El gran sumario por corrupción policial y empresarial de Mallorca, en riesgo de ser anulado

El mayor caso de corrupción destapado en Mallorca en los últimos años, que reveló una trama de connivencia entre el dueño de las mayores discotecas de la isla, Bartolomé Cursach, y la Policía Local de Palma corre el riesgo de quedar en nada después de nueve años de investigaciones. El juicio contra Cursach y otras 22 personas, entre ellos 14 policías, dos funcionarios y excalto cargo, ha quedado suspendido esta semana en la Audiencia Provincial de Palma, después de que las tres juezas que integran el tribunal decidiesen retirarse a deliberar si anulan todo el procedimiento. Las defensas esgrimen para pedir la anulación las supuestas irregularidades cometidas durante la instrucción del caso por el juez y el fiscal que las dirigieron.

Por el momento, el tribunal, que aborda la presunta connivencia del magnate del ocio nocturno Bartolomé Cursach con agentes de la Policía Local de Palma para beneficiar sus negocios, ha rechazado la comparecencia como testigos del juez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán, al considerar que “no serviría de nada” y que podría perjudicarles en el proceso que se sigue contra ellos en el Tribunal Superior de Justicia por supuestamente haber coaccionado a testigos y prevaricado en sus indagaciones sobre el caso. La Fiscalía se opuso a esa medida, planteada por las acusaciones particulares. En la última sesión del juicio, el pasado miércoles, el tribunal sí aceptó incluir el vídeo de una declaración del director general del grupo Cursach durante la instrucción, que la defensa presenta como prueba de que se vulneraron sus derechos.

La Fiscalía Anticorrupción reconoce que se conculcaron derechos de los investigados durante la instrucción, pero defiende que eso no es suficiente para anular toda la causa. “Si se vulnera la presunción de inocencia ello puede traer consecuencias. Puede tener repercusiones, pero no necesariamente la nulidad de las actuaciones”, afirmó el fiscal Juan Carrau, al exponer su posición en las cuestiones previas a la apertura del juicio. “El ministerio fiscal puede estar bajo sospecha, pero ello no quiere decir que todas sus actuaciones jurisdiccionales estén bajo sospecha”, aseveró, por su parte, el fiscal Tomás Herranz, designado por la Fiscalía General del Estado para participar en el proceso tras ser apartado su antecesor.

Las defensas argumentan que toda la instrucción está contaminada por la falta de un juez imparcial. El abogado de Cursach, Enrique Molina, criticó además lo que considera falta de concreción en las acusaciones de la Fiscalía contra su cliente, que se enfrenta a una petición de un año y medio de cárcel por pertenencia a organización criminal y prevaricación. El abogado aseguró que ninguno de los escritos de acusación, ni de la Fiscalía ni de las acusaciones particulares, atribuyen un comportamiento concreto al empresario.

El resto de las defensas han seguido una línea similar y se han empleado en sembrar dudas sobre las acusaciones particulares, que representan a empresarios perjudicados por la trama de corrupción. El abogado Gaspar Oliver, que representa a dos policías investigados, pidió la expulsión de las acusaciones particulares al considerar que están actuando de forma “instrumental” para defender los intereses de los antiguos investigadores. Tras insinuar Oliver una falta de imparcialidad, la presidenta del tribunal, Samantha Romero, lo amonestó: “Estamos entrando en una dinámica que no es tolerable, al más mínimo comportamiento extraño, presión o cualquier cosa que observemos en nuestra vida habitual, será denunciado”, aseveró Romero.

El juicio por el caso Cursach comenzó el pasado día 13 tras nueve años de indagaciones, tres jueces instructores, varias piezas separadas y decenas de investigados. En el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Palma se sientan 23 personas, entre ellas Cursach. Junto a él, están procesados el número dos de su conglomerado empresarial, Bartolomé Sbert, y otros tres trabajadores; 14 agentes y mandos de la Policía Local de Palma; tres funcionarios y un excargo público. Los enjuiciados están acusados de un abanico de delitos que va desde la pertenencia a organización criminal a la prevaricación, pasando por amenazas o revelación de secretos.

El caso Cursach ha tenido una trayectoria rocambolesca. Arrancó en 2009 de una juez instructora y un año después pasó a manos del juez Penalva y el fiscal Subirán, los dos acusados de haberse saltado la ley durante las investigaciones. Además de estos dos, otro magistrado que heredó la instrucción, Manuel Florit, también acabó apartado tras el escándalo suscitado por su decisión de requisar los teléfonos móviles y los ordenadores de dos periodistas que llevaban tiempo cubriendo el caso. Cursach fue detenido en su día y pasó 13 meses en prisión.