Solo siete de los 169 presos de ETA cumplen condena en cárceles fuera del País Vasco y Navarra

El anuncio, este viernes, del próximo traslado de otros siete presos de ETA a centros penitenciarios del País Vasco provocará una situación inédita en décadas de lucha contra el terrorismo. Cuando se materialicen estos movimientos en las próximas semanas, habrá menos de 10 reclusos de la organización cumpliendo sus condenas en penales de fuera de Euskadi y Navarra. En concreto, siete de un total de 169, según datos facilitados a EL PAÍS por fuentes penitenciarias. Mientras, en las cárcel de Pamplona, dependiente del Ministerio del Interior, permanecerán nueve, y en las tres gestionadas por el Gobierno Vasco la cifra se elevará a 153, según datos actualizados del Ejecutivo de Iñigo Urkullu. Fuentes del Departamento de Justicia del Gobierno vasco detallan que no aceptan el traslado de todos los presos de ETA que lo piden y detallan que en ocho casos se ha rechazado solicitudes por falta de arraigo del recluso en Euskadi “y otras causas”.

Entre los últimos siete presos que seguirán fuera de Euskadi o Navarra están destacados miembros de la banda armada, como Asier Borrero Toribio, acusado de múltiples atentados; Irantzu Gallastegi Sodupe, alias Amaia, condenada por el asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco, entre otros; y Natividad Jauregi Espina, Pepona, entregada por Bélgica en 2020 tras casi cuatro décadas huida y acusada de participar en la muerte de un militar en 1981. Estas dos últimas tienen aún causas pendientes en la Audiencia Nacional. Los otros cuatro son Sebas Gurtubai Sánchez, Faustino Marcos Álvarez, Gregorio Escudero Balerdi y Garikoitz Etxeberria. Los siete se reparten por las cárceles madrileñas de Alcalá de Henares, Estremera, Dueñas (Palencia) y Daroca (Zaragoza), según datos de Etxerat, la asociación de familiares de presos de ETA.

Esta cifra supone que, cuatro años y medio después de que Pedro Sánchez anunciase en verano de 2018 el fin de la política de dispersión puesta en marcha en 1989 por el Gobierno de Felipe González, el 96% de los etarras encarcelados en España estarán recluidos en cárceles del País Vasco o Navarra, y solo el 4% restante fuera. En Francia aún quedan otros 13 presos, todos menos dos recluidos en la prisión de Lannemezan, la más cercana a España, según Etxerat. Las actuales cifras de presos es la más baja en más de cuatro décadas y está muy alejada de los 559 (más otros 114 en cárceles en el extranjero) que había cuando la organización anunció en octubre de 2011 “el cese definitivo de la violencia”; o de los 243 (más 53 en Francia y uno en Portugal) que permanecían encarcelados en abril de 2018, al anunciar la banda su disolución. Entonces, el número de ellos que estaban recluidos en cárceles del País Vasco o Navarra era testimonial.

No ha sido el único cambio significativo de la situación penitenciaria de los reclusos de ETA en los últimos años. Desde que Fernando Grande-Marlaska asumió la cartera de Interior, el porcentaje de ellos clasificados en primer grado penitenciario o régimen cerrado, el más duro, ha pasado de ser el mayoritario (el 88% justo antes del anuncio de la disolución) a no haber ninguno. En la actualidad, todos los presos de la organización terroristas cumplen sus penas en segundo grado u ordinario ―lo que les permitirá acceder a beneficios penitenciarios si cumplen ciertos requisitos― o en tercer grado o semilibertad.

La concesión de este último es una decisión de la administración penitenciaria, pero sometida al control judicial. Desde que el Gobierno vasco asumió la gestión de las cárceles en Euskadi, en octubre de 2021, ha concedido 33 semilibertades a reclusos etarras tras recibir la propuesta de las Juntas de Tratamiento ―órgano formado por profesionales penitenciarios―, según datos oficiales del Departamento de Justicia. De ellas, siete han sido revocadas por el juez, entre ellas las del exdirigente de ETA Joseba Arregi Erostarbe, Fittipaldi o Fiti, el pasado noviembre. Antes de transferir la gestión de las cárceles al Gobierno vasco, Interior había concedido el régimen de semilibertad a otros 27 presos de la organización terrorista, de los que solo en tres casos la justicia revocó la decisión. Además, la justicia concedió entonces dos terceros grados que el ministerio había rechazado.