Podemos enreda en el pacto para el Poder Judicial al exigir que incluya a la jueza Victoria Rosell contra la estrategia de Yolanda Díaz

Podemos lanza un nuevo órdago al PSOE por las negociaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y de paso, presiona a la vicepresidenta Yolanda Díaz y al portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, encargados de coordinar las conversaciones con los socialistas para renovar el órgano de gobierno de los jueces. En contra de la estrategia de la titular de Trabajo, que ha evitado estos días mencionar nombres en público, el partido que lidera Ione Belarra ha enredado este viernes en el pacto al advertir de que su formación “no va a estar en ningún acuerdo” que excluya a la jueza Victoria Rosell. Su inclusión en la lista de vocales del Poder Judicial, sin embargo, se saltaría la cláusula de despolitización del Consejo, es decir, la exigencia de que ninguno de los magistrados haya ocupado un cargo público en los últimos años, un requisito en el que parecen convenir los dos partidos y que Díaz respalda.

Según fuentes de Podemos, la organización ha trasladado al PSOE que la actual delegada del Gobierno para la violencia de género, cuyo nombre, junto al de José Ricardo de Prada —juez del caso Gürtel— ya estuvo encima de la mesa en anteriores negociaciones y fue bloqueado por el PP, “debe ser una de las elegidas” para formar parte del CGPJ “si quieren contar con ellos”. A Unidas Podemos le corresponde ahora la elección de dos vocales. Tras conocerse el último movimiento del partido, y en un discurso con alusiones directas al PP, Díaz ha respondido que las instituciones “son de la ciudadanía, no de los partidos” y ha hecho un llamamiento a que “se respeten”. “El acuerdo ha de ser justo”, ha añadido la vicepresidenta sin entrar a valorar nombres.

El aviso, de hecho, ha abierto un nuevo frente en la guerra interna de Unidas Podemos y ha sido interpretado dentro del espacio como una advertencia a la máxima responsable del grupo en el Gobierno, Yolanda Díaz, y a la persona encargada de negociar directamente con el PSOE, Enrique Santiago. Los desmarques de la formación con el trabajo de Díaz se han sucedido a lo largo de este año y tienen como telón de fondo la disputa por el control del proyecto político que prepara con la vista puesta en las elecciones generales de 2023. El diputado de IU, por su parte, perdió hace meses la confianza de Podemos, que decidió en verano sustituirlo al frente de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 después del proceso electoral andaluz, donde la cabeza de lista fue para la candidata de Izquierda Unida, Inmaculada Nieto.

En todo caso, hasta ahora las decisiones sobre la negociación sobre el CGPJ se estaban tomando de forma coordinada dentro del grupo y Díaz convocó a dos reuniones a los partidos del espacio para pactar la estrategia. La negativa de Podemos a una renovación sin Rosell plantea tres escenarios: que UP salga del pacto y sea un acuerdo bipartidista, que el CGPJ siga bloqueado o que se elimine la cláusula de despolitización, un asunto difícilmente justificable para el partido.

Podemos argumenta que Rosell es “probablemente la mejor jueza de España” y que su trabajo sería una “garantía democrática para el buen funcionamiento del Consejo”. Además, alude a su experiencia personal, después de que esta misma semana entrara en prisión el exmagistrado Salvador Alba, que conspiró contra ella para favorecer al exministro José Manuel Soria, del PP. El también exvicepresidente canario interpuso en 2016 una querella contra la entonces diputada de Podemos en el Tribunal Supremo por delitos de prevaricación, cohecho y retardo malicioso de un proceso penal. Tras la admisión a trámite de la demanda, Rosell tuvo que dejar, en abril de ese año, la Diputación Permanente del Congreso y renunció a presentarse de nuevo a las elecciones generales, que se celebraron el 26 de junio.

“Por su papel dignificando la Justicia frente al juez corrupto del PP Salvador Alba, y su trayectoria completa, Vicky Rosell es la mejor representación de lo que debería ser la justicia en nuestro país”, señalan ahora fuentes del partido, que insiste en que “no van a participar de ningún acuerdo” si finalmente supone un “reparto bipartidista, donde el PP y el PSOE deciden quien está y quién no está en el máximo órgano de la Justicia”.

Rosell era una de las candidatas a vocal del CGPJ que presentó la asociación Juezas y Jueces para la Democracia en 2018, cuando desde el Consejo se envió a las Cortes la lista de aspirantes por el turno judicial. La actual delegada del Gobierno contra la violencia de género, que entonces era juez en Las Palmas de Gran Canarias, estaba en ese listado y su nombre se daba por seguro como uno de los 12 que iban a ser elegidos en la renovación que situaba a Manuel Marchena como presidente del Poder Judicial. Pero ese acuerdo se frustró y, unos meses después, el 12 de marzo de 2019, la jueza informó al CGPJ de que renunciaba a ir en la lista, una decisión que también se comunicó al Congreso y el Senado, según fuentes del Consejo.

Rosell, por tanto, ya no es elegible por el turno de jueces porque su nombre no está, por decisión propia, en la lista de la que deben salir los futuros vocales. La única opción posible sería que fuera una de las ocho vocales pertenecientes al turno de juristas de reconocida competencia, ya que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que podrán ser elegidos por esta vía aquellos jueces “que no se encuentren en servicio activo en la carrera judicial y que cuenten con más de quince años de experiencia profesional”, informa Reyes Rincón. Para ello, Rosell tendría que renunciar al cargo en el Ministerio de Igualdad una vez resulte elegida.

Desde la dimisión de Carlos Lesmes al frente del Poder Judicial y el Supremo, Podemos lleva dos semanas lanzando advertencias sobre el posible acuerdo. Si en una primera rueda de prensa el portavoz Pablo Fernández reclamó que la formación tuviese un sitio en la mesa de negociación, unas declaraciones que el partido matizó después, este mismo lunes aseguró que “iban de la mano” con el socio de Gobierno, aunque alerto de que no aceptarían “vetos ni condiciones”.