Las víctimas del Alvia vuelven a Bruselas en busca de respuestas

En vísperas del noveno aniversario del accidente ferroviario que el 24 de julio de 2013 conmocionó a España, las víctimas del Alvia han regresado este miércoles a Bruselas en busca de ayuda para esclarecer la tragedia y evitar que se repita. En la que ha sido su cuarta reunión con autoridades de la Comisión Europea, la Plataforma Víctimas Alvia 04155 se ha entrevistado durante dos horas con el director general de Transporte, Kristian Schmidt, para recabar su apoyo en la lucha por que el Gobierno repita la única investigación técnica que el Ministerio de Fomento ha realizado sobre el siniestro y que fue invalidada por la Agencia Ferroviaria Europea hace seis años. Schmidt se ha comprometido a que la comisaria del ramo envíe una carta al Ejecutivo de Pedro Sánchez reclamándole que atienda la demanda de los afectados por una tragedia que segó la vida de 80 personas y dejó heridas a 140. “En Europa nos reciben como verdaderos ciudadanos y nos escuchan; son los únicos que reclaman que se realice la investigación independiente. Los diferentes gobiernos [españoles] siguen ignorando nuestra petición”, se ha quejado tras el encuentro Jesús Domínguez, portavoz de la asociación.

Fue la intervención de la Comisión Europea en 2016 la que desmontó la versión oficial del Gobierno de Mariano Rajoy que señalaba al maquinista como único responsable de que el Alvia descarrilase en la pronunciada curva de A Grandeira, justo antes de entrar en la estación de Santiago procedente de Madrid. La Agencia Ferroviaria Europea echó por tierra la investigación técnica encargada por el Ministerio de Fomento que culpaba exclusivamente al fallo humano del conductor Francisco José Garzón. El organismo comunitario invalidó el informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) porque carecía de independencia y esquivaba las posibles responsabilidades de la Administración. Diez meses después, fue imputado el exjefe de Seguridad de la empresa pública Adif Andrés Cortabitarte, que próximamente se sentará en el banquillo.

Supervivientes y familiares de los 80 fallecidos en el siniestro luchan sin éxito desde entonces por que aquellas fallidas pesquisas que impulsó el Ministerio de Fomento se repitan. La falta de independencia de las investigaciones de los accidentes ferroviarios es precisamente uno de los puntos incluidos en el procedimiento de infracción que Bruselas le abrió a España en enero de 2019 y que sigue abierto. Ana Miranda, eurodiputada de la formación nacionalista, ha acompañado este miércoles a las víctimas del Alvia en la reunión. “Si hay cambios en la legislación ferroviaria europea después del accidente del Alvia son debidos a la asociación de víctimas, que lleva nueve años luchando sin parar y con mucho dolor y trabajo”, ha reivindicado Miranda.

El procedimiento de infracción a España, según informó el director general de Movilidad de la UE, está pendiente de que el Gobierno acredite las medidas que ha tomado para cumplir la normativa comunitaria sobre seguridad ferroviaria. Posteriormente, la Agencia Ferroviaria Europea realizará una auditoría para comprobar que se ejecutan. “Tienen que ir a chequearlo porque no se fían. Ya otras veces desde España se ha engañado”, ha señalado Domínguez. Miranda ha criticado que “se haya retrasado escandalosamente” un proceso que considera fundamental para mejorar el control de riesgos en la circulación de trenes en España y evitar así “que se vuelvan a producir accidentes como el del Alvia”.

La batalla por que se repita la investigación técnica que el Gobierno de Rajoy cerró en falso no se libra solo en los despachos de las administraciones. Las víctimas han emprendido también una lucha judicial. Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid les ha dado la razón en parte y ha ordenado a la CIAF que, al menos, se reúna para analizar y responder a la petición de los afectados. El fallo ha sido recurrido por la Plataforma Víctimas Alvia 04155 porque no está de acuerdo con que la justicia no obligue también a renovar la composición de la entidad que investiga los siniestros ferroviarios en España y garantice su independencia.

Domínguez defiende que “se tiene que analizar bien lo que ocurrió para poder tomar medidas y que no vuelva a suceder”. “No queremos que quede en la historia un documento oficial del Gobierno diciendo que la culpa fue del maquinista, el último eslabón de una cadena de negligencia y errores”, esgrime. Para conseguirlo, las víctimas del Alvia están dispuestas a llegar al Tribunal Constitucional y, si hace falta, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El juicio en el que se depurarán las responsabilidades penales arrancará el próximo 5 de octubre de 2022 y está previsto que dure unos nueve meses. Participarán más de 700 testigos y peritos.