La exdirectora del CNI, en la comisión de secretos sobre el Pegasus: “Somos unos mandados”

La comparecencia de tres horas y media de la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, el 5 de mayo ante la comisión de secretos oficiales del Congreso, dividió por la mitad otra vez a los 10 diputados que escucharon su exposición y tomaron notas apresuradas. Esteban aportó las 18 resoluciones judiciales para justificar la legalidad del espionaje del llamado caso Pegasus. Los cuatro diputados del PSOE y la derecha (PP, Vox y Cs) salieron de la cita convencidos de los argumentos escuchados y más tranquilizados al entender que todo se había hecho bien y legalmente. Los seis representantes de Unidas Podemos y las formaciones nacionalistas y separatistas (ERC, PNV, EH Bildu, Junts y la CUP) acabaron aún más preocupados de como entraron a la sesión tras escuchar de Esteban una afirmación, hacia el final de la sesión, sobre el origen de las órdenes y el sentido de su trabajo en el CNI. “Somos unos mandados”, respondió Esteban, según ha confirmado EL PAÍS con representantes de partidos constitucionalistas, separatistas y nacionalistas presentes en esa sesión.

Gabriel Rufián, el siempre ácido portavoz de ERC, fue uno de los primeros que abandonó la sala Mariana Pineda en la que se celebró la esperada comparecencia de la aún entonces directora del CNI. Lo hizo sin esperar a la réplica final, que según varios de los presentes resultó especialmente interesante y reveladora, porque tenía que entrar en directo en la televisión autonómica catalana para exponer sus “interpretaciones” de lo que allí se había contado y expuesto y que no se puede comunicar. Antes, dejó uno de los momentos curiosos de la sesión cuando le comentó a Esteban que tenía “una voz muy bonita y radiofónica, como la de las locutoras de los programas nocturnos”. Esteban agradeció el piropo: “Pues mire, a lo mejor podría encontrar ahí otro empleo alternativo”. La broma distendió el ambiente, que no fue tirante ni desagradable.

Paz Esteban, en realidad, se ganó el respeto de prácticamente todos los portavoces presentes en esa simbólica sala Mariana Pineda del Congreso, presidida por un cuadro de la joven liberal ejecutada el 26 de mayo de 1831 durante el reinado de Fernando VII, en la Década Ominosa, porque anhelaba la libertad para su patria. Todos los que hablaron después alabaron su “nivel y competencia profesional”. Nadie habló mal de la posteriormente cesada como directora del CNI para “dar un impulso” y modernizar el centro, como se expuso oficialmente, y que se convirtió en la única cabeza cobrada por la brecha de seguridad constatada en la cúpula del Estado. Sucedió tras conocerse que los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros de Defensa, Margarita Robles; Exteriores, José Manuel Albares; e Interior, Fernando Grande-Marlaska, habían sido infectados por el programa Pegasus.

Esteban habló de Pegasus para admitir, según varios de los presentes, que el CNI dispone de ese programa sin ratificar si lo había usado en este caso. Pero sobre todo, aportó a los 10 comisionados políticos las 18 resoluciones judiciales firmadas por el juez del Tribunal Supremo Pablo Lucas para autorizar esas intromisiones. En varias de esas autorizaciones, sobre todo de las personas espiadas más próximas y del entorno del expresidente catalán Carles Puigdemont, fugado de la justicia, el juez explica sus razones: “Por atentar y poner los bienes más preciados del Estado español, la integridad territorial, la supremacía de la Constitución y el imperio de la ley en juego”.

Ese tipo de explicación es la que se aporta en los autos del juez para conceder que se espíe a colaboradores muy cercanos de Puigdemont como Josep Lluís Alay, el jefe de su oficina. Y también a su abogado, Gonzalo Boye; al empresario Joan Matamala, hermano del amigo del expresidente catalán que lo ayudó cuando se fugó de España; la vicepresidenta de JuntsXCat, Elsa Artadi; o Albert Batet, el presidente del mismo grupo parlamentario, entre otros. Algunas de esas resoluciones judiciales permitieron el espionaje legal durante mucho tiempo, al menos entre 2019 y 2020. Aunque al principio se concedían solo por los tres meses estipulados legalmente, luego se prorrogaron sucesivamente en algunos supuestos más de una decena de veces.

Fue ahí cuando varios diputados independentistas interrogaron a Paz Esteban sobre si se habían registrado espionajes del CNI con Pegasus anteriores a 2019 o posteriores a 2020 y la directora no contestó a esa cuestión. No era una pregunta inocente. En sus anotaciones, tras releer y tomar notas a toda prisa durante poco más de 10 minutos del contenido de esos autos judiciales que no pudieron fotografiar porque no les dejaron entrar ni con móviles o tabletas, algunos de esos diputados escribieron: “Para que no se escape”.

Los representantes de esas formaciones pretendían saber si el CNI había espiado al abogado Boye, o a Alay y Matamala, por ejemplo —dos de los amigos y colaboradores diarios más cercanos a Puigdemont desde que se instaló en Bruselas para escapar del proceso judicial a los líderes independentistas—, en fechas como marzo de 2018, cuando el expresidente catalán fue detenido justo en la frontera de Alemania y Dinamarca. Aquella operación, que entonces se reconoció conjunta entre las policías y los servicios de inteligencia de esos países con España, se desarrolló tras la participación de Puigdemont en una conferencia en Finlandia. Puigdemont también fue retenido en Cerdeña el 23 de septiembre de 2021, cuando acudió a la isla italiana para tomar parte en un evento festivo. En ninguno de esos supuestos se consiguió la extradición a España.

Los 10 diputados nominados para la comisión de secretos oficiales no sabían ni lo que la exdirectora del CNI iba a contar ni la documentación que facilitaría. Al entrar en la sala, cinco se aposentaron en la alargada mesa a un lado de la presidenta de las Cortes, Meritxell Batet, y cinco al otro lado. Todos encontraron frente a su asiento una carpeta personalizada con alrededor de 120 folios. Esteban, al otro lado de la mesa, hizo una primera exposición general y ahí argumentó que acudía con las 18 resoluciones judiciales de los espiados por el CNI con Pegasus que coincidían con los nombres incluidos dentro de los 65 determinados por Citizen Lab, un instituto especializado en ese tipo de investigaciones de la Universidad canadiense de Toronto. Varios de los diputados presentes coinciden en señalar que en los papeles entregados por la directora del CNI había más nombres de espiados, pero que aparecían tachados, así como muchas conversaciones también borradas, procedentes de pinchazos a otras personas. También creen que se pudieron producir errores en los objetivos del espionaje.

Entre los 18 espiados legalmente por el CNI se encuentra el caso del empresario Joan Matamala, presidente de la Fundación Les Voltes, y presunto financiador de las actividades de Puigdemont durante estos años. Pero el gran objetivo de los servicios policiales y de inteligencia en este periodo de la familia Matamala había sido su hermano, Josep Maria, amigo y senador, que fue el que lo ayudó a salir de España e instalarse en Waterloo, a las afueras de Bruselas.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, cuestionó a la directora del CNI incisivamente y muy en particular por dos cuestiones. Si se había espiado en algún momento al lehendakari, Íñigo Urkullu. La directora respondió que no. El portavoz del PNV también se interesó por si otros cuerpos de seguridad del Estado, como la Policía Nacional y la Guardia Civil, también habían usado sistemas como Pegasus. La directora del CNI no aclaró ese punto. El portavoz vasco no se quedó satisfecho con esas respuestas y este mismo miércoles, en la sesión de control al Gobierno del Congreso, aprovechó su turno y emplazó sobre esa cuestión al presidente Sánchez: “¿Disponen la Policía y la Guardia Civil del programa Pegasus?”. El jefe del Ejecutivo replicó que no y basó su intervención en que esa negativa la había certificado el ministro del Interior, también espiado por el software israelí. El dirigente del PNV, que había escuchado sobre ese asunto hacía dos semanas a la directora del CNI, insistió ante el presidente del Gobierno: “Que lo diga usted es importante, yo tomo nota. Asegúrese bien”. Y le alertó de que en el pasado había habido precedentes invasivos con ese tipo de instrumentos. Y acabó: “Por el bien del Gobierno y de la democracia”.