El nudo judicial que impide acabar con el ‘procés’

Esta frase del nuevo auto del juez instructor Pablo Llarena puede tener unas severas consecuencias penales y políticas que podrían alterar la estrategia del Gobierno en relación con el conflicto político catalán: “Acordar por esta resolución la busca y captura e ingreso en prisión, como presuntos autores de sendos delitos de desobediencia y malversación de caudales públicos del artículo 432 del Código Penal”. Al expresident Carles Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig no se les acusaría por el tipo de desórdenes públicos agravados, como era esperable tras la derogación de la sedición, sino que podrían ser encarcelados por malversación. La reacción del eurodiputado Puigdemont, voluntarista y noqueado, fue grabar un vídeo donde denunciaba tanto la justicia española como la estrategia política de desjudicialización impulsada por el Gobierno y Esquerra Republicana. El disgusto era evidente y es lógico. Si su apuesta por politizar el conflicto en las instancias europeas fracasa, la nueva acusación por malversación, tal y como ha sido redactado ahora el delito, podría acercar su extradición.

El giro que introduce el auto de Llarena puede interpretarse como la defensa numantina de la respuesta al procés que construyó la cúpula del poder judicial. Porque fue esa cúpula, tras quedar desarbolado el poder ejecutivo, la que lideró esa respuesta e implícitamente actuó como abanderada de la defensa de la nación amenazada.

La trama de relaciones que mantenían los arquitectos de la respuesta penal al procés nadie la ha contado mejor que la periodista Lola García en el capítulo de El muro protagonizado por Manuel Marchena. Allí se desvela, por ejemplo, que la influencia del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo fue determinante para que el Ministro de Justicia Rafael Catalá designase a su amigo José Manuel Maza como Fiscal General del Estado. Y Maza, pocos días antes de morir, fue quien presentó la querella por rebelión, sedición y malversación contra el Govern de la Generalitat y la Mesa del Parlament. No estará de más recordar cómo se tituló el archivo donde se escribió la nota de prensa para informar de la querella: Más dura será la caída. Ni estará de más recordar tampoco que el descarte del delito de rebelión fue el argumento jurídico usado por la Audiencia territorial de Schleswig-Holstein para negar la extradición de Puigdemont por ese delito cuando fue detenido en Alemania y que había solicitado Llarena. Un Llarena, por cierto, que recibió una denuncia por haber dado un presunto trato de favor a la hija de Marchena para que accediera a una plaza de juez.

El capítulo central de las trayectorias como juristas de Maza, Marchena y Llarena ha sido y seguramente será la construcción de la respuesta penal al procés, jaleada desde las instancias mediáticas que exigían la respuesta más severa contra los políticos catalanes. Era el tiempo de los elogios al “Llarena solitario”. Entre 2017 y 2019 esa élite judicial jugó un papel esencial en la crisis catalana: uno redactó la querella, el otro fue el juez instructor y el otro el sentenciador. Para ellos, su implicación en el caso ha tenido tanto consecuencias personales como profesionales.

No es extraño, por tanto, que pretendan blindar la respuesta que construyeron y que se materializó en la sentencia de octubre de 2019. Ya durante el juicio, explica García en El muro, la posición de Marchena empezó a virar cuando empezó a plantearse la posibilidad de acometer un cambio en el Código Penal que modificase el delito de sedición. “Después de la sentencia y de las reacciones que esta suscita, sus posiciones se van endureciendo”. Fue evidente ya en el informe del Tribunal Supremo sobre los indultos. Ante las medidas que el poder ejecutivo adoptaba para normalizar la situación política en Cataluña, Marchena hacía una interpretación a partir de la coyuntura política: el Gobierno se autoindultaba porque Esquerra lo sostenía en el Congreso.

Ahora, tras la entrada en vigor del nuevo Código Penal, el Gobierno aún ha arriesgado más en su apuesta desjudicializadora: la derogación de la sedición y el nuevo redactado del delito de malversación actúan, de facto, como un desmontaje de la sentencia del procés, ahora desde el poder legislativo. Para impedir que eso ocurra, para impedir que se deshaga el nudo judicial y con ello la culminación de su carrera, Llarena ha partido de los puntos ciegos de la sentencia y se ha aprovechado del redactado de la nueva ley sobre la malversación para redactar su auto. Podría invalidar así la estrategia del Gobierno y desmontar la vía de Esquerra al condicionar la situación procesal no solo de Puigdemont, sino también de decenas de cargos que esperan ser juzgados por su participación en el referéndum del 1 de octubre. Porque, en último término, esa sigue siendo la pregunta pendiente: ¿qué demonios fue el 1 de octubre? Nadie sabe responder con precisión. Por ahora, Llarena ha pasado de considerarlo rebelión a tener que conformarse solo con desobediencia.