Sánchez apuesta por un mes de vértigo para aprobar leyes clave tras garantizar los Presupuestos

Toda la legislatura ha estado dominada por el vértigo. Y el final del tercer año, el último antes de la larga fase electoral que dominará 2023, no podía ser diferente. El Gobierno ha hecho una nueva exhibición de músculo parlamentario. 187 votos de 10 partidos diferentes apoyaron los Presupuestos, frente a 156 noes. Como se encargó de recordar un eufórico Pedro Sánchez al terminar la votación, esos escaños representan a 12 millones de españoles, muchísimos más que los 6,8 millones personas que votaron a su partido, el PSOE, en 2019. Sánchez agradeció ese respaldo a todos esos partidos, convirtiendo así en virtud lo que la oposición ve como su gran debilidad: sus alianzas con el PNV, con ERC, con Bildu, con PDeCAT, con Más País, Compromís, su necesidad de apoyarse en nacionalistas e independentistas.

“Esto es la victoria del entendimiento entre dispares, del diálogo, de la política útil, que en plena guerra y con esta incertidumbre prima el interés general para proteger a la mayoría social”, aseguró el presidente. El mensaje era muy claro: hay una coalición, la del PSOE y Unidas Podemos, que puede pactar con casi todo el arco parlamentario, 12 partidos, frente a una derecha, la del PP, Vox y Ciudadanos, que no puede acordar más que entre ellos. Es una idea clave para las próximas elecciones generales, en las que se discutirá entre los dos modelos, la España plural que ha mostrado que puede gobernar junta frente al bloque de derechas, que necesitará llegar a 176 escaños para tener garantías de poder gobernar.

En medio del ruido, con un Congreso incendiado por los ataques machistas de Vox y una oposición lanzada a denunciar que España se rompe, con una gran incertidumbre económica y con una guerra en Europa, el Gobierno exhibe así una estabilidad por la que nadie habría apostado cuando Sánchez logró la investidura en 2020 solo por dos votos.

Superado este gran reto de los Presupuestos —aún queda el Senado, pero esta era la votación clave—, el Gobierno se concentra ahora en apurar al máximo este mes de noviembre y sobre todo diciembre para rematar el año con todas las leyes pendientes aprobadas o encauzadas —sedición, vivienda, mordaza, trans, protección animal— y así arrancar 2023 limpio de polémicas para concentrarse en una larga campaña electoral en la que el Ejecutivo tendrá un gran protagonismo, porque se dedicará no solo a reivindicar su gestión de los últimos tres años, sino a aprobar semana tras semana los millonarios repartos que supone la ejecución de los fondos europeos, que va más lenta de lo que se esperaba, pero en La Moncloa confían en que se acelere ahora. En las últimas semanas, ya se han confirmado grandes inversiones de multinacionales como Volkswagen, Cisco o Maersk y esa debería ser la tónica en los próximos meses, o al menos eso esperan en La Moncloa. De hecho, Sánchez acaba de viajar a Corea del Sur para intentar promover una enorme inversión de Samsung en España, que no es segura, pero sí posible.

Los ministros y responsables del Ejecutivo consultados en los pasillos del Congreso en un día muy especial, en el que se aprobaban no solo los Presupuestos, sino los tres grandes impuestos que han marcado el giro a la izquierda del Gobierno desde julio —el de las energéticas, el de la banca y el de las grandes fortunas— estaban satisfechos y convencidos de que este mes de diciembre será frenético para intentar llegar a enero, mes inhábil parlamentariamente —aunque se podría habilitar algún pleno extraordinario— con el contador de leyes pendientes a cero o al menos muy bajo.

En febrero, ya con las elecciones autonómicas y municipales a la vista, será cada vez más difícil lograr acuerdos para grandes reformas, porque todos los partidos se la juegan en esos comicios, sobre todo las municipales, que se convocan en todo el país y funcionan casi como unas minigenerales, donde se reparte una enorme cantidad de poder y se marca el futuro de cada formación. La votación remata así una recuperación del Gobierno después de una semana muy difícil, la pasada, en la que la combinación de la salida a la calle de agresores sexuales con revisión de penas tras la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí y la polémica por la posible modificación del delito de malversación hicieron que el Ejecutivo estuviera contra las cuerdas unos días. De nuevo, la sobreactuación de la oposición, siempre forzando el tono, ha ayudado al Gobierno a salir del agujero en el que se había metido.

En los pasillos del Congreso había unanimidad incluso entre diputados del PP: la brutalidad de Vox y su violencia política machista contra Irene Montero, la ministra de Igualdad, ha tenido el efecto contrario al que buscaba: ha logrado un apoyo cerrado a la ministra en un momento de debilidad política, una mayor unidad de la mayoría de la investidura y ha puesto en dificultades al PP, que quería salir cuanto antes de esta agenda con la que se siente incómodo, como se vio en su rechazo a participar en una fotografía unitaria de las diputadas para protestar por el acoso machista de Vox a la ministra Montero.

El Ejecutivo, que ha pasado meses difíciles, sobre todo tras el fiasco de las elecciones andaluzas, y aún sigue claramente por debajo del bloque de derechas en las encuestas y tiene muchos desafíos internos de final incierto, en especial la durísima batalla dentro de Unidas Podemos, confía así en este final de año con Presupuestos y varias leyes para arrancar 2023 con una sensación completamente diferente e iniciar su recuperación para llegar con garantías a las elecciones municipales y autonómicas de junio, mientras la derecha vuelve al enredo entre Vox y el PP para ver quién marca la pauta de la oposición.