Defensa se abre a revisar los sueldos de los 120.000 militares españoles

El aumento del presupuesto de Defensa con el objetivo de llegar al 2% del PIB en 2029 no solo se dedicará a la compra de nuevos sistemas de armas, sino también a una mejora de las retribuciones de los militares. Así se deduce del borrador del informe de la Comisión Técnica sobre Retribuciones del Personal de las Fuerzas Armadas, que ha estudiado el asunto durante un año y medio. El documento, de más de 150 páginas, al que ha tenido acceso EL PAÍS, admite la necesidad de acometer una revisión generalizada de las retribuciones de los 120.000 militares en activo y, en particular, un “escrutinio pormenorizado” de sus puestos de trabajo, para adecuar las características retributivas de los mismos a sus “particulares condiciones de responsabilidad, preparación técnica, peligrosidad y penosidad”.

La insuficiencia de las retribuciones de los 120.000 miembros de las Fuerzas Armadas ya fue reconocida por la Comisión de Defensa del Congreso en 2018, y su desfase respecto a otros cuerpos uniformados, como la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, se ha agudizado en los últimos años, ya que los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado se han beneficiado de un fuerte incremento para homologarse a las policías autonómicas.

En el borrador de conclusiones de la comisión técnica constituida en enero de 2021 (que debe ser aprobado en las próximas semanas por el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, órgano asesor del Ministerio de Defensa) se plantea por vez primera “la posibilidad de establecer una parte estructural del complemento de dedicación especial que reconociera a todo el personal perceptor su permanente disponibilidad para el servicio”. Es decir, se trataría de retribuir económicamente la disponibilidad de los militares que ocupan un destino (más del 90% del total) para ser movilizados en cualquier momento (las 24 horas del día, los 365 días del año) con motivo de una tormenta, una pandemia o un conflicto bélico, más allá de la jornada de 40 horas semanales fijada por la normativa vigente. Al mismo tiempo, propone “clarificar los criterios de asignación para potenciar la máxima objetividad en el reparto de este complemento”, cuya distribución responde a la “discrecionalidad” del mando, según los responsables de Defensa, o a su “arbitrariedad”, según las asociaciones profesionales.

En la misma línea, el informe aboga por regular las indemnizaciones a las que tienen derecho los militares por participar en navegaciones, maniobras y ejercicios. Aunque no fija ningún criterio, el borrador advierte de que su cuantía debe estar a mitad de camino entre la dieta de manutención que perciben en territorio nacional y el importe mínimo de la indemnización en misiones internacionales.

Las asociaciones profesionales han participado en los trabajos de la comisión, en la que se han sentado también los representantes de los ejércitos, pero la mayor parte de sus propuestas no han sido aceptadas, ya que los responsables del Ministerio de Defensa, que tienen mayoría en su seno, solo han admitido aquellas que “no presentan problemas desde el punto de vista técnico”. El resultado ha sido “decepcionante” para las asociaciones, que se quejan de que el informe no incluya cuantías concretas de los necesarios aumentos salariales, ni siquiera orientativas.

Para Asfaspro (Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas), “sorprende la ausencia en las conclusiones [del informe] del principal problema: lo mal pagado que está el personal militar y la necesidad ineludible de aumento que tienen las retribuciones militares”. La ATME (Asociación de Tropa y Marinería Española) se ha mostrado “completamente defraudada” con las conclusiones de la comisión técnica, que no abordan los “salarios de vergüenza” del personal militar y excluyen a los soldados (con un salario neto de 1.076 euros mensuales) del futuro incremento del complemento de empleo previsto para sargentos y tenientes. También la Unión de Militares de Tropa (UMT) ha expresado su “desilusión” por un informe que solo recoge “recomendaciones”, no directrices, y que relega a soldados y marineros frente a suboficiales. Por su parte, la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) ha pedido a la ministra Margarita Robles que se siente con las asociaciones para abordar el aumento de las retribuciones ante la desaparición del principal obstáculo esgrimido hasta ahora para no subirlas: la escasez del presupuesto.

Cientos de militares se manifestaron por el centro de Madrid el 25 de junio por la “dignificación” de sus salarios, por segunda vez en ocho meses, convocados por las asociaciones profesionales. Pero la movilización no hizo mella en Robles, quien declaró al diario La Razón que “la inmensa mayoría de los 120.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas no va a manifestaciones”.