El Gobierno modifica los estatutos de RTVE para ampliar los poderes de Elena Sánchez

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una modificación de los Estatutos Sociales de Radiotelevisión Española (RTVE) para dotar a la nueva presidenta interina del consejo de administración, Elena Sánchez, de más poderes para desempeñar su cargo. El consejo de RTVE eligió la semana pasada a la periodista, pero sus funciones como interina eran muy limitadas. Para otorgarle los poderes propios de la presidencia de la entidad, y tener la posibilidad de desempeñar competencias relacionadas con la dirección ejecutiva, el Consejo de Ministros ha acordado en su reunión la modificación estatutaria.

El cambio en el artículo 34 especifica que en los casos de vacancia o ausencia, el presidente de la corporación será sustituido por el consejero que asuma de forma interina la presidencia del consejo. “La finalidad de la modificación es eminentemente aclaratoria”, expone el texto del Gobierno. En realidad, implica otorgarle a la presidenta interina del consejo unas funciones de las que hasta ahora, según los Estatutos que rigen el funcionamiento de la empresa, carecía. El Gobierno ha autorizado la modificación de este reglamento tras una petición de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), accionista de la corporación de radio y televisión, que acordó la medida en una reunión celebrada el lunes, un día antes del Consejo de Ministros.

Elena Sánchez tendrá así en su mano los mismos poderes ejecutivos de su predecesor, José Manuel Pérez Tornero, que la semana pasada presentó la renuncia a su cargo. La diferencia entre ambos casos es que Pérez Tornero fue elegido, específicamente, presidente de la corporación en el Congreso de los Diputados y Sánchez fue votada exclusivamente como miembro del consejo de administración (ambos a propuesta del PSOE). Con el cambio aprobado por el Consejo de Ministros, Sánchez podrá realizar nombramientos y ceses y también firmar contratos de elevada cuantía. “Como presidenta del consejo tenía muy pocas competencias. Modificar los estatutos es lo más operativo”, explican fuentes de la compañía. El Gobierno también ha justificado su decisión para “garantizar el normal funcionamiento de RTVE” mientras las Cortes no designen a otro presidente y la actual continúe de forma interina, apuntaron fuentes del Ejecutivo.

Es también la vía más rápida para que Sánchez tenga capacidad ejecutiva. Hasta ahora no se había recurrido a un mecanismo de este calibre en aquellas ocasiones en las que se produjo una vacante en la presidencia de RTVE. Elena Sánchez accedió a la cúpula del consejo de administración con el apoyo dos consejeros del PSOE, dos de Unidas Podemos y uno del PNV. Autorizar la modificación de los Estatutos es la vía rápida para que Sánchez pueda gestionar el grupo sin grandes ataduras. La vía lenta, a la cual no ha querido recurrir el Gobierno, pasa por la elección del décimo consejero de RTVE en el Congreso de los Diputados.

Además de asumir las funciones propias de la presidencia de la corporación, Elena Sánchez percibirá una retribución ajustada al régimen de los máximos responsables y directivos del sector público. Los miembros del consejo de administración tienen asignadas dietas de 700 euros por asistencia a las reuniones, que suelen celebrarse una vez al mes. Sánchez no recibía una remuneración especial como presidenta del consejo, una situación que ahora, con nuevas atribuciones, cambiará. A tenor de los datos publicados en el portal de Transparencia, el sueldo de Pérez Tornero ascendía a 216.000 euros anuales.

“Auténtico escándalo”

El PP apresuró a calificar de “auténtico escándalo” la decisión del Gobierno, incluso antes de que esta se hubiese anunciado oficialmente. Aún no se habían comunicado los acuerdos del Consejo de Ministros, cuando la portavoz popular, Cuca Gamarra, en unas declaraciones en el Congreso, ya advertía contra una maniobra que los populares inscriben en su tesis de que el Gobierno de Sánchez ha “ocupado” instituciones como el CIS, el Instituto Nacional de Estadística o la Fiscalía General del Estado, a las que ahora se añadiría, según ellos, RTVE.

Más tarde, ya en el Hemiciclo, el PP profundizó en sus acusaciones durante el debate de una propuesta de Ciudadanos para cambiar el método de elección de los consejeros de la corporación pública y permitir el control parlamentario de la agencia Efe, que, a diferencia de RTVE, no está ahora obligada a someterse a esa fiscalización. “Están dando plenos poderes a una persona que no va a pasar por este Parlamento”, denunció el diputado popular Eduardo Carazo, quien sostuvo que de ese modo la TVE pasará a estar bajo “el control absoluto de otro Sánchez, el que está en La Moncloa”.

Las acusaciones de uso partidista de los medios públicos fueron rebotando de un lado a otro del hemiciclo durante el debate. A las del PP replicó el PSOE con el ejemplo de televisiones autonómicas donde gobierna ese partido. La socialista Tamara Raya recordó que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha reformado la ley para disponer de manos libres sobre Telemadrid y que en Galicia los trabajadores de RTVG llevan cuatro años organizando “viernes negros” para denunciar manipulación informativo.

Joan Mena, de Unidas Podemos, cargó contra Pérez Tornero, al que acusó de favorecer al PP, mientras Guillermo Díaz, de Ciudadanos, repartía estopa a partes iguales entre los dos grandes partidos. Díaz denunció que ambas fuerzas no solo han negociado el reparto de cargos, sino también los nombres de los participantes en las tertulias, y consideró la salida de Pérez Tornero como “la enésima puñalada de la clase política” contra el ente público. La propuesta de Ciudadanos es que un comité de expertos realice un concurso para examinar a los candidatos a consejeros de RTVE y que las Cortes decidan luego a partir de los que fuesen considerados aptos. La idea no fue mal acogida por algunas formaciones habitualmente muy distanciadas de Cs, como EH Bildu o Más País, pero ni PSOE ni PP le dieron su apoyo.

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