El presidente del Poder Judicial rechaza la maniobra del sector conservador para renovar el Constitucional antes de la reforma legal

El presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Mozo, ha rechazado este martes la petición formulada por un grupo de vocales conservadores para que convoque cuanto antes un pleno para elegir a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde designar al Consejo. Mozo ha dirigido un escrito a todos los miembros del órgano en el que argumenta que la solicitud no puede ser atendida porque incumple los requisitos que exige el reglamento del Consejo para convocar un pleno extraordinario a petición de los vocales. La decisión de Mozo frustra, por ahora, el plan de los consejeros conservadores, que pretenden forzar la celebración de un pleno para renovar el Constitucional antes de que entre en vigor la reforma legal impulsada por el Gobierno para facilitar estos nombramientos y que permitiría que tanto el candidato conservador como el progresista fueran elegidos sin necesidad de que el otro sector le vote.

El artículo 35 del reglamento del CGPJ obliga al presidente a convocar un pleno extraordinario cuando se lo soliciten por escrito cinco o más vocales. Amparándose en este precepto, nueve de los consejeros propuestos por el PP pidieron el viernes a Mozo que convocara una sesión para votar el nombramiento de los dos magistrados del Constitucional. Según ese artículo del reglamento, el presidente convocará al pleno “a los tres días siguientes a la presentación de la solicitud”, lo que, en principio, forzaba a Mozo a convocar la sesión antes de este miércoles. Ante las reticencias del presidente, los vocales conservadores amenazaron este martes con querellarse contra él si no fijaba ya la reunión, pero Mozo ha optado por mantener el pulso.

El presidente suplente alega razones formales que le impiden atender la petición de los conservadores. Según el escrito que ha enviado a los vocales, el mismo artículo del reglamento que impone la convocatoria del pleno cuando lo pidan cinco vocales exige “la aportación de todos los documentos, si los hubiere, relacionados con el orden del día del pleno”, algo que no se ha hecho en este caso. Además, la solicitud de los conservadores se aparta, según el presidente, de las reglas de procedimiento 3 y 5 aprobadas por el pleno del órgano el pasado 8 de septiembre. Estas normas, pactadas por ambos bloques al inicio de la negociación para renovar el Constitucional, establecen que la convocatoria del pleno tendrá lugar cuando lo acuerde el presidente por propia iniciativa o lo soliciten al menos cinco vocales, como ha ocurrido en este caso, pero añaden un requisito que han eludido los conservadores: “La solicitud de convocatoria del pleno incluirá los nombres de dos candidatos/as”. Igualmente, obligan a que las propuestas se acompañen del currículum de los aspirantes, una condición que también obvia la solicitud.

Esos dos requisitos formales que echa en falta Mozo dan de lleno en el talón de Aquiles de los conservadores, que a lo largo de la negociación se han negado a poner sobre la mesa el nombre de su candidato para renovar el tribunal de garantías. Las primeras semanas alegaron que no encontraban magistrados del Supremo afines interesados en dar el salto al Constitucional; finalmente, han admitido que cuentan con hasta seis aspirantes, pero en ninguna reunión con el otro grupo han formalizado una candidatura. Tras conocer la decisión de Mozo de rechazar su petición de convocatoria de pleno, fuentes conservadoras han señalado que se va a subsanar el problema que alega el presidente, lo que implica hacer públicos finalmente sus candidatos.

El rechazo de Mozo llega después de que esta misma mañana mantuviera conversaciones con consejeros del sector mayoritario, que insistieron en su exigencia de que convocara una reunión extraordinaria. Fuentes del órgano señalan que el presidente suplente aseguró que iba a hacerlo, pero que varios vocales tenían problemas de agenda y estaba tratando de encontrar una fecha en la que pudieran todos. Hasta ahora, los tres días de plazo que da el reglamento para “convocar” la reunión se habían interpretado como que el pleno se celebraría dentro de esos tres días, pero los vocales de ambos grupos entendían que, en última instancia, podía interpretarse como que el presidente, en esos tres días, hiciera la convocatoria, aunque la fecha fijada se quedara fuera de ese plazo, lo que había llevado a sondear las fechas del próximo viernes 16 o lunes 19.

La intención de los conservadores es adelantarse al 22 de diciembre, cuando estaba fijado el pleno ordinario del CGPJ en el que se iba a debatir el nombramiento de los magistrados del Constitucional. Pero esa fecha es posible que coincida con la aprobación en el Senado de la reforma legal que elimina la obligatoriedad de los tres quintos para que el CGPJ elija a los dos miembros del Constitucional y establece un nuevo sistema por el que se nombrará a los dos magistrados que saquen más votos. De esa manera, saldría elegido el candidato de los vocales conservadores y también el de los vocales progresistas. Y esto es lo que quieren evitar los consejeros propuestos por el PP, que pretenden frenar la elección del candidato progresista, el magistrado de la Sala Tercera del Supremo José Manuel Bandrés.