La Fiscalía rebaja, a dos semanas del juicio, el mayor caso de corrupción policial en Palma

A dos semanas de que comience el juicio del caso Cursach ―que aborda la presunta connivencia del magnate del ocio nocturno Bartolomé Cursach con agentes de la Policía Local de Palma para beneficiar sus negocios―, la que ha sido una de las investigaciones por corrupción más mediáticas y enrevesadas de Baleares ha quedado descafeinada. Los fiscales han retirado la acusación a siete de los 23 implicados, han modificado el relato de los hechos y han rebajado considerablemente la petición de condena para el principal imputado. El ministerio público reclama ahora para el empresario una condena a 18 meses de prisión, frente a los ocho años y medio que solicitaba inicialmente. Cursach, que quedó en libertad en abril de 2018 tras pagar una fianza de medio millón de euros, ya ha cumplido 13 meses de prisión preventiva. La fiscalía le mantiene acusado por pertenencia a organización criminal y prevaricación, pero ha retirado los cargos de cohecho y coacciones.

El juicio está fijado para el próximo 13 de junio. Los fiscales del caso, Tomás Herranz y Juan Carrau, han registrado esta semana en la sección primera de la Audiencia Provincial de Palma un escrito de calificación modificado que deja sin efecto gran parte del anterior, presentado hace cuatro años por el entonces fiscal encargado del caso, Miguel Ángel Subirán. Casi la mitad de las páginas del documento inicial, 35 de las 73, aparecen tachadas.

Subirán, primer fiscal del caso, y el juez Manuel Penalva, que también arrancó las pesquisas, se encuentran a las puertas de ser enjuiciados por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares por presuntas irregularidades en esa instrucción. Permanecen encausados por presuntos delitos de revelación de secretos, omisión del deber de impedir delitos y omisión del deber de promover la persecución de delitos. El pasado julio, el Consejo General del Poder Judicial jubiló por incapacidad permanente al juez Penalva, mientras que el exfiscal anticorrupción Subirán se retiró también de forma anticipada en 2020. El fiscal anticorrupción de Baleares, Juan Carrau, y Tomás Herranz, designado desde Madrid, se hicieron cargo de la causa.

Ahora, los fiscales retiran la acusación a siete enjuiciados, entre ellos el director de la discoteca Tito’s, Jaime Lladó, el jefe de sala del establecimiento, Arturo Segade, y el expolicía empleado del grupo Antonio Bergas. La fiscalía afirma que se ha comprobado “una falta de verosimilitud” de los hechos contenidos en la acusación sobre ellos. También dejan de señalar a la exdirectora general de Turismo del Gobierno balear, Pilar Carbonell, acusada hasta ahora de un delito de prevaricación por presuntamente agilizar una licencia para uno de los negocios del empresario; no existe, dice ahora la Fiscalía, ”ninguna resolución dictada por ella”. En el documento también se renuncia a 54 de los 140 testigos citados en un principio.

Para Bartolomé Cursach, los fiscales rebajan la petición de ocho años y medio de cárcel a 18 meses. Además, siguen reclamando que se le inhabilite durante 15 años para empleos relacionados con la hostelería. Su segundo en la empresa, Bartolomé Sbert, se enfrenta a la misma petición de prisión. También se ha rebajado significativamente la petición de pena para los policías locales acusados, como el exjefe de la Policía Local de Palma, que se enfrentaba inicialmente a cuatro años y medio de prisión y ahora lo hace a una pena de 12 años de inhabilitación. Finalmente, se sentarán 16 personas en el banquillo. A siete de los investigados se les ha retirado la acusación y uno de los agentes investigados ha fallecido.

Fiestas con prostitutas

Con la retirada de acusaciones para gran parte de los funcionarios y de los directivos del grupo Cursach, decaen también algunas de las tramas sobre las que los anteriores investigadores pusieron la lupa. Queda tachado todo rastro de la investigación sobre las supuestas fiestas de agentes de la Policía Local con prostitutas en los reservados de una de las discotecas del grupo. La fiscalía considera ahora que carecen de “verosimilitud”. De hecho, el testigo protegido que apuntó a la existencia de estos episodios terminó siendo acusado de falso testimonio. También quedan enterradaas las acusaciones de presuntos sobornos a funcionarios y altos cargos para beneficiar a los establecimientos de Cursach o acelerar licencias.

El juicio se centrará en los episodios que implican a los agentes de la llamada Patrulla Verde de la Policía Local, que se encargaba de vigilar zonas de ocio, y los supuestos episodios de inspecciones reiteradas a locales nocturnos sin motivación. “Dichas decisiones eran arbitrarias e injustificadas y generaban consecuencias administrativas”, señalan los fiscales en el escrito, en el que desligan las actuaciones de los agentes de un intento de dañar a los empresarios con locales que eran competencia directa de Cursach. Lo atribuyen a intereses personales de los propios agentes y sólo en el caso concreto de acoso a una discoteca del Paseo Marítimo se vincula a órdenes del número dos del empresario, al que también se aparta de la tesis de que tuviera a funcionarios del Ayuntamiento y agentes a sueldo.

Según el primer calendario del juicio, fijado antes del cambio en el escrito de la Fiscalía, está previsto que las sesiones se prolonguen hasta el mes de abril de 2023.

Escrito de calificación del caso Cursach de junio de 2022. Si no puede leerlo pinche aquí.