Un grupo de vocales conservadores se consolida como oposición al Gobierno dentro del Poder Judicial

El rechazo de siete vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a dar el visto bueno a la designación de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado confirma la existencia de un sector dentro del órgano de gobierno de los jueces que ejerce como oposición al Gobierno de coalición casi con la misma intensidad con la que lo hacen en el Parlamento los partidos de la derecha. Se trata de un grupo de vocales que conforman el ala más conservadora del Consejo y que, a lo largo de todo el mandato, pero, sobre todo, en los dos últimos años, han promovido iniciativas y movimientos internos para plasmar su rechazo a la actuación del Ejecutivo a través de acuerdos llevados al pleno, votos particulares o informes al margen de los que la ley les encomienda. Todos ellos forman parte del grupo de 11 vocales que en 2013 fueron propuestos por el PP para formar parte del CGPJ, aunque no todos los consejeros conservadores integran este bloque.

Miembros del órgano consultados coinciden en que hay entre cuatro y seis consejeros fijos en esta postura, que impulsan, o al menos suscriben, todas las resoluciones críticas con el Gobierno adoptadas en los últimos años. En este grupo se encuentran José Antonio Ballestero, Nuria Abad, Carmen Llombart, José María Macías y Gerardo Martínez Tristán; algunos consejeros suman también a este grupo a Wenceslao Olea, Juan Manuel Fernández y Juan Martínez Moya, aunque estos se han desmarcado en alguna ocasión del resto de sus compañeros o han mantenido un perfil más moderado y, sobre todo, más leal al presidente del Consejo, Carlos Lesmes. El papel de Lesmes, coinciden las fuentes, ha sido ambiguo con el nacimiento de esta corriente de oposición interna al Ejecutivo: aunque en las reuniones y los plenos trata de promover el consenso y subraya la importancia de preservar la neutralidad del Consejo como poder del Estado, no solo se ha sumado en ocasiones a algunas de las iniciativas más críticas con el Gobierno, sino que, según admiten sus impulsores oficiales, las ha auspiciado.

El último ejemplo fue el pasado 11 de julio, cuando el presidente propició con su voto que el órgano aprobase la respuesta del sector más conservador a la reforma legal exprés propuesta por el PSOE para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional. El voto de Lesmes fue el único que se sumó al de los nueve vocales que habían presentado un escrito contra el cambio legal y forzado la convocatoria de un pleno extraordinario para debatir la postura del CGPJ sobre la reforma legal. Consejeros impulsores de este texto aseguran que consultaron al presidente antes de presentarlo y que este les dio el visto bueno, aunque, finalmente, para dar su apoyo, Lesmes exigió matizar aspectos del escrito inicialmente registrado y dejar fuera una de las dos propuestas que contenía el original (la que pretendía poner en conocimiento de la UE las quejas del Consejo por la reforma legal).

El presidente respaldó también un texto similar presentado por los mismos vocales contra la reforma legal que, en marzo de 2021, prohibió al Consejo hacer nombramientos discrecionales cuando, como ahora, estuviera en funciones (el actual mandato caducó en diciembre de 2018). La relación del órgano de gobierno de los jueces con el Gobierno ha sido tensa desde que el PSOE llegó a La Moncloa, y se crispó aún más cuando Unidas Podemos entró a formar parte del Ejecutivo, en enero de 2020. Las críticas públicas de algunos de los líderes de este partido, con el entonces vicepresidente segundo a la cabeza, Pablo Iglesias, a sentencias o decisiones judiciales soliviantaron a los vocales del Consejo, que llegaron a emitir comunicados públicos de reproche. Pero el enfrentamiento se hizo más visible a partir de ese primer cambio legal promovido por el Ejecutivo para limitar las competencias del Consejo en funciones como forma de presión al PP para que se sentara a negociar la renovación del órgano. Desde entonces, se han multiplicado los conflictos con el Gobierno y el sector más conservador y crítico ha pisado el acelerador y busca, o al menos no esquiva, el choque con el Gobierno.

La mayoría de las veces este grupo consigue imponer su postura como la mayoritaria del Consejo. Otras, pierde, como ha ocurrido este jueves con el trámite para designar al fiscal general. Aunque por el camino, advierte un vocal progresista, ponen en duda la imparcialidad del próximo responsable del ministerio público. “Es un fiscal experimentadísimo y válido, ese se ha comentado en el pleno y hasta ellos estaban de acuerdo”, advierte este consejero. “Pero su pecado es haber sido jefe de la Secretaría Técnica de Delgado y haber participado como experto en un foro del PSOE de Galicia. Y con eso ya no vale para ser fiscal general. No es serio ese planteamiento”, lamenta.

La Unión Progresista de Fiscales (UPF), de la que García Ortiz fue presidente, ha reprochado en un comunicado a los siete vocales discrepantes que induzcan a error a la opinión pública “al realizar una valoración de datos y hechos falsos que, lejos de haber sido objeto de expediente alguno al que hayan podido tener acceso, han sido obtenidos y dados por válidos mediante informaciones periodísticas sesgadas y no contrastadas”. La UPF muestra también su “preocupación” por que el voto particular de estos vocales se posicione sobre hechos judicializados, “invadiendo competencias y socavando la independencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de la Sala Tercera del Tribunal Supremo”, en referencia a los procedimientos abiertos por el caso Stampa y por el nombramiento del fiscal coordinador de Menores.

La fractura en la votación del Consejo sobre García Ortiz convierte en norma lo que hasta ahora era excepción: que un amplio sector del CGPJ cuestionase el nombre del futuro fiscal general. Le ocurrió a Delgado, que fue ministra de Justicia hasta unas semanas antes de ser propuesta para dirigir la Fiscalía. Antes que con ella, solo se había producido una división similar con la elección de otro exministro, Javier Moscoso, en 1986 (13 votos a favor, seis en contra y uno en blanco). El actual órgano de gobierno de los jueces había elegido antes que a Delgado a otros cuatro fiscales generales, tres propuestos por el Gobierno de Rajoy (Consuelo Madrigal, en 2014; José Manuel Maza, en 2016; y Julián Sánchez Melgar, en 2017) y uno por el primer Ejecutivo de Sánchez (María José Segarra, en 2018). Madrigal y Segarra obtuvieron el apoyo unánime del órgano de gobierno de los jueces; Maza y Sánchez Melgar, el de todos menos el de la vocal propuesta por IU (Concepción Sáez). En diciembre de 2018, el CGPJ entró en funciones, el PP se entregó a una especie de huida hacia adelante para negarse a negociar la renovación del órgano (el actual mantiene una mayoría de vocales conservadores que los populares perderían si se renueva) y el sector más conservador del Consejo inició su ofensiva.