Conde-Pumpido acude a La Moncloa para explicar a Sánchez su plan de agilización del Constitucional

El presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha acudido este lunes al palacio de La Moncloa para entrevistarse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un encuentro institucional y protocolario tras su toma de posesión al frente del tribunal el pasado día 12 de enero. Fuentes del órgano de garantías han indicado que la visita, habitual al inicio del mandato de un nuevo presidente, tiene también como objetivo que Conde-P...

El presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha acudido este lunes al palacio de La Moncloa para entrevistarse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un encuentro institucional y protocolario tras su toma de posesión al frente del tribunal el pasado día 12 de enero. Fuentes del órgano de garantías han indicado que la visita, habitual al inicio del mandato de un nuevo presidente, tiene también como objetivo que Conde-Pumpido exponga al líder del Ejecutivo sus proyectos para poner al día la labor del tribunal y resolver los recursos en un plazo más ágil, empezando por los asuntos más antiguos.

Entre estos recursos destaca el que presentó el PP en 2010 contra la vigente ley del aborto que estableció un sistema de plazos. En esta nueva etapa, la actual mayoría progresista ha colocado este asunto como prioridad absoluta en su agenda, y el debate sobre el proyecto de sentencia empezará en el primer pleno en el que se van a tratar borradores de resolución, el próximo 7 de febrero.

En paralelo, Conde-Pumpido ha encargado a un equipo técnico del Constitucional la elaboración de un plan de agilización del tribunal con una doble vertiente. Por un lado, para estudiar medidas que permitan desbloquear los alrededor de 5.000 recursos de amparo pendientes de admisión a trámite, y de elaborar propuestas para que no puedan producirse tapones de esta magnitud. Y por otro, para programar resoluciones sobre los recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia que también están pendientes y establecer criterios de prioridad, según la urgencia o relevancia de cada caso.

Esta misma semana hay otra sesión plenaria del Tribunal Constitucional, pero no se van a deliberar sentencias, sino cuestiones de trámite de diversos procedimientos. Entre las decisiones previstas figura estudiar si se acepta la personación de Òmnium Cultural en el proceso sobre la inconstitucionalidad de la normativa de la Generalitat para no aplicar el 25% de castellano en las escuelas catalanas. También se discutirá si procede pedir información complementaria al Congreso sobre la decisión que adoptó la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, de no permitir que el diputado Alberto Casero rectificara su voto de apoyo a la reforma laboral.

El plan inicial del Constitucional es que una vez solventadas las cuestiones de trámite de algunos procedimientos en curso, se entre ya en el primer pleno de febrero en el debate de sentencias importantes como la del aborto, que se encuentra pendiente de sentencia desde hace doce años y medio. El inicio de la deliberación no asegura que el mismo 7 de febrero vaya a tomarse una decisión. Los magistrados escucharán el proyecto de sentencia del ponente, el magistrado Enrique Arnaldo, del sector conservador, e intervendrán para exponer sus respectivas posiciones, pero el texto no tiene por qué votarse en una primera deliberación. En el siguiente pleno de febrero se iniciará el debate sobre la ley de Eutanasia, recurrida por el PP y Vox. Y en el primero del mes de marzo se discutirá sobre la reforma educativa de la ley Celáa, recurrida por los mismos partidos.

El pleno de este martes también decidirá si admite la abstención de los magistrados Juan Carlos Campo y Laura Díez con respecto a asuntos en los que intervinieron o de los que tuvieron conocimiento antes de acceder al tribunal. En el caso de Campo se trata de la ley integral de libertad sexual, la conocida como ley del solo sí es sí y del recurso del diputado Casero y la denegación de su solicitud para poder corregir su voto sobre la reforma laboral. Laura Díez, a su vez, se ha abstenido en relación con las normas de la Generalitat sobre el 25% de castellano en la escuela catalana.