El mayor caso de explotación de magrebíes en Galicia y León se liquida a precio de saldo

Tan ridículas son las penas, después de 14 años de una instrucción renqueante, que la Fiscalía de Galicia ha hecho lo que casi nunca hace: difundir una nota de prensa justificando el acuerdo al que ha llegado, “tras varios meses de negociaciones”, con los abogados defensores de 17 acusados y las casi 30 acusaciones personadas en la Operación Pollo. A falta del jefe de la trama, el ciudadano marroquí Mohamed Chahidi, desaparecido y declarado en rebeldía procesal (aunque algunos abogados de la causa lo sitúan viviendo acomodadamente en una localidad de su país natal), su tupida red de colaboradores será castigada con penas menores que no implican ingreso en prisión.

La Operación Pollo, contra la trata de seres humanos y la explotación laboral de migrantes magrebíes en granjas avícolas y otros negocios, estalló por casualidad en Galicia en 2008, a raíz del atestado policial por un robo y una pelea en un parque de la ciudad de Lugo. El caso inauguraba así esa larga década prodigiosa de los juzgados de la capital provincial, una pequeña urbe aparentemente tranquila bajo la que corrían inimaginables cloacas de corrupción. La mayoría de las macrocausas que se gestaron desde entonces sumaron centenares de imputados y víctimas de graves hechos pero se están liquidando ahora a precio de saldo. Después de haberse dejado escapar un tiempo en el que muchos delitos han caducado y bastantes de los inicialmente investigados han quedado al margen (o han muerto, como en el caso de la Pollo), la fiscalía de Lugo invoca una y otra vez las dilaciones indebidas, que se traducen en castigos irrisorios.

Este miércoles se zanjaba el trámite del acuerdo de conformidad en una vista en la Audiencia Provincial de Lugo. Si los magistrados lo confirman, solo uno de los 17 implicados (Chahidi aparte) que han llegado como acusados al final será condenado a un máximo de dos años, pero no irá a la cárcel. Y del medio millar de víctimas que se cree que pudo llegar a traer a España desde 2006 la organización dirigida por el empresario ganadero magrebí, solo 27 recibirán indemnizaciones de entre 1.000 y 3.100 euros, en el mejor de los casos. Con la falsa promesa de un futuro mejor a este lado del Estrecho, ellos habían pagado a la red cantidades que iban de los 8.000 a los 15.000 euros, para lo que sus familias se veían obligadas a vender lo poco que tenían. Según definió en 2019 el propio fiscal jefe de Lugo, Roberto Brezmes, al llegar a Galicia y León estas víctimas vivían en situación de “semiesclavitud”; llegaban a pasar “varios días sin comer”; permanecían las horas de luz encerrados en un piso patera y trabajaban más de 12 horas cargando pollos en camiones, sin vacaciones, en pésimas condiciones de salubridad y hasta descalzos.

Ahora, el ministerio público reconoce que ha llegado a un “acuerdo a la baja” pero concluye que “todas las personas a las que acusaba serán condenadas en términos razonables, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos, la gravedad de sus respectivos comportamientos y que han consignado cantidades económicas relevantes para reparar el daño causado”. “La fiscalía de Lugo valora positivamente este acuerdo al que ha llegado tras varios meses de negociaciones”, defiende en su comunicado de prensa, “y que podrá evitar la celebración de una vista oral que podría durar semanas. Recordamos que hay 30 partes personadas y estaba prevista la declaración de más de un centenar de personas”, destaca. A Mohamed Chahidi, que permanece fugado después de salir de prisión provisional en 2009, “no le afecta este acuerdo”, avisa por último la fiscalía: “Si en el futuro es hallado, podrá celebrarse el juicio contra él”. Aunque algunos letrados de la causa, incluso entre las defensas de los acusados, han criticado que no se hicieron esfuerzos por localizarlo en su país y lograr su extradición.

Mohamed Chahidi, que ha cumplido 51 años y figura desde 2006 como administrador único de Berciana Agrícola, SL, llegó de inmigrante a España y enseguida vio que el verdadero filón no estaba en criar ovejas y pollos, sino en engañar a compatriotas (de Beni Melal o de Casablanca) en situación económica desesperada. Según definió la propia fiscalía, gracias a sus “contactos” en la Oficina de Extranjería de Lugo y con empresarios del sector agropecuario, en especial a través de otro ganadero español con el que se asoció, vendía a sus víctimas (buena parte vecinos de su misma zona) permisos de residencia respaldados por contratos laborales ficticios. Algunos de estos eran trasladados directamente a un piso de Lugo y otros a un pueblo leonés llamado Cabañas Raras. Allí vivían en la inmundicia (sin cama, sin luz, sin agua corriente, sin alimento y sin higiene) mientras pastoreaban rebaños de corderos sin cobrar nada. Se comprobó que en Extranjería, solo desde finales de 2007 hasta principios de 2008, Chahidi consiguió 48 autorizaciones de las 60 que fue a presentar en persona.

Para controlar la red que tejió, el ahora fugado se valía de sus hermanos menores, también implicados en la Operación Pollo, pero la causa, que nació casi de forma paralela en Ponferrada y Lugo para luego quedarse en el juzgado de instrucción número 3 de la ciudad gallega, llegó a sumar más de 50 imputados, entre ellos un jefe de Inmigración del Ministerio de Trabajo que terminó librándose. En su escrito de acusación, previo a las benignas negociaciones con los acusados, el fiscal pedía para el cabecilla y sus colaboradores un total de 150 años de prisión y 700.000 euros en indemnizaciones. En concreto, por los delitos de explotación laboral, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y estafa continuada, la aspiración del ministerio público en 2019 era castigar a Mohamed Chahidi con 44 años de cárcel y a su socio español con 20.