La ley estrella de Igualdad desata un nuevo incendio en un ministerio siempre bajo la lupa

El Ministerio de Igualdad ha vuelto al ojo del huracán. En realidad siempre lo ha estado en los gobiernos en los que ha tenido una entidad propia. Ocurrió en la etapa de su primera ministra en exclusiva, la socialista Bibiana Aído, entre 2008 y 2010, y de nuevo desde 2020: asumir la gestión de esa área, que hasta entonces llevaba la vicepresidenta Carmen Calvo, fue una de las condiciones que Unidas Podemos puso para que la coalición con el PSOE en La Moncloa fuese posible. Uno de los dos ministerios estrella del socio minoritario —junto al de Trabajo— está lidiando con una crisis de descrédito tras la alarma social que ha provocado la rebaja de penas a algunos agresores sexuales motivada por la entrada en vigor de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual o ley del solo sí es sí. Y supone un nuevo contratiempo en la compleja relación que mantienen los dos partidos del Gobierno. Igualdad es uno de los grandes puntos de fricción.

El trato del PSOE con Igualdad a lo largo de la legislatura nunca ha dejado de ser tirante, aunque ha mejorado desde la remodelación del verano de 2021, en la que Calvo, referente de las feministas socialistas y que se resistió hasta el final a dejar en manos de Podemos esa bandera del PSOE, salió del Ejecutivo. “La relación política es la misma, aunque en lo personal haya habido cambios obvios”, observa un ministro. Lo que no ha gustado nada en La Moncloa —y qué decir en las baronías del PSOE— ha sido la acusación generalizada, lanzada por Irene Montero y jaleada por la plana mayor del ministerio y de Podemos, de que jueces y fiscales son “machistas” y no tienen la preparación adecuada para aplicar la ley del solo sí es sí. Yolanda Díaz también ha marcado distancias con esas acusaciones: “No vamos a la política para hacer ruido y jalear, vamos a la política para dar confianza a la gente, no nos distraigamos”, dijo este sábado. La sobreactuación de la ministra de Igualdad, además, no ha evitado las críticas desde el mismísimo movimiento feminista y ha sembrado la duda sobre los demás proyectos de su ministerio.

Victoria Rosell y Ángela Rodríguez, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género y secretaria de Estado de Igualdad, respectivamente, se amurallaron el viernes en el discurso que el ministerio mantiene desde el estallido de la crisis: la ley insignia del departamento, fruto de uno de los mayores momentos fuerza del movimiento feminista tras las decisiones judiciales iniciales sobre el caso de La Manada, “no tiene ningún problema” pese al caos jurídico que ha desatado. El goteo de recursos y las primeras excarcelaciones —por una garantía constitucional y penal para los reos en caso de que la nueva normativa les beneficie— amenaza con volverse en contra de las principales impulsoras de la ley. No solo ha puesto en cuestión su credibilidad como departamento, sino su capacidad técnica para armar y sacar legislación con solvencia. “Sería injusto decir que ha sido solo una cosa suya. En el Gobierno no se aprueban leyes así como así y recordemos que su tramitación en las Cortes duró meses”, admiten en el ala socialista del Consejo de Ministros, donde coinciden con Podemos en que hay que esperar a que el Tribunal Supremo fije doctrina jurídica sobre la revisión de penas. “Lo que hay que hacer ahora es pedir respetuosamente ayuda al Supremo”, coincide la misma Carmen Calvo, que desde hace un año preside la comisión de Igualdad del Congreso. Justo el lugar por donde tiene que pasar el resto de la acción legislativa de la que Montero es responsable.

La protesta unánime de la judicatura española, incluidas las asociaciones de jueces progresistas, después de que la ministra de Igualdad culpara del desaguisado a la “justicia machista”, han dado munición extra a una oposición que tiene como objetivo a su ministerio prácticamente desde que la dirigente de Podemos prometió el cargo ante Felipe VI. “En las reuniones hablamos de cómo sacar las tramitaciones y del desarrollo de las normas. Yo esto del machismo no lo he escuchado en ninguna reunión”, afirma un alto cuadro del Gobierno. Otras fuentes gubernamentales consultadas comparten que en la comisión de secretarios y subsecretarios de los jueves “jamás han visto nada que supere lo normal”. “Cuando hay diferencias se resuelven con buen tono”, concluyen. Pero la tendencia a responder a las críticas tachando a quien las emite de machista —o de feministas tradicionales, en el caso de la ley trans— no es nueva.

La falta de autocrítica ante lo que ha sucedido, a pesar de que Montero defendió incluso en el Congreso que no se vería ni una sola rebaja de penas cuando entrara en vigor la ley, ha terminado acentuando el foco sobre las próximas leyes del ministerio: la reforma de la ley del aborto, la ley trans y la de trata, a seis meses de las elecciones autonómicas y municipales y a un año de las generales. “Las suyas no son leyes fáciles”, reconocen fuentes socialistas del Ejecutivo, que recuerdan que en mayo retiraron en el último momento una enmienda sobre prostitución que ponía en riesgo la ley del solo sí es sí. Al final, se hizo una proposición de ley específica para la lucha contra el proxenetismo. “Aquí el problema era político, en el partido se quiso incorporar en la ley del solo sí es sí la incorporación de la tercería locativa —quienes ponen pisos o locales para que se ejerza la prostitución—, algo que rechazaban Unidas Podemos y otros grupos de la mayoría”, rememoran en La Moncloa. La ley de trata es inminente, aunque no irá al Consejo de Ministros de este martes, según las fuentes consultadas; estaba previsto que se aprobase el pasado martes, pero se cambió de planes por el positivo por covid de Pilar Llop, la ministra de Justicia.

La ley de trata está muy próxima. El Gobierno no espera sobresaltos en la reforma de la ley del aborto —la ponencia está casi a punto para ser debatida—, y en cuanto a la ley trans en el PSOE confían en llegar a un entendimiento. “Con lo que ha pasado esta semana, siempre habrá más autoridad para defender que hay que dar plena seguridad jurídica a las normas”, esgrime un ministro en referencia a las enmiendas socialistas a esa ley para que los menores de 16 años necesiten autorización judicial para cambiar de sexo en el registro. Su tramitación ya ha evidenciado un choque ideológico que ha agrietado la coalición y ha disparado la tensión entre sectores del feminismo socialista y Podemos. El viernes se cumplió el plazo que fijó Montero para la aprobación de la ponencia en comisión con el objetivo de que esta ley esté aprobada antes de que finalice el año “sin recortes en derechos respecto al texto ya pactado en el Gobierno”.

Tras su hiperbólica reacción inicial, en Igualdad han reconocido que no todos los jueces ni fiscales están atravesados por sesgos patriarcales —el 73% de los jueces que llevan casos de agresión sexual son mujeres, según datos del Observatorio contra la Violencia de Género—, y el argumento de “la justicia machista” se ha aparcado. Un viraje que deja entrever la inquietud en el Ministerio de Igualdad por la reacción de las víctimas. “Lo que más ha preocupado es el dolor que han podido sentir”, dicen fuentes de esa área. En cualquier caso, la erosión que les ha generado la ley más importante de la última década para la protección de las mujeres le va a poner más difícil todavía lo que resta de legislatura a un ministerio continuamente atacado y continuamente a la defensiva.

La exministra Aído, actual representante de ONU Mujeres en Ecuador, no olvida la “presión” para ofrecer resultados en los primeros 100 días, pese a disponer de unos recursos muy limitados. “Había una voluntad política decidida por parte del presidente, pero tuvimos que solventar muchas dificultades para poder comenzar a andar”, afirma. “La prensa de derechas atacaba sin piedad y la de izquierdas no mostraba ninguna indulgencia. Éramos objetivo solo por existir”. Década y media después, una sensación similar se aprecia en el Ministerio de Igualdad.