Dos años de sospechas y varios rapapolvos judiciales al juez García-Castellón

El juez Manuel García-Castellón y el entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias, se vieron las caras por primera vez el 27 de marzo de 2019. El político acudió aquel día a la Audiencia Nacional para declarar como perjudicado en la pieza que el magistrado había abierto, dentro del macrosumario en el que se investigan las actividades presuntamente delictivas del comisario José Manuel Villarejo, por el hallazgo en poder de este del contenido del móvil que Dina Bousselham, exasesora de Iglesias, había denunciado que le habían robado. Eran los primeros pasos del que pasó a llamarse caso Dina. El exlíder de Podemos mostró entonces su convencimiento de que la publicación de aquella información en un diario digital buscaba impedir que prosperaran las negociaciones que entonces mantenía su formación con el PSOE. El magistrado se mostró de acuerdo con estas explicaciones.

Sin embargo, esa situación cambió radicalmente en mayo de 2020, cuando García-Castellón retiró a Iglesias la condición de víctima después de que su asesora, que también estaba personada como perjudicada, cayera en contradicciones en una nueva declaración. En su resolución, el magistrado apuntó entonces la posibilidad de que la publicación de los documentos del móvil de Bousselham no partiera de la red de corrupción policial de Villarejo, sino que pudo surgir en el seno de Podemos como una forma de hacerse pasar por víctimas de la llamada policía patriótica. El político recurrió aquella decisión y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se la devolvió en septiembre de aquel año, en lo que fue el primer rapapolvo a las decisiones del juez sobre Podemos. El tribunal de apelación consideró que no había pruebas que sustentasen las “alternativas” esgrimidas por García-Castellón para explicar su decisión, que tildaba de “meras hipótesis”.

Para entonces, el magistrado ya había centrado las pesquisas en averiguar qué había pasado con la copia de la tarjeta telefónica incorporada a la causa que había estado en poder de Iglesias y que se encontraba dañada. García-Castellón consideró entonces a Iglesias sospechoso de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos con “agravante de género”, daños informáticos, denuncia falsa y simulación de delito, y en octubre, sin el apoyo de la Fiscalía, elevó al Tribunal Supremo una exposición razonada donde solicita que este investigase al entonces vicepresidente segundo del gobierno ―y, por tanto, aforado―, así como a la responsable de la estrategia jurídica de la formación, Gloria Elizo; a los abogados del partido Raúl Carballedo y Marta Flor; y a Ricardo Sa Ferreira, antigua pareja de Bousselham.

La respuesta del alto tribunal llegó en enero de 2021 en un auto que concluía que no había indicios sólidos para sostener ninguna acusación contra iglesias. La resolución del Supremo era una enmienda total a la instrucción del magistrado de la Audiencia Nacional, a quien le devolvía la causa, le instaba a agotar su investigación y, solo entonces, decidir si procedía remitir al alto tribunal otra exposición razonada contra Iglesias. García-Castellón siguió sus pesquisas sobre el exlíder de Podemos en el caso Dina, que solo abandonó cuando, el pasado enero, recibió un informe pericial de la policía en el que le informaba que era imposible entrar en el dispositivo de memoria para recabar nuevos datos. Días después, daba por concluida la instrucción de la pieza y dejaba como únicos imputados a dos periodistas y Villarejo. Ni rastro de los cinco dirigentes de Podemos a los que acusó ante el Supremo.

Cuatro meses antes de aquella decisión, García-Castellón ya había iniciado otra investigación contra dirigentes del partido. En esta ocasión, con la reactivación de una causa abierta cinco años antes por la denuncia de un partido llamado Unión Cívica Española-Partido por la Paz, Reconciliación y Progreso de España, en la que se acusaba al partido, su cúpula e Iglesias de delitos de financiación ilegal, fiscales y blanqueo de capitales. Aquella causa fue archivada entonces por el magistrado Alejandro Abascal al considerar que la denuncia no era más que “un conjunto desordenado de reproducciones de noticias publicadas en la prensa”. Abascal, con el respaldo de la Fiscalía, concluyó que la misma se sustentaba en un supuesto documento policial bautizado como Informe PISA (acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima). Su elaboración se atribuye a la policía patriótica, el grupo de agentes que funcionó en el Ministerio del Interior durante la etapa de Jorge Fernández Díaz para desacreditar a rivales políticos.

García-Castellón reabrió la causa, que mantuvo secreta, tras llamar a declarar como testigo a Hugo Armando Carvajal, El Pollo Carvajal, quien fuera jefe de la contrainteligencia venezolana hasta 2014. Este militar acusaba al partido de izquierdas de recibir dinero de los Gobiernos chavistas y afirmaba tener documentos que así lo corroboraban. El Pollo Carvajal había sido detenido semanas antes tras permanecer en paradero desconocido desde noviembre de 2019 e intentaba convertirse en testigo protegido para evitar que se materializase su entrega a Estados Unidos aprobada por la Audiencia Nacional. El exmilitar señaló, entre otros, a Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos; a la exdiputada Carolina Bescansa, y a los sociólogos Jorge Lago y Ariel Jerez.

La Fiscalía recurrió en dos ocasiones ante la Sala de lo Penal las decisiones del juez en esta causa. Con el primero recurso logró que se paralizaban varias diligencias encargadas por García-Castellón a la Policía, entre ellas unas pesquisas sobre movimientos de dinero de cuentas bancarias de personas que no tenían la condición de investigadas. Con el segundo, consiguió que la Audiencia Nacional ordenase el archivo de la causa en un auto en el que tildaba la investigación de “prospectiva” (pesquisas generales en las se busca algo delictivo sin concretar, lo que está prohibido por ley). Ahora, con el nuevo auto en el que ordena investigar por blanqueo a Monedero, García-Castellón intenta por tercera vez investigar a Podemos a riesgo de llevarse un nuevo rapapolvo judicial.