Ceuta vuelve a la normalidad un año después de la crisis con Marruecos

Atardece en el barrio ceutí de Benzú y el sol lucha por imponerse a las nubes atascadas en la Mujer Muerta, la montaña sobre la villa de Belyounes, en el lado marroquí de la frontera. El contraluz proyecta sombras sobre una estampa de vecinos ociosos que pasan la tarde frente al mar, efectivos de las fuerzas auxiliares marroquíes que guardan un paso fronterizo cerrado oficialmente desde 2019 y casas apiñadas que dan a la alambrada perimetral. Unas horas antes, en ese claroscuro, varias unidades policiales ejecutaban una operación contra una red de tráfico de personas que ha operado intensamente desde el verano de 2021. Es la segunda gran redada que se vive en Benzú, El Príncipe y otras barriadas ceutíes, como Los Rosales y Hadú, en lo que va de año.

Las operaciones son el broche que adorna la vuelta a la normalidad de una ciudad que aguantó la respiración hace ahora un año. Entre el 17 y el 18 de mayo de 2021 entraron en Ceuta de 10.000 a 14.500 personas, según a quién se consulte la cifra, a un ritmo de 90 personas por minuto en las horas más intensas de la crisis. “Es como si en Madrid entrasen en un día medio millón de personas”, recuerda Juan Jesús Vivas, presidente del Ejecutivo local. Un año después, Ceuta luce como casi siempre, a la espera de que se reabra una frontera cerrada en marzo de 2020 y que empezará a funcionar el martes, coincidiendo con el aniversario del episodio “más duro y difícil que Ceuta ha vivido en su historia reciente”, según el presidente de la ciudad autónoma, del PP.

Las fuerzas de seguridad afirman que la red desmantelada se ha lucrado con las personas llegadas en mayo y atrapadas en Ceuta ante la incapacidad de negociar con Marruecos un mecanismo efectivo de devolución que se mantuviese más allá de los primeros días tras la crisis, cuando unas 7.500 personas fueron devueltas de manera irregular o regresaron voluntariamente a Marruecos. La entrada masiva dejó, además, más de mil niños bajo la tutela de una administración municipal sin espacios ni recursos para atenderlos.

“En Ceuta se ha recuperado la normalidad en cuanto a la visibilidad de personas en las calles”, incide Mabel Deu, vicepresidenta local con competencia en materia de menores. Desde el verano de 2021, las salidas han sido constantes, según fuentes policiales. También las desapariciones y muertes, incluso de menores de edad. Quien no ha salido por su cuenta o previo pago de hasta 4.000 euros por embarcar a la Península ha optado por solicitar asilo. Entre julio y octubre se formalizaron en Ceuta hasta 1.600 solicitudes, según la Delegación del Gobierno; en 2020, se habían tramitado 285 (579 en 2019, antes de la pandemia), según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

“Mucha gente se ha ido en pateras de mala muerte que ni las autoridades saben”, apunta Sabah Ahmed, empresaria ceutí. “Sabemos más nosotros por el boca a boca, cuando nos han llamado las familias porque ha salido una lancha de Ceuta con 20 o 30 personas y no han llegado a destino; y de niños, ni te digo”. A Ahmed, de 61 años, se le saltan las lágrimas cuando recuerda las llamadas de teléfono incesantes de familiares intentando localizar a jóvenes que han partido a la Península. Según las voluntarias de la organización de asistencia No Name Kitchen, aún quedan unos 30 chavales que duermen a la intemperie porque no quieren ingresar en los dispositivos que gestiona la Fundación SAMU y que acogen a 166 menores de los 340 tutelados por la Administración tras la entrada masiva de 2021. El Gobierno de la ciudad, con el beneplácito de Madrid, puso en marcha un proceso nuevo en virtud de un Acuerdo Marco con Marruecos para retornar a los menores expeditivamente. El procedimiento no contaba con las garantías legales y los tribunales pararon las devoluciones después de que al menos 55 adolescentes fuesen enviados a Marruecos.

“No podemos dar el asunto por zanjado ni la obra por terminada”, esgrime el presidente Vivas, “creo que lo ocurrido es de tal envergadura que tiene que haber un antes y un después”. La crisis puso de manifiesto un problema que tanto Ceuta como Melilla afrontan desde hace años: la falta de infraestructuras para atender a menores y la inexistencia de mecanismos de derivación a otras comunidades autónomas responsables de atender a los pequeños migrantes que llegan a cada territorio. Entonces, 16 comunidades accedieron a recibir a unos 200 menores que ya estaban en Ceuta en 2020. “Llevamos muchos años solicitando esto, principalmente porque partimos de unas ciudades que tienen una extensión muy reducida, que tienen una densidad de población altísima. Y mucha parte de nuestro territorio no es de titularidad municipal, sino de Defensa, por ejemplo, debido a nuestra denominación de plazas militares en la época”, explica Deu. “En la pandemia tuvimos que utilizar los pocos espacios de titularidad municipal para poder dar esa asistencia, obligada en este caso porque teníamos confinamiento”, añade. En 2021, y pese a una situación insostenible, no se cedió ni habilitó ningún espacio de titularidad estatal para acogida y el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) solo accedió a modificar el protocolo sanitario y admitir solicitantes de asilo tras las denuncias de organizaciones de derechos humanos.

Un episodio sin precedentes

“Aquel episodio concreto [en mayo de 2021] no tiene precedentes, es un acontecimiento histórico”, apunta Rachid Sbihi, guardia civil y dirigente de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Ceuta, “fue una acumulación de personas como nunca se había visto antes”. “Quienes estábamos allí nos vimos desbordados hasta que vinieron refuerzos, pero fue prácticamente incontrolable aquella marea humana bordeando aquel espigón y entrando a Ceuta”. Sbihi estuvo trabajando desde primera hora del lunes, primero en Benzú, al norte, por donde empezó de madrugada la entrada de personas, jóvenes, mujeres y hasta familias con niños, y luego en El Tarajal, donde a mediodía la entrada era imparable, con miles de personas colapsando la carretera que conduce a Castillejos (Marruecos), a unos siete kilómetros de la frontera con España.

En Ceuta, la comunicación con oficiales del Ejército marroquí es fluida y constante, pero los enlaces son casi personales. Desde los espigones que anuncian el paso internacional de El Tarajal, se observan las rejas instaladas en el espigón marroquí que va a dar a la playa y que impide desde tierra el acceso al mar y se realizan redadas casi diarias con detenciones de hasta 200 personas, mayoritariamente subsaharianos, en el entorno de la valla. Su orografía en Ceuta, más abrupta y boscosa que en Melilla, entorpece la vigilancia desde el lado español.

Como socio prioritario y necesario para el control migratorio, el pulso de Marruecos ha acrecentado los recelos ante el compromiso de Rabat. Las idas y venidas en las negociaciones para la reapertura de la frontera tras dos años de cierre traumático a ambos lados han alumbrado una extraña esperanza pesada en empresarios, comerciantes, trabajadores y familias que han vivido en suspenso. Solo después de que Madrid virase en su postura sobre el Sáhara Occidental y apoyase el plan de autonomía de Rabat para la antigua colonia española se reactivó el diálogo. Una semana antes, el 2 de marzo, hasta 2.500 personas protagonizaron el mayor intento de salto a la valla de Melilla en la historia de la ciudad. “Nosotros queremos y deseamos unas buenas relaciones con el vecino, pero esas buenas relaciones tienen que estar basadas en el respeto, y el respeto significa que no se pueden producir actuaciones como las vividas en mayo de hace un año”, apostilla Vivas.

Más allá del colapso de los servicios en una ciudad que se autoconfinó durante las primeras horas de incertidumbre y en plena época de restricciones y distanciamiento social ante la emergencia sanitaria, la crisis sacó a la superficie un temor antiguo: la amenaza de Marruecos sobre la soberanía española de Ceuta y Melilla, siempre contestada. “No hubo miedo, hubo pánico, porque no sabíamos lo que iba a pasar, pero sobre todo porque no sabíamos si esa gente venía porque necesitaba ayuda o por qué”, opina Alex Castillo, camarero de 28 años que regenta una cafetería en el centro de la ciudad.

De aquel miedo ha intentado sacar la ultraderecha un rédito político que ha tensado al límite la imprescindible convivencia en una ciudad donde la mitad de sus 85.000 habitantes se identifican como musulmanes. “Lo de mayo ha desvelado ciertas cuestiones y si alguien todavía lo dudaba, creo que Ceuta necesita un pacto de Estado”, sentencia Vivas, cuyo Gobierno en minoría del PP ha optado por apoyarse en los concejales del PSOE para aislar a Vox. Su líder, Santiago Abascal, fue nombrado persona non grata por la Asamblea después de plantarse en Ceuta y acusar de “quintacolumnistas” y “promarroquíes” a políticos y vecinos con nombre árabe. “Hay que combatir el miedo”, zanja Vivas. “El miedo es nuestro principal enemigo”.