Lesmes ultima su salida del Poder Judicial tras casi cuatro años de bloqueo del PP a la renovación

El presidente de la Sala I (Civil) del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, sustituirá a Carlos Lesmes al frente de la presidencia del alto tribunal y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si este finalmente opta por dimitir, como él mismo anunció que haría si no se renueva a corto plazo el órgano de gobierno de los jueces por el bloqueo del PP. El propio Lesmes ha encargado un informe al gabinete técnico del Consejo sobre quién debería relevarlo y el texto concluye que debe ser Marín Castán, que actualmente es vicepresidente del Supremo porque quien antes ocupaba este cargo, Ángel de Juanes, se jubiló hace tres años y, al estar el CGPJ en funciones, no ha podido ser sustituido.

El informe encargado por Lesmes deja claro que el presidente del Consejo está preparando formalmente su renuncia para las próximas semanas, una posibilidad de la que dudaron tras su anuncio vocales del grupo conservador, al que pertenece. Antes de materializar la dimisión, sin embargo, Lesmes quiere dejar resuelta la sustitución de los dos vocales del Tribunal Constitucional que corresponde nombrar al CGPJ, y que por ley deberían haber sido elegidos antes del 13 de septiembre. El bloqueo impuesto por una parte del sector conservador del Consejo ha impedido esa renovación hasta el momento.

Lesmes ostenta la presidencia tanto del Supremo como del Consejo y existían dudas en ambos órganos sobre si una sola persona debería asumir ambos cargos en el caso de que el presidente renunciara o si debían desdoblarse, de forma que la jefatura del alto tribunal la asumiera su vicepresidente, Marín Castán, y la del CGPJ, el vocal de mayor edad, actualmente el progresista Rafael Mozo. Finalmente, se optó por preguntar al gabinete técnico, que ha concluido que la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial conciben ambas presidencias como “una titularidad conjunta e indisociable”, lo que excluye la posibilidad de separarlas. Descartada la opción de nombrar dos sustitutos, la presidencia de ambos órganos debe recaer, según los técnicos, en el vicepresidente del Supremo.

El informe, cuyas conclusiones ha avanzado este viernes el propio Consejo, es una muestra en sí mismo de la situación diabólica que viven el CGPJ y el Supremo debido al bloqueo de la renovación del órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato está prorrogado desde diciembre de 2018. Una reforma legal de 2013 estableció la figura de vicepresidente del Supremo, que no existía, y Ángel Juanes, hasta entonces presidente de la Audiencia Nacional, estrenó el cargo para ser el número dos de Lesmes. Juanes se jubiló en 2019, pero no pudo ser sustituido porque la ley prohíbe al Consejo en funciones nombrar a un nuevo presidente o vicepresidente; por ello, los técnicos establecieron que el cargo fuera asumido por el presidente de sala del Supremo de mayor edad, en este caso, el jefe de la Sala Civil.

Marín Castán no es vocal del CGPJ, pero el informe encargado por Lesmes establece que debe asumir también la presidencia de este órgano y hacerlo “de forma automática”, sin necesidad de acuerdo por parte del Consejo. Esta conclusión permite sortear el veto a hacer nombramientos discrecionales que tiene el actual Consejo desde que una reforma legal impulsada por el Gobierno en 2021 prohibió este tipo de designaciones mientras el CGPJ tuviera el mandato caducado, como ocurre ahora. Lesmes, según ha anunciado este viernes el CGPJ, dará cuenta del texto a los miembros de la Sala de Gobierno del alto tribunal en la sesión que este órgano celebrará el próximo lunes, y a los vocales del CGPJ durante el pleno ordinario señalado para el jueves 29.

El presidente de la Sala Civil es uno de los magistrados conservadores del Supremo que han admitido su interés por dar el salto al Constitucional, pero el bloque conservador del Consejo, que asegura no tener candidatos porque ningún magistrado se les ha ofrecido, no estima que sea un aspirante adecuado. Marín Castán es considerado un conservador moderado, miembro de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, y entre los vocales propuestos por el PP predomina un perfil mucho más duro y afín a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

Lesmes no ha puesto fecha a su posible renuncia, pero su entorno considera que, si no ve opciones reales de una renovación inmediata del Consejo, dimitirá en octubre. Antes, quiere dejar cerrado el nombramiento de dos magistrados del Constitucional, un proceso que tenía que haber concluido antes del 13 de septiembre, pero que se está alargando debido a las trabas impuestas por un sector mayoritario del bloque conservador del órgano de gobierno de los jueces. Tras un encuentro celebrado el miércoles para intentar avanzar en la designación, los vocales propuestos por el PP anunciaron que mantendrían una reunión interna el día 28 y que descartaban reunirse de nuevo con los progresistas antes de esa fecha, lo que impedía cualquier posibilidad previa de acuerdo. Un día más tarde, el 29 de septiembre, hay convocado un pleno ordinario del CGPJ, y Lesmes, según fuentes cercanas, no descarta poner sobre la mesa una propuesta de candidato conservador a magistrado del Constitucional para intentar sacarla adelante junto a un candidato progresista con el apoyo de los ocho miembros de este bloque, y, al menos, tres vocales de su grupo a los que cree poder convencer.

Lesmes ha planteado su dimisión como una medida de presión a los partidos para intentar forzar la renovación del órgano, aunque su renuncia es la única que no merma el número total de vocales del pleno porque, con el órgano en funciones, es el único que es sustituido. De los 20 vocales del pleno el órgano cuenta ahora solo con 18 debido a la jubilación, en marzo pasado, de Rafael Fernández Valverde, y al fallecimiento, en julio, de Victoria Cinto. La renuncia anunciada del presidente no parece, según las fuentes consultadas, que vaya a traducirse en una dimisión colectiva o en cadena de vocales. El propio Lesmes se opuso a esta posibilidad en su discurso de apertura del año judicial, en el que afirmó que una renuncia colectiva sería “irresponsable e inaceptable” porque implicaría la paralización total del Consejo. Los vocales tanto del sector progresista como del conservador comparten, hasta el momento, esta tesis, por lo que ninguno de elos ha dado el paso de dimitir.