Pegasus espió a uno de los promotores de la criptomoneda catalana

El programa Pegasus espió el móvil de uno de los promotores de la “República Digital” de Cataluña, un proyecto que planeaba un Estado independiente en el ciberespacio: con un DNI propio, un IVA del 10% y una fiscalidad exenta de impuestos españoles, según los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

Se trataba de poner en circulación una criptomoneda catalana “respaldada con fondos propios de la República”. Una divisa digital que equivaldría a un euro, estaría amparada por la Generalitat y debería encajar los envites de un sistema financiero —el español— que trataría de torpedear su solidez.

Jordi Domingo, uno de los cerebros de esta idea, figuró entre las 63 independentistas rastreados con el sistema de espionaje israelí. “Teníamos que pensar primero un proyecto y después su desarrollo tecnológico. Para cada una de las fases había un equipo humano diferente”, confirma este militante de la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) y Junts.

El teléfono de Domingo sufrió un intento de intrusión con Pegasus entre abril y mayo de 2019 a través de una llamada perdida de WhastApp que no requería respuesta, según Citizen Lab, el grupo de expertos en ciberseguridad de la Universidad de Toronto que indagó el CatalanGate.

La propuesta política de Domingo, que trabaja en la Diputación de Tarragona, instaba a las empresas de una hipotética Cataluña independiente a crear “productos y servicios para la República” y donar una parte de sus beneficios a la causa. Contemplaba también un sistema de expedición de carnés de identidad autóctonos con un coste de mantenimiento anual de 10 euros que tendría su réplica digital en forma de aplicación para el móvil.

Según su hoja de ruta, las criptomonedas jugarían un papel clave en las transacciones de una Cataluña independiente. La ciberdivisa patria permitiría su conversión a euros y pagar en comercios “adheridos” mediante una aplicación en el teléfono. Las operaciones estarían gravadas con un impuesto del 10%, “el IVA de la República”, según el documento, de 22 páginas.

Tras la divisa —relata el proyecto—, se encontrarían fondos de inversión y una fundación benéfica de Barcelona “bajo jurisdicción de la Generalitat”. La criptomoneda aspiraría, además, a contar con el respaldo de un país “dispuesto a reconocer la República”.

El boceto advertía del riesgo del enemigo externo: “La criptomoneda necesita credibilidad. España intentará minarla. Es importante que esté respaldada por el máximo número de instituciones y por el Govern”.

El documento estimaba que un millón de catalanes “votantes potenciales de la República” se sumarían a esta ilusión en sus primeros 18 meses de vida. Y blindaba a los independentistas de la fiscalidad nacional. “Se evitan todos los impuestos del Estado español en las transacciones ciudadano-comercio, incluido el de donaciones”, recoge el texto.

05:16

“Contra un Estado español del siglo XIX”

La propuesta de Domingo que monitorizó Pegasus daba carta de naturaleza a la declaración unilateral de independencia (dui) aprobada por el Parlament catalán en octubre de 2017, pese a que no llegó a sustanciarse después de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy destituyera al Govern y suspendiera la autonomía de Cataluña mediante el artículo 155 de la Constitución. “La República existe, está viva, aunque sin efecto sobre el territorio”, resume esta declaración de intenciones. Añade que uno de sus objetivos es “penetrar en el hormigón de un Estado español basado en el estándar del siglo XIX”.

Cuando Pegasus espió a Domingo, entre abril y mayo de 2019, este independentista presentaba su propuesta a distintos departamentos del Ejecutivo que entonces pilotaba Quim Torra. Una de las puertas a las que tocó, asegura, fue la del actual vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, que en 2019 era consejero de Políticas Digitales.

Este periódico ha intentado recabar sin éxito la versión de Puigneró. El vicepresidente es autor de El quinto poder. La República digital en tus manos (La Campana, 2020), un libro con epílogo del expresidente Carles Puigdemont que teoriza sobre la ruta para convertir Cataluña en una nación digital. “Cuando hace dos años empecé a hablar de la República Digital, la mayoría de los que me escuchaban me miraban con cara de incrédulos: iluminado, friki, soñador o flipado son algunos de los comentarios que he tenido que oír”, confesó este dirigente de Junts cuando presentó su obra, en julio de 2020.

Junto a Domingo, Pegasus situó en su mirilla a otros independentistas que tejieron una red digital de respaldo a la Cataluña independiente. El empresario y militante de Junts Joan Matamala —infectado 16 veces con el virus entre 2019 y 2020— fue uno de ellos. “Trabajamos en un sistema de democracia digital que permite a cualquier persona convocar un referéndum sin que nadie pueda impedirlo”, explica Matamala.

Su ordenador también fue espiado con el programa israelí Candiru, según CitizenLab. “Las cuatro víctimas de Candiru estamos relacionadas con sistemas de democracia digital”, añade Matamala, que niega haber participado en el DNI y la criptomoneda patrias.

Candiru también atacó o infectó los ordenadores del cofundador de la empresa de voto electrónico Vocdoni, Xavier Vives; del desarrollador de código abierto, Pau Escrich, y del coautor del informe CatalanGate, Elies Campo. Este último está siendo investigados en la Audiencia Nacional por su participación en Tsunami Democràtic, según adelantó El Periódico de España.

EL PAÍS ha intentado sin éxito recabar la versión de Campo. La causa judicial en la que se le vincula indaga el desarrollo de un paquete de aplicaciones para crear una criptomoneda y un sistema de votación digital.

Bajo la denominación de Tsunami Democràtic, se amagó el movimiento que en octubre de 2019 coordinó las protestas contra la sentencia del Supremo que condenó a nueve líderes del procés a penas de entre nueve y 13 años de cárcel.