la mesa eran otras cuestiones, el supuesto espionaje a los independentistas, en el caso de ERC, Junts y la CUP, y la revitalización de la Comisión de Secretos Oficiales para incorporar precisamente a fuerzas como esas y a EH Bildu, por el flanco derecho.

Cada voto en este Congreso vale su peso en oro y más en situaciones como esta. Lo recordaba la imagen de Alberto Casero, el diputado del PP que con su error propició la aprobación de la reforma laboral, moviéndose de pie entre la bancada popular para buscar un escaño libre tras llegar con la sesión ya empezada. A esa misma hora, los periodistas seguían echando cuentas e incorporaban un apoyo más al inventario del Gobierno. Era también el de un nacionalista, Néstor Rego, el único diputado del BNG, que había cerrado su acuerdo con el portavoz del grupo socialista, Héctor Gómez, cinco minutos antes del comienzo del pleno, al igual que el representante de Teruel Existe, Tomás Guitarte.

Desde la tribuna también ha confirmado su apoyo otro independentista, en este caso de su sector más templado, aunque muy significativo, porque es uno de los cuatro que aparece en la lista de supuestos espiados. Ferran Bel, portavoz del PDeCAT, ha arrancado con una reflexión casi existencial: “¿Cuál es nuestra función aquí? ¿mejorar la vida de los ciudadanos o castigar al Gobierno por el mayor escándalo de espionaje?”. Al momento se ha respondido a sí mismo apelando, como el ministro, a los conductores, a las empresas en apuros, a los ganaderos, a los pescadores… PNV y Más País, al margen del caso del espionaje, han aprovechado para subrayar la gravedad del escándalo, al tiempo que coincidían en que el asunto debe desvincularse de un decreto al que brindaron su apoyo.

Bel y sus tres compañeros del PDeCAT han votado a favor, al igual que otro de los parlamentarios señalados como objetivo de Pegasus, Jon Iñarritu, de EH Bildu. Los dos diputados restantes que aparecen como espiados, Miriam Nogueras, de Junts, y Albert Botran, de la CUP, en cambio, han subido a la tribuna para decir que votarían no a “un Gobierno” que les “espía”. Lo mismo que ERC, cuya diputada Montse Bassa ha empezado en tono dramático ―”se han expuesto las intimidades de nuestras familias”―, y algunos escaños de la derecha han reaccionado con muestras burla. “Si quieren saber nuestro voto, pregúntenle a Margarita Robles [ministra de Defensa] o a la directora del CNI”, ha concluido Bassa. Un “no”, por supuesto.

En su primera votación parlamentaria de trascendencia, el nuevo PP de Alberto Núñez Feijóo, aun con otro discurso, ha acabado igual que el viejo PP de Pablo Casado: en el rechazo frontal. Su diputado Jaime de Olano ha echado por delante la entrada de EH Bildu en la Comisión de Secretos Oficiales: “No se puede proteger al Gobierno a costa de desproteger al Estado”. Luego ha presumido de voluntad pactista para de inmediato precisar: “Con los antecedentes no nos podemos fiar de Sánchez”. Y ha rematado diciendo que es el Ejecutivo el que vota no por haber rechazado las propuestas populares para acabar con el “infierno fiscal”: “Es el Gobierno el que dice que no a todas nuestras propuestas, el señor Sánchez sigue instalado en el ‘no es no”. Por senda parecida han transitado Iván Espinosa de los Monteros, de Vox, que ha dicho que el decreto es “un chantaje” del Ejecutivo, y Edmundo Bal, de Cs, quien, en una intervención durísima, ha afirmado que el Gabinete de Sánchez da “vergüenza” porque solo busca la “adhesión incondicional”.

El debate estaba siendo tenso aunque sin demasiado alboroto hasta que ha llegado el cierre a cargo del socialista Pedro Casares. Ha sido nombrar el escándalo por las comisiones millonarias en la compra de mascarillas en Madrid y una ola de cólera ha recorrido la bancada popular. Casares se ha venido arriba y ha acabado su intervención a voz en grito. Y aun así, su discurso resultaba inaudible dentro del hemiciclo ante la ovación desatada en los escaños de su grupo. Al descender de la tribuna, los socialistas se han lanzado a felicitar a Casares mientras le pedían jocosamente: “¡Otra!, ¡otra!”.

Tras la votación, el presidente del Gobierno ha paseado su triunfo ante los periodistas en el patio. “El problema no es que hubiese perdido el Gobierno, es que hubiesen perdido millones de españoles”, ha comentado Sánchez, quien tampoco ha dejado de cargar contra el PP: “Se ha apuntado al ‘cuanto peor, mejor’. Frente a la politiquería de algunos, hoy ha perdido la política malsana y ha ganado la política sana”.