11 años después, Lorca aún espera todas las ayudas por el terremoto: “No sé qué más quieren”

El nieto de Antonio Bastida se abrazó a su abuelo la noche del temblor cuando estaban al raso. “No vuelvas a la casa”, le pidió. Eso bastó para que el hombre que hoy tiene 79 años no fuera a apuntalar lo que quedaba de su hogar. Se quedó junto a su familia en uno de los parques de Lorca (Murcia) que la noche del 11 de mayo de 2011 acogió a los miles de vecinos expulsados de sus casas por uno de los peores terremotos que recuerda España, que dejó nueve muertos. “Parecíamos zombis, todos tirados por el suelo”, recuerda, a su lado, su mujer, Gertrudis Abellaneda, de 72 años. La pesadilla empezó aquel día, pero aún no ha acabado. Su casa fue declarada en ruinas, y la Administración les concedió la máxima subvención: 106.423,20 euros. De eso hace 11 años, y todavía les falta recibir un 25% de la cantidad prometida. “Ya no sé qué más papeles quieren que mandemos, si nos dicen que todo está correcto”, se lamenta Lucía, su hija pequeña.

No es un caso único. A comienzos de este año había al menos 152 ayudas ya reconocidas y aún pendientes de pago que totalizaban 826.654,3 euros, según información obtenida por EL PAÍS en aplicación de la ley de transparencia. De ellas, 122 eran por reconstrucción de viviendas, 23 por gastos de alquiler, y 7 por reparaciones. Aunque el Consejo de Ministros aprobó en enero entregar 45.000 euros a un total de 13 beneficiarios de ayudas al alquiler, hoy todavía esperan decenas de familias que lo perdieron todo y vieron cómo los políticos prometían inmediatamente soluciones que iban a ser financiadas a partes iguales por el Gobierno central y el autonómico. De hecho, hay expedientes que aún ni siquiera se han tramitado: de los dependientes de Murcia, 61 de reconstrucción y 51 de alquiler, según información proporcionada por el Gobierno autonómico.

“Parece mentira que estemos así después de tanto tiempo. ¡Las administraciones se echan la pelota entre ellos! Es pura desidia”, lamenta Gloria Martín, portavoz de la plataforma de afectados por el terremoto, que agrupa a 600 familias, y concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Lorca. “Es incomprensible”, se queja. “Hay un montón de gente que se ha quedado colgada, que lleva enganchada con esto un montón de años. Son familias humildes, sencillas, para las que esto supone una cantidad importante”, recalca. “Y en el caso de los expedientes en los que no se consiguió justificar el gasto de las ayudas, a muchos les ha supuesto la ruina”.

La obra de la casa de Antonio y Gertrudis está acabada. Suelos claros con aspecto de madera, estanterías blancas en las que hoy vuelven a reposar recuerdos de toda una vida, un gran sofá en forma de ele. Pero para finalizar el proceso tuvieron que acabar pidiendo un préstamo. “Yo veía lo del volcán de La Palma y pensaba: ‘Lo que tardarán en volver a sus casas y en cobrar todo lo que les están prometiendo”, reflexiona Gertrudis.

La pesadilla burocrática ha estado llena de papeles. Como los ingresos de la subvención aprobada se retrasaron, tuvieron que pedir un aplazamiento del periodo de ejecución, que les obligaba a acabar las obras en dos años. Han guardado facturas, transferencias, contratos, licencias de obras... Todo ello lo han metido puntualmente en sobres que han remitido al Ejecutivo regional para justificar la ayuda que tenían aprobada. Pero les siguen faltando más de 25.000 euros.

La gestión de las ayudas la ha coordinado una Comisión Mixta integrada por el Estado, la comunidad autónoma y el Ayuntamiento de Lorca. El Ministerio de Interior detalla que ha desembolsado de sus presupuestos más de 30 millones de euros, aunque hay otras partidas ejecutadas desde otras instancias del Ejecutivo central. El Gobierno regional, por su parte, explica que en este tiempo se han concedido 80 millones de euros distribuidos en 16.740 ayudas. “El proceso está en fase de cierre aunque queda alguna cuestión residual”, apunta el Ejecutivo murciano en una respuesta por escrito a este periódico. Gertrudis y Antonio son dos de esas cuestiones residuales, pero quedan muchas otras.

En el municipio apenas quedan hoy cicatrices del seísmo. Un vecino señala algunas cornisas aún algo resquebrajadas, y otro una casa histórica que ya estaba muy dañada por la falta de mantenimiento y han tenido que reforzar con yeso. Al margen de eso, todos los inmuebles del barrio de La Viña, el más afectado, lucen relucientes. Una iglesia marca el inicio del área más afectada. Dos edificios cayeron encima de ella y la destrozaron por completo. Hoy es un moderno edificio blanco de formas curvilíneas. “Las cicatrices no están en los edificios, quedaron en la gente”, suelta Gertrudis con una poesía inesperada.

Lucía Martínez, de 58 años, es otra de esas cuestiones residuales. Un trámite resuelto sobre el papel, pero que aún no ha tenido su reflejo en la cuenta corriente de la familia. Su casa estaba en el barrio de La Viña, la zona cero del temblor. Se vino abajó por completo. Al año del seísmo, la Administración le ingresó el dinero de la ayuda, pero su situación personal era demasiado devastadora como para leer la letra pequeña: tenía que ejecutar la reconstrucción en un año desde la concesión, o solicitar el aplazamiento.

A las semanas del terremoto ella y su marido tuvieron que hacerse cargo de su sobrino porque su cuñada murió de cáncer. Su marido, obrero de la construcción, que había perdido su trabajo con la crisis del ladrillo, agotó en ese mismo periodo el acceso a subsidios. Todo este cúmulo de desgracias provocó que cayera el depresión y el dinero de las ayudas quedó aparcado en la cuenta. En 2017 les llegó una carta en la que les reclamaban la devolución de esa cantidad, con intereses. Cuando habían empezado a salir del agujero y su marido encontró trabajo, la reclamación fue un mazazo. “No sabíamos qué hacer, no entendíamos nada porque no nos dimos cuenta ni de lo que habíamos firmado y empezaron a embargar parte del sueldo de mi marido para cobrar esa supuesta deuda”, relata Lucía.

Lucía, su marido y su hijo pudieron instalarse en la casa de su suegro, que está a las afueras de Lorca, pero durante todos estos años ella ha seguido haciendo vida en su barrio. Allí están sus comercios, su banco, sus amistades y la vida a la que quiere regresar algún día. Cuando les permitieron volver a su hogar destruido unas semanas después del temblor para recoger sus cosas, lo primero que cogió su marido fue la foto de comunión de su hijo. “Yo fui más práctica y cogí papeles importantes”, cuenta con una medio sonrisa. Su memoria no vuelve a menudo a ese día en el que todo se vino abajo. “Me está entrando frío solo de pensarlo”, dice ella, a pesar del intenso sol: el termómetro del estanco cercano marca 30 grados.

Se llegaron a iniciar más de 5.000 procesos de embargo de sueldo, apunta Gloria Martín, la portavoz de la plataforma de afectados. Al final, sus reclamaciones tuvieron éxito, y la Administración reconoció que no tenía que devolver la ayuda ni pagar intereses. “Tuvimos que presentar todo el historial médico para que nos dieran la razón”, señala la afectada. Pero el dinero aún no llega.

“La tramitación es compleja, a lo que se une dificultad de las obras de reconstrucción y reparación en sí mismas”, recalca el Gobierno regional, que recuerda que la comunidad autónoma aprobó “una normativa para simplificar la burocracia estatal que impedía resolver algunas de las ayudas”. Y recuerda que con esta regulación se dio “solución definitiva a las más de 5.300 familias beneficiarias de las ayudas para reparar sus viviendas”.

Pero algunas de estas soluciones tardan en llegar. Domingo Lázaro recuerda perfectamente qué hacía cuando todo tembló por primera vez: “Estaba viendo el Giro de Italia”. Era el inicio del terremoto de Lorca, cuando la tierra avisó por primera vez. Este vecino, de 74 años, salió a la calle y vio que se había desprendido una parte del yeso del patio interior, así que salió con la escoba y el recogedor a limpiar. Fue en ese momento cuando la segunda sacudida tumbó el interior de su vivienda y otras miles de casas en su municipio. Su mujer se quedó encerrada y tuvo que sacarla un policía tirando la puerta a patadas. Lázaro, que había salido a barrer, no pudo volver a entrar hasta seis años después, cuando finalizó la rehabilitación de su bloque.

Durante todo ese tiempo vivieron en un piso de alquiler, a pocas calles de su casa. La comisión les concedió las ayudas para arrendar una vivienda temporal. “Al principio sí que íbamos recibiendo ingresos, con retrasos, pero íbamos tirando. Pero hace dos años dejaron de llegar y así estamos, me faltan 8.000 euros”, resume. Para acabar de afrontar los gastos, tuvo que pedir dinero prestado a un familiar.

Domingo no pudo ir a ver cómo tiraban abajo su bloque. “Ver como derrumban la casa en la que has nacido, no da gustico, ¿sabes?”. Cuando recuperó sus muebles del almacén en la que los había mantenido todo ese tiempo, muchos estaban roídos por las ratas o la humedad. “Compramos nuevos, nos instalamos en casa como si fuéramos otra vez recién casados”, sentencia. Solo les hace falta un ingreso más para dejar atrás la pesadilla.