El Gobierno impulsa una reforma legal para renovar el Constitucional

El Gobierno ha decidido dar un nuevo giro sobre su propia estrategia para sortear el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) e intentar renovar un tercio del Tribunal Constitucional en julio y cambiar así la mayoría, de conservadora a progresista. El PSOE presentará este viernes una proposición de ley, que tramitará por la vía de urgencia, para permitir que el Gobierno pueda elegir a los dos magistrados que le corresponde nombrar como miembros del tribunal de garantías y el Poder Judicial, a los dos suyos. La norma, según ha adelantado Eldiario.es y ha confirmado EL PAÍS, permitirá que el CGPJ, aun estando en funciones, pueda hacer los nombramientos. Si este giro consigue desbloquear la renovación, el resultado más probable es que se elegirán tres jueces progresistas y uno conservador. Dos progresistas a propuesta del Gobierno, y uno y uno como acuerdo de consenso dentro del CGPJ. El cambio de mayoría quedaría, pues, consolidado por un 7-5 a favor de los progresistas —lo contrario de lo que hay ahora— hasta la próxima renovación.

La contrarreforma que planea el PSOE, que modificaría el artículo 570 bis de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, supone una rectificación a la medida que aprobaron los propios socialistas hace más de un año para forzar al PP a renovar el Poder Judicial, algo que no ha ocurrido. Unidas Podemos, socio del Gobierno, no apoya en principio este cambio legal porque cree que supone dar la razón al PP sin que la formación conservadora se haya movido para desbloquear la renovación del Poder Judicial. El grupo minoritario de la coalición apostaba por la solución que la semana pasada también manejaba el sector socialista, tal como dijo en la Cadena SER el ministro de la Presidencia y principal responsable de este asunto, Félix Bolaños: que el Gobierno nombrara directamente a los dos magistrados que le corresponden si el PP seguía dando largas. Aunque se habían trabajado los argumentos jurídicos para la otra opción, La Moncloa ha decidido finalmente una solución más cercana a las posiciones del PP, que siempre rechazó esta reforma que ahora se rectificará.

El Ejecutivo ya se había desdicho de otra reforma anterior, que promovió para que el Consejo General del Poder Judicial se pudiera renovar solo con la mayoría absoluta del Congreso. Ante la críticas de la oposición, de sectores judiciales y sobre todo de la Comisión Europea, el Gobierno retiró esa reforma y optó por otra, la que impedía al CGPJ hacer nombramientos, que finalmente se le ha vuelto en contra y ahora también rectifica. En el origen de todos estos movimientos de marcha hacia adelante y hacia atrás está la decisión del PP de no renovar el Poder Judicial durante tres años y medio. De nuevo, como sucedió con la última renovación parcial del Tribunal Constitucional, cuando el PSOE y Unidas Podemos aceptaron votar a un magistrado tan polémico como Enrique Arnaldo, La Moncloa da un nuevo paso sin tener garantizado que el PP renovará el Consejo General del Poder Judicial, aunque la nueva dirección del principal partido de la oposición ha dicho que sí tiene intenciones de hacerlo esta vez.

Los votos del PP, necesarios

Si finalmente no tiene el apoyo de Unidas Podemos o de otros aliados de la mayoría, esa contrarreforma solo podría salir adelante con los votos del PP. La iniciativa supone una solución parlamentaria cargada de riesgos que deja al PSOE en una situación muy apurada, aunque le permitiría renovar el Tribunal Constitucional para que durante los próximos años haya una mayoría absoluta de magistrados progresistas, que deberán tratar asuntos tan delicados como la ley del aborto. El PP, en cualquier caso, debería apoyar una norma que va en la línea con lo que ha reclamado en las últimas semanas. Los populares exigían retirar esta ley antes de empezar a renovar el Poder Judicial. Un acuerdo entre el PSOE y el PP para renovar los cuatro miembros del Constitucional podría abrir la puerta a una futura renovación del Poder Judicial. Sin embargo, La Moncloa ha decidido este cambio sin avisar al PP, según fuentes de este partido. La formación conservadora está molesta por no haber recibido comunicación alguna del Gobierno tras la jornada electoral en Andalucía el pasado domingo. El principal partido de la oposición asegura, además, que el Ejecutivo no ha contactado para negociar pactos judiciales ni económicos, pero tampoco para hablar sobre la próxima cumbre de la OTAN.

La renovación de los órganos constitucionales se ha convertido en una larguísima partida de ajedrez entre los dos grandes partidos, PSOE y PP, en la que los populares han mantenido bloqueado el Consejo General del Poder Judicial casi una legislatura entera. El 12 de junio expiró el mandato de cuatro de los 12 integrantes del tribunal de garantías, cuya renovación corresponde al Ejecutivo (dos) y al órgano de gobierno de los jueces (otros dos). Tal y como publicó EL PAÍS, el Constitucional se preparaba para bloquear la intención del Gobierno de nombrar a dos de los magistrados del organismo, sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial pueda escoger a los dos que le corresponde designar en la próxima renovación del máximo intérprete de la Carta Magna. Finalmente, el Ejecutivo ha optado por otra vía.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus negociadores directos en este asunto —en este momento, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia— lo intentaron todo con Pablo Casado. El pacto llegó a estar prácticamente cerrado dos veces, y en el último momento el líder del PP se echó atrás por presiones en el mundo conservador. Las negociaciones volvieron tras el nombramiento de Alberto Núñez Feijóo como presidente popular, pero de momento no han avanzado, casi tres meses después de su reunión con Sánchez en La Moncloa. La decisión del Gobierno se esperaba para después de las andaluzas del domingo, como así ha ocurrido.

El Constitucional aprovechó la visita de la comisaria europea de Valores y Transparencia, Vera Jourová, el pasado día 16 de junio, para pronunciarse sobre la necesidad de que en breve se alcance un acuerdo entre el Gobierno y el PP para su renovación. Mediante el presidente del tribunal, Pedro González-Trevijano, y con el vicepresidente, Juan Antonio Xiol, el tribunal de garantías subrayaba que ambos han coincidido con la comisaria europea en que en el proceso de cambio de cuatro magistrados debe cumplirse la Constitución “de manera íntegra”, expresión que alude a que la previsión legal es que el Constitucional se renueve cada tres años por tercios.