Todos los grupos andaluces negocian ampliar el número de sillones en la RTVA y el Consejo Audiovisual

La certidumbre total sobre la investidura de Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta de Andalucía en primera votación el próximo jueves está dando pie a cambiar la prioridad de los partidos que mantienen negociaciones cruzadas para repartirse los puestos en los órganos institucionales que dependen del Parlamento. Moreno saldrá elegido con mayoría absoluta el día 21, para lo que se basta con los 58 diputados del grupo popular, y el 23 tomará posesión en un acto que se celebrará en el exterior del palacio de San Telmo. Su intención es dar a conocer la composición del Gobierno autónomo el lunes 25. Nada tienen que decir ni decidir los grupos en esos dos procesos, pero sí en la elección de los integrantes del Consejo de Administración de la RTVA y del Consejo Audiovisual porque requieren una mayoría reforzada.

Ambos órganos disponen de un plazo máximo de un año para renovarse, toda vez que todos sus miembros acabaron su mandato el mismo día de la disolución del Parlamento andaluz y la convocatoria de las elecciones del 19 de junio. Pero hay formaciones que tienen mucha prisa para que los resultados electorales se trasladen ya en esas instituciones. Según los grupos, el voto de las urnas arrojaría el siguiente reparto: cinco consejeros del PP, tres del PSOE y uno de Vox. Por Andalucía, la coalición integrada por seis partidos (entre ellos IU, Podemos y Más País) perdería su representación.

Por Andalucía ha propuesto ampliar el número de miembros a 11. De ese modo, el PP mantendría su mayoría absoluta, el PSOE sus tres miembros (en este partido el verbo ceder no se usa en estos momentos); Vox, uno; y la coalición otro. Según la portavoz de la confluencia de izquierdas, Inma Nieto, se trata de “garantizar el pluralismo político como ha ocurrido en las 11 legislaturas anteriores”. El puesto para la RTVA sería a propuesta de IU, según el acuerdo político alcanzado por IU y Podemos antes de las elecciones, sin el visto bueno de Más País. El sillón en el Consejo Audiovisual lo designaría Podemos, según ese documento interno que solo compromete a dos de los seis miembros de la coalición.

El partido que en principio pondría más reticencias a esta ampliación, que requiere forzosamente la modificación de las leyes de la RTVA y del Consejo Audiovisual, es Vox. Su portavoz, Macarena Olona, ha recordado este lunes: “Como máxima, en todo lo que tenga que ver con un aumento del gasto público político estamos en contra”. Pero Olona ha dejado abierta la puerta a un acuerdo para la ampliación en el caso de que haya “una justificación objetiva”.

La elección de los miembros de los consejos de RTVA y del Audiovisual requiere una mayoría reforzada de tres quintos, es decir, de 66 diputados. El PP lo puede lograr bien sumando sus 58 escaños con los 14 de Vox o con los 30 del PSOE. La ultraderecha por ahora solo está negociando con los populares, que también mantienen abiertos los canales con los socialistas y con la confluencia de izquierdas. En la pasada legislatura, Vox propuso el cierre de Canal Sur y para la aprobación de los presupuestos autonómicos de 2021 exigió y obtuvo una rebaja en un 10% de las subvenciones públicas a ese ente público. También defendió el cambio de nombre, una propuesta que se postergó a lo que decidiera una comisión de estudio de la que no se sabe nada.

El portavoz del PP, Toni Martín, ha dicho “no estar cerrado a nada”, al tiempo que ha mostrado la voluntad de su grupo de no usar la mayoría absoluta que le han dado los ciudadanos y actuar “desde el diálogo” y “sin aplastar” al adversario como, en su opinión, hicieron los socialistas en circunstancias similares. Juan Espadas, que no se descarta como senador por la comunidad, ha afirmado que el grupo socialista no “bloqueará” la ampliación de sillones, siempre que “no merme lo que le corresponde legalmente al PSOE”.

Los socialistas son de los que tienen más prisa en cerrar estas cuestiones de reparto de asientos, porque sus actuales representantes en los citados consejos respondían a una mayoría del partido que ya no existe, la que pilotaba Susana Díaz. La situación económica del PSOE ha ido a menos desde que perdió la Junta de Andalucía tras las elecciones autonómicas de 2018, no solo porque reciben menos subvención pública, sino porque ya no disponen del ingreso extra que suponían las aportaciones de los altos cargos socialistas en la Junta. Además de estas cuestiones de encaje del personal, el PSOE quiere empezar a hablar de la gestión del Gobierno en septiembre, con el inicio del curso político, y no de colocaciones.

El cambio de las dos leyes para ampliar el número de miembros se puede hacer con diferente ritmo: si hay unanimidad de todos los grupos se puede aprobar por lectura única, con lo que la elección de nuevos consejeros sería muy rápida. De no haberla, la tramitación sería ordinaria (al menos seis meses) o por la vía de urgencia, lo que acorta los plazos a la mitad.

Estas conversaciones a varias bandas también afectan a la elección del director general de RTVA que requiere igualmente de tres quintos de los votos del Parlamento. Juan de Dios Mellado, como el Consejo de Administración de la empresa pública, tiene que ser renovado o confirmado en el plazo máximo de un año. En su primera elección sacó 91 votos a favor (PP, PSOE, Ciudadanos y Vox) y 17 votos en blanco (Adelante Andalucía). Solo en el supuesto de que se produzca un “caso de vacante o cese, dimisión o cualquier circunstancia” del director general, la sustitución debe hacerse en “el plazo máximo de un mes, tiempo durante el cual ejercerá las funciones de la dirección general el directivo de mayor nivel del organigrama en vigor”, dice a ley.