Primer día del juicio del Alvia: un centenar de abogados llamados por número, varios testigos ya fallecidos y un vídeo muy polémico

Con mascarilla y gafas empañadas por la espesa niebla que envolvía a primera hora la colina de la Cidade da Cultura en Santiago, pero dando la cara ante las víctimas y la prensa, ha llegado este miércoles al juicio Francisco Garzón Amo, el conductor del tren Alvia que se estrelló el 24 de julio de 2013 en la curva de Angrois. Era el primer día de la vista oral que dirimirá las responsabilidades de aquel accidente, ...

Con mascarilla y gafas empañadas por la espesa niebla que envolvía a primera hora la colina de la Cidade da Cultura en Santiago, pero dando la cara ante las víctimas y la prensa, ha llegado este miércoles al juicio Francisco Garzón Amo, el conductor del tren Alvia que se estrelló el 24 de julio de 2013 en la curva de Angrois. Era el primer día de la vista oral que dirimirá las responsabilidades de aquel accidente, en el que murieron 80 personas y otras 145 resultaron heridas. En la entrada, por enésima vez en estos más de nueve años de espera, Garzón pidió perdón. Mientras tanto, y casi a la vez, al exdirector de Seguridad de la empresa pública Adif, Andrés Cortabitarte, se le permitía acceder por una puerta trasera al edificio CINC, donde se celebrará este proceso (con sus acciones penal y civil) desde este miércoles y hasta junio de 2023. Las víctimas, agrupadas en su inmensa mayoría en torno a una única plataforma, veían en esta escena —encarar de frente la culpa o dar la espalda— un calco de lo que lleva pasando desde aquella tarde trágica de 2013 en la que descarriló el tren Alvia 730 a la entrada de Santiago: el mayor desastre ferroviario de los últimos 80 años en España.

Sobre Garzón y Cortabitarte pesan ahora 80 delitos de homicidio y 145 de lesiones por imprudencia grave profesional, además de la acusación de daños materiales por valor de 1.370.000 euros. A la salida de la vista, Cortabitarte optó por la puerta principal y fue abucheado por varios manifestantes y golpeado en la espalda por uno de ellos, familiar de una víctima. “Estamos en contra de toda forma de violencia, pero hay que entender el dolor de un padre que ha perdido a su hija y se ha sentido desamparado”, explicaba más tarde un portavoz de las familias.

A la puerta del edificio que acoge el mayor macrojuicio que se celebra en Galicia tras el del desastre del Prestige, el presidente de la asociación de víctimas del Alvia, Jesús Domínguez (rescatado en 2013, junto con su esposa, de debajo de un vagón), criticaba la actitud inicial del único cargo público que llega al banquillo en esta causa, a pesar de las responsabilidades políticas reclamadas por los colectivos: “Es muy simbólico. Refleja lo que hemos sufrido en estos nueve años. Cortabitarte ha hecho lo que han hecho Adif y el ministerio: ocultarse y ocultar la verdad”, decía.

Miembros de la asociación sostenían en las manos dos televisores en los que proyectaban el documental Frankestein 04155, de Aitor Rei, sobre el accidente, sus causas y la lucha de las víctimas. Entre las dos pantallas, un enorme cartel denunciaba la “censura” que ha sufrido esta cinta en la televisión nacional y autonómica. El recinto donde se darán cita los próximos meses los 110 letrados de las 154 acusaciones, la Abogacía del Estado y la Fiscalía —que representa a 53 perjudicados sin abogado— se encuentra en la cima del monte Gaiás de Santiago. Justo a sus pies se otea el barrio de Angrois, donde descarriló el tren, y en otra dirección, el pabellón multiusos de Sar, reconvertido en descomunal morgue durante los días de identificación de los cuerpos.

La magistrada encargada de dictar sentencia es Elena Fernández Currás, titular del juzgado de lo penal número 2 de la capital gallega. Dentro de la sala, y con tantas partes personadas como son (la jueza se dirige a los abogados por números, como en la cola de un supermercado), la primera sesión de este juicio tan complejo no ha dado más que para cuestiones previas como la de la admisión, o no, de informes técnicos y declaraciones de peritos y forenses. También para la notificación del fallecimiento (en esta larga espera de la hora de la justicia) de varias víctimas y testigos que estaban convocados.

La gran mayoría de los abogados de las familias de fallecidos y heridos se declararon contrarios a la admisión de sendos informes médicos presentados por las aseguradoras de Adif y Renfe. Pero el fracaso más notable fue el de la Abogacía del Estado e Ignacio Sánchez, el letrado que representa a Cortabitarte, que reclamaron que quedasen apartadas del juicio las cuestiones relacionadas con las medidas de seguridad de la curva del descarrilamiento y centrarse solo en la evaluación de riesgos de toda la línea. Sánchez blandió el argumento de que ese asunto ya fue descartado en su día por la Audiencia de A Coruña, en los primeros momentos de la instrucción, cuando el primer juez, Luis Aláez, investigó a directivos de Adif. La Audiencia acabó efectivamente desimputándolos en 2014 (también a Cortabitarte, que más tarde sería de nuevo imputado) al entender que la ausencia del sistema europeo de control de tráfico ERTMS o de señales de velocidad en la vía no eran relevantes. Para el abogado de Cortabitarte, el único excargo de Adif acusado ahora, a ese “debate” no hay que volver porque ya está zanjado. Pero la jueza no estuvo de acuerdo: en su opinión, “todo está interconectado”, y las medidas de seguridad (además del “despiste” del conductor) son también la esencia de este caso.

Una prueba de última hora

El asunto que dominó la mañana fue, sin embargo, otro: la discusión sobre si se admitía o no un polémico vídeo presentado a última hora (el pasado septiembre) por la Abogacía del Estado (que defiende a Adif, pero acusa a Cortabitarte) y que ha sido impugnado por casi todas las partes. La jueza mostró sus reservas, aunque dijo que era una prueba de parte “legítima”. Al final, el vídeo, que los abogados de las víctimas califican de “montaje” y que pone toda la carga de la culpa sobre el maquinista, ha sido admitido para reproducirse en el juicio. La magistrada ha advertido, no obstante, de que “llegado el momento se determinará su valor probatorio”. El abogado del conductor del tren aprovechó su turno para criticar la presentación de esta grabación “manipulada” en la que se recrea el momento del accidente, pero usando otro modelo de tren, un S-120.

Las declaraciones de los acusados tendrán lugar entre este jueves y el viernes: mañana el maquinista y al día siguiente el mando técnico de Adif. Cortabitarte se negó a hacer declaraciones a la prensa. “En 10 años [no] he hablado y no voy a hablar nunca”, dijo. Un buen número de letrados pidieron, sin éxito, que el juicio no fuera retransmitido. A petición del abogado de Garzón, la jueza eximió al final de la mañana a los acusados de asistir a las sesiones una vez hayan declarado.

La Fiscalía —que en este juicio tiene en contra al abogado del Estado Javier Suárez, en representación de Adif— pide cuatro años de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación profesional para Garzón (que está prejubilado) y Cortabitarte. Ninguno de ellos estuvo en prisión preventiva por estos hechos. La reclamación total por daños y perjuicios en materia de responsabilidad civil suma más de 57.686.000 euros, una indemnización de la que se responsabiliza a la aseguradora de Renfe (QBE); a la de Adif (Allianz Global Corporate & Speciality); a Renfe Operadora; a Adif; al propio conductor del tren; y a Cortabitarte.

En su relato de los hechos, el ministerio público describe cómo Garzón conducía, en los últimos minutos antes del accidente, dando señales de desatención. Cuando el Alvia se aproximaba a la fatídica curva de A Grandeira, en el barrio compostelano de Angrois (a la entrada de Santiago), el maquinista atendió en el teléfono corporativo una llamada del interventor que duró 100 segundos.

“El acusado inició el sistema de frenado de servicio a las 20:40:58 y el de servicio rápido o de emergencia a las 20:40:59, cuando se encontraba muy próximo al punto kilométrico 84,230 que da inicio a la curva, logrando reducir la velocidad a 179,38 kilómetros por hora [en una zona con límite de 80]”, señala la Fiscalía. Esta reducción de velocidad era “físicamente insuficiente” para evitar que el tren iniciara su salida de la vía por el sentido propio de la circulación”, un descarrilamiento que se produjo “a las 20:41:06” horas hasta detenerse el convoy volcado 10 segundos después. “El trágico accidente no hubiese sucedido si Adif, y más concretamente la Dirección de la Seguridad en la Circulación y el acusado Andrés Cortabitarte, como máximo responsable de la misma, hubiesen evaluado y gestionado el riesgo de exceso de velocidad en el tramo del accidente”, concluye el fiscal jefe de Santiago, Mario Piñeiro.