El pasado franquista pervive en Santa Cruz de Tenerife

El día amanece nublado en Santa Cruz de Tenerife (204.856 habitantes) y varias personas hacen deporte bajo los flamboyanes y jacarandas de la Rambla de Santa Cruz. Esta empinada arteria señorial muere a los pies de una de las estampas más llamativas de la ciudad: el Monumento al Caudillo, del escultor Juan de Ávalos (1911-2006), inaugurado en 1966 y que centra desde hace décadas un enconado debate sobre la retirada de los vestigios del franquismo en una capital en la que prevalece como en ninguna otra el recuerdo de la dictadura. “He aprendido a no verlo, pero me da vergüenza que siga ahí”, asevera Andrés Gómez, de 52 años. “Mire, forma parte de nuestra historia, y la historia hay que conservarla”, replica María Pilar Padrón, de 63, en el centro de la avenida, que hasta 2008 se denominó Rambla del General Franco.

A un kilómetro escaso se encuentra la Plaza de España, enclave de celebraciones masivas como los carnavales. En su corazón se erige desde 1947 el Monumento a los Caídos, una torre-mirador en forma de cruz encargada por el militar golpista Francisco García-Escámez, nombrado por Franco capitán general de las Islas Canarias en 1943 y que sigue dando nombre a uno de los barrios.

El Monumento a Franco, de bronce fundido, y el último de cuantos quedan en España dedicado al dictador, concentra el grueso de las reclamaciones. En julio, el equipo de gobierno del Ayuntamiento (CC, PP y la exconcejal de Ciudadanos Evelyn Alonso) rechazó una moción de Podemos para retirarlo de forma inmediata, como exigen las leyes estatales y autonómicas de memoria histórica y democrática. Los responsables municipales resisten demandas, presiones del Ejecutivo regional (PSOE, Podemos, Nueva Canarias y Agrupación Socialista Gomera), estudios o peticiones de las asociaciones de memoria histórica. La norma autonómica, de 2018, contemplaba la creación de un catálogo regional de este tipo de vestigios del franquismo. El Boletín Oficial de Canarias publicó el 17 de noviembre un primer listado, que solo incluía el trabajo de campo elaborado por el Ayuntamiento santacrucero. En él se recogen hasta 79 rastros —monumentos, nombres de calles, escudos, distinciones...— de aquellos 36 años de dictadura y que ni la ley de memoria histórica de 2007 ni la ley regional de 2018 han logrado derribar.

Lo incompleto de este primer catálogo constituye, precisamente, el principal argumento del alcalde, José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria), para resistirse a la retirada de los recuerdos de la dictadura. “Santa Cruz de Tenerife lleva años retirando simbología de origen franquista”, asegura por escrito el primer edil. “Lo que está reclamando esta capital es seguridad jurídica para aplicar la ley”, y explica que “PSOE y Podemos pretenden hacer ver que se trata de un catálogo de ámbito autonómico, pero que curiosamente solo hace referencia a vestigios de un municipio, Santa Cruz de Tenerife, precisamente el único que hizo sus deberes hace ya años”. Bermúdez puntualiza, además, que el propio Ejecutivo regional está saltándose su propia ley. “Todavía ha de aprobar una estrategia que, cito textualmente, ‘recogerá los objetivos, las prioridades y la financiación que deben regir las actuaciones relativas a la memoria histórica a realizar por la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias”.

La opinión del alcalde choca con la del viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural, Juan Márquez (Podemos). “La inseguridad jurídica se genera al no cumplir la ley”, explica en conversación telefónica. “Lo razonable, y así lo avalan los informes de los servicios jurídicos, es que se vaya completando a medida que lleguen las aportaciones de los demás municipios”, asevera. “Lo que no tiene sentido es esperar a que esté el catálogo de Valverde [El Hierro] o de Caleta de Sebo [La Graciosa]”, y minimiza la ausencia de una estrategia. “El catálogo tiene un articulado y otro título separado al de la estrategia, y no está condicionado a la misma”, explica. “Llama la atención el interés del Ayuntamiento por este punto recogido en la ley canaria y el poco interés por la retirada de los vestigios que exige tanto esa misma ley como la estatal”. Márquez se pregunta, por último, el motivo de esta resistencia. “Cuesta creer que en pleno 2022 sigamos discutiendo la reparación moral de las víctimas del franquismo. No sé si esta resistencia responde a cuestiones electorales o a otros motivos en los cuales prefiero no entrar...”.

La ‘Capital de la Cruzada’

Maisa Navarro, catedrática de Historia del Arte de la Universidad de la Laguna y responsable del estudio técnico del catálogo, ha dedicado muchas horas a analizar por qué el régimen franquista invirtió tantos recursos en erigir homenajes en la ciudad y por qué estos perviven. “Cuando comencé mi carrera, me sorprendía lo sucedido en la que, antes de 1936, era una de las ciudades más modernas de España, que fue capaz de cambiar su aspecto a través de la arquitectura racionalista o con la organización de la exposición de arte surrealista en 1935. ¿Qué pasó para que fuese aplastada toda esa vanguardia y la ciudad se convirtiese en un cuartel?”.

Navarro recuerda que tras la Guerra Civil, Santa Cruz llegó a pedir, a través del Cabildo insular, que fuese declarada Capital de la Cruzada. “La sociedad de la ciudad y de la isla estuvieron toda la posguerra pagando monumentos”, cuenta. La catedrática explica que la pervivencia de estos vestigios supone “un tema duro, difícil de aceptar”, y constata que “amplios sectores siguen resistiéndose a ver la realidad” de esos monumentos. “Cierta parte de la oligarquía actual se considera heredera de los méritos obtenidos por sus antepasados”.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife lleva gobernado casi de forma ininterrumpida desde 1983 por la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI), una formación creada aquel año por el entonces alcalde de UCD —y posterior presidente regional— Manuel Hermoso, y que en los noventa constituiría el germen de la actual Coalición Canaria. El PSOE interrumpió durante un año esta hegemonía tras las elecciones municipales de 2019. Un pacto entre CC, el PP y la exconcejal tránsfuga de Ciudadanos Evelyn Alonso desalojaría en 2020 de la alcaldía a la socialista Patricia Hernández.

Mientras la política decide el destino del monumento a Franco, la vida prosigue a su alrededor. “¿La estatua esta? Ni idea de lo que significa”, admite Matías, de 17 años, enfundado en su chándal del CD Tenerife. Para él es más importante el partido contra la UD Las Palmas jugado este sábado. “Es fea, pero me da igual”.