El ex ‘número dos’ del PP de Madrid señala a Esperanza Aguirre en la causa de la presunta caja b: “No soy el artista principal de esta copla”

Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid, exsenador y presunto cabecilla de la trama Púnica de corrupción, sostiene que es un “contrasentido” y una “contradicción” que él vaya a sentarse en el banquillo de los acusados mientras la que fuera líder de la formación y presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha sido exonerada. En el recurso que ha presentado en la Audiencia Nacional contra su reciente procesamiento por la caja b del PP madrileño, Granados subraya que Aguirre tenía mayores responsabilidades que él en el control de las cuentas bancarias y, por tanto, de la financiación del partido. El ex secretario general de los populares madrileños, que ya se encuentra condenado en firme en otra pieza del caso Púnica, cita en su escrito en una veintena de ocasiones a Aguirre y señala también al sucesor de esta al frente del Ejecutivo regional, Ignacio González, al que el juez ha exculpado igualmente. Ambas son, dice Granados, las personas que “podían haber gestionado o conocido por entrar dentro de sus facultades” lo que pasaba en las cuentas del partido. El exdirigente del PP madrileño carga contra la investigación de la Guardia Civil, a la que acusa de haber centrado sus pesquisas en convertirle en “artista principal de toda esta copla”.

Granados está acusado de delito electoral, cohecho y tráfico de influencias. Es el segundo exalto cargo de la Comunidad de Madrid procesado en el caso Púnica —tras la exjefa de Comunicación, Isabel Gallego— que señala a Aguirre y González como responsables últimos de las presuntas irregularidades.

En su escrito, de 115 páginas, Granados intenta desligarse de la financiación irregular del PP, que se ha investigado en una de las piezas separadas, la número nueve, del caso Púnica, y en la que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, lo procesó recientemente a él y a otras siete personas y dos empresas, aunque exoneró a otras 71 que estaban imputadas, entre ellas los expresidentes y líderes del PP madrileño Aguirre y González.

La investigación, que se inició tras el hallazgo de una agenda en poder de Granados con anotaciones que recogían supuestas entregas de dinero en efectivo por parte de empresarios para pagar mítines, se centró en tres campañas electorales: las autonómicas de 2007 y 2011, donde Aguirre arrasó con mayoría absoluta; y las generales de 2008, en las que Mariano Rajoy era candidato. Finalmente, el magistrado consideró, al igual que Anticorrupción, que las supuestas irregularidades de los comicios de 2007 y 2008 habían prescrito, y el procesamiento solo ha sido por los de 2011 ―en los que el PP supuestamente gastó cuatro millones de euros en negro, además de los 2,9 millones que reconoció al Tribunal de Cuentas― y por la adjudicación de contratos públicos para mejorar la reputación online de altos cargos del PP en redes sociales y en internet.

Granados se adjudica en la campaña de 2011 un papel muy secundario como director de la misma, y asegura que nunca recibió dinero en efectivo para sufragarla ni tuvo control alguno en la gestión de los fondos. De esto último responsabiliza “única y exclusivamente” al que fuera gerente de la formación, Beltrán Gutiérrez. El exdirigente popular sostiene que en la única campaña que ya se investiga el suyo fue un rol “testimonial, decorativo o meramente de pantalla, para evitar antes de las elecciones rumores, dimes y diretes o especulaciones políticas que pudieran utilizarse por el partido de la oposición”, ya que, insiste, para entonces ya había sido “defenestrado y decapitado” por parte de Aguirre de sus cargos dentro del partido. “Ya no era persona de confianza” asegura.

En este sentido, el escrito de la defensa del que fuera también alcalde de Valdemoro entre 1999 y 2003 incide en que, “en las 30 páginas que el auto dedica a analizar los gastos electorales con los distintos proveedores, no hay ni una sola mención a una participación de ningún tipo del señor Granados, ninguna relación con facturas, pagos, conciertos o reuniones”. “¿Por qué entonces nos empeñamos en situarlo en el íter incriminatorio del delito? Resulta evidente que de haber tenido participación hubiera salido su foto, su sello, su firma o identificación en todas esas descripciones que se contienen en el propio auto. Si no está por algo será”, concluye su defensa.

Granados esgrime que la función de “desacreditar, controlar y contradecir” al entonces gerente del partido por su gestión de los fondos era de “los órganos ordinarios del partido”, en referencia a la cúpula del PP madrileño que entonces encabezaba Aguirre y de la que se autoexcluye. “Nos parece un contrasentido mantener una tesis de acusación contra alguien que por organigrama carece de potestad”, señala. Y recuerda que en la campaña de 2011 sí tuvo responsabilidades el que entonces era su máximo rival político dentro del PP, Ignacio González, al que señala como la persona que “controlaba por su interés en dicha campaña [iba de número dos en las listas] todos los actos derivados de la misma en unión de la presidenta del partido, Esperanza Aguirre”.

Conversación entre Aguirre y González

El exdirigente del PP recoge en su escrito una conversación intervenida por la Guardia Civil en marzo de 2017 entre González y Aguirre e incorporada al sumario en la que, si bien ambos niegan que Fundescam, la fundación del partido en Madrid, hubiese participado en la financiación de las campañas, admiten que el PP pudo haber superado el límite de gasto electoral, pese a lo cual ninguno de los dos ha sido procesado. Granados se pregunta por qué si el juez no ha considerado este diálogo suficiente para mandar a ambos al banquillo sí ha decidido hacerlo con él. En todo caso, Granados cree que estos hechos estarían prescritos.

Un argumento similar esgrime para defenderse de la acusación de haber desviado fondos públicos para financiar los trabajos de reputación y posicionamiento en internet que dos empresas del experto informático Alejandro de Pedro, también imputado, realizaron para él y otros dirigentes del partido. Granados insiste en que la presidenta de Madrid y otros investigados que también se vieron beneficiados por estas actividades no han sido procesados al concluir el magistrado que no tuvieron conocimiento ni de la contratación de los trabajos ni del desarrollo de los mismos ni de cómo se abonaron. “El único de los sujetos de dichos informes acusado finalmente por esos trabajos ha sido mi representado por la existencia de un informe de 2010 que, al parecer, según el auto, no fue abonado”, destaca su abogado, que pide que, “por principio de igualdad”, se le exculpe de esta acusación como se ha hecho con Aguirre.

Granados, que recuerda que pasó casi tres años en prisión preventiva tras su detención en 2014, acusa al juez García-Castellón de aplicar criterios diferentes “a la hora de considerar los hechos respecto a uno y otro acusado”, y carga duramente contra la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la que acusa de “ansia” por incriminarle “por activa y por pasiva en todos los informes”. Tampoco se libra de sus críticas la Fiscalía Anticorrupción, a la que recrimina que en un primer momento le acusase “hasta la saciedad y sin prueba alguna” de un fraude de 700 millones de euros, “para que luego escasamente hace un año modificase esta cantidad a cinco millones de euros en el patrimonio del investigado”.

Entre las ocho personas finalmente procesadas, además de Granados y Gutiérrez, se encuentran Borja Sarasola, exconsejero con Ignacio González; el empresario Alejandro de Pedro y la periodista Isabel Gallego. Esta última, quien fuera directora general de medios de comunicación de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2015 (con Aguirre de presidenta hasta 2012 y luego con González), también ha recurrido su procesamiento con un escrito en la misma línea del ahora presentado por Granados. Gallego considera “injusto, parcial y discriminatorio” que el magistrado la envíe al banquillo tras hacer “pivotar” sobre ella la financiación irregular del PP cuando ni siquiera formó parte del partido y había “numerosos cargos orgánicos con responsabilidad y supervisión de su gestión y conocimiento cabal de su labor a los que se archiva el proceso con desiguales argumentos”, en referencia a los dos expresidentes madrileños.