Una misión ilegal de la cúpula de Interior para anular el ‘caso Bárcenas’

El juez Manuel García Castellón detalló hace más de un año, en el auto de apertura de procedimiento abreviado del denominado caso Kitchen, todos los indicios acumulados durante cuatro años de investigación sobre esa supuesta operación de guerra sucia ejecutada por la cúpula política y policial del Ministerio del Interior —bajo el Gobierno de Mariano Rajoy— para obstaculizar las pesquisas judiciales sobre la caja b del PP. Según esa investigación, durante al menos dos años (de junio de 2013 a junio de 2015) Interior puso en marcha una operación, pagada con fondos reservados y en la que participaron media docena de comisarios, para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y a su familia, con la intención de sustraerle documentación que pudiera comprometer al Gobierno de Rajoy en relación con la financiación ilegal del partido que investigaba un juzgado de la Audiencia Nacional.

En este último año, además, EL PAÍS ha aportado nuevos datos sobre esa supuesta operación policial a través de la publicación de los audios secretos de la corrupción (conversaciones grabadas durante años por el comisario José Manuel Villarejo a altos cargos del PP). El juez los ha considerado irrelevantes o insuficientes para ampliar la lista de procesados, aunque tanto la Fiscalía como las acusaciones populares recurrieron esa decisión, sin éxito, para intentar que se reabriera el caso, apuntando especialmente al papel desempeñado por María Dolores de Cospedal, exsecretaria general del PP.

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La investigación judicial ha acreditado, a través de diversas pruebas incluidas en el sumario y los testimonios de la cúpula policial, el plan para espiar a Bárcenas sin control judicial

Este es un extracto del relato de hechos sobre la Operación Kitchen que firmó el juez instructor García Castellón, y que llevará a juicio al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; a su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y a media docena de comisarios de policía:

El ministro y su ‘número dos’, a la búsqueda de pruebas sobre la caja b. “En una fecha que no se ha podido determinar entre los años 2012 y 2013, al parecer, Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, y máximo responsable político de este departamento, con abuso de sus funciones y conocimiento de su ilicitud, instó a Francisco Martínez Vázquez, quien fuera primero su jefe de Gabinete y desde enero de 2013 secretario de Estado de Seguridad, poner en marcha una misión encaminada a la obtención de información y documentación que pudiera estar en poder del referido Luis Francisco Bárcenas Gutiérrez, con el fin de sustraer dicho material de la autoridad judicial en la investigación que se llevaba a cabo en el marco de la pieza separada denominada ‘PAPELES DE BÁRCENAS’, en el seno del procedimiento ‘GÜRTEL”.

El jefe de la Policía encarga el asunto a Villarejo. “Francisco Martínez Vázquez asumió la coordinación de la operación, que se encomendó, en cuanto a su planificación y desarrollo, al Director Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino Sánchez. Pino encarga esta operación a José Manuel Villarejo Pérez, quien, para su ejecución se sirve en un primer momento de Marcelino Martín Blas, que estaba al frente de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) del Cuerpo Nacional de Policía, y posteriormente de Enrique García Castaño, al frente de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), que asume personalmente el compromiso de llevar a buen puerto la misión, sirviéndose de la Unidad Especial de Seguimientos adscrita a dicha Unidad. La operación consistió en captar a un colaborador, cercano a la familia Bárcenas, capaz de facilitar la información y el acceso a la documentación que se estaba buscando. La persona elegida fue Sergio Javier Ríos Esgueva (también llamado cocinero, Kitchen o K2, de ahí el nombre de la operación), quien desde principios de febrero de 2013 era el chófer del matrimonio Bárcenas, y persona de máxima confianza del entorno familiar”.

“(…) La colaboración activa de Sergio Javier Ríos Esgueva fue a cambio de la entrega de 2.000 euros mensuales, más gastos, procedentes de los fondos reservados, y el posterior ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía. Este, por su parte, debía facilitar información que les permitiera sustraer documentación en posesión de Luis Bárcenas Gutiérrez y de su esposa Rosalía Iglesias Villar. Para acceder a esta persona, Enrique García Castaño y José Manuel Villarejo Pérez se valieron del inspector jefe Andrés Gómez Gordo [ex alto cargo de confianza en el Gobierno de Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha], quien participó con estos en el desarrollo de la operación”.

Los comisarios intentan extorsionar. “La finalidad que guiaba tanto a José Manuel Villarejo Pérez como a Enrique García Castaño sería realmente la de incautar y mantener dicha documentación en su poder, sin entregársela a sus superiores, para poder obtener algún tipo de beneficio personal; extorsionando o presionando con la misma a cargos públicos o responsables del Ministerio del Interior, o bien simplemente con la finalidad de preservar sus respectivos cargos en la cúpula policial y la impunidad en las actividades ilícitas que, presuntamente, venían desarrollando de forma paralela”.

Robo de documentación en el “zulo” de la familia Bárcenas. “Dicha documentación se habría finalmente localizado e incautado en fecha no determinada, pero que puede situarse en el mes de octubre del año 2013, y se encontraría, al menos, en poder de Enrique García Castaño, al que José Manuel Villarejo Pérez habría reclamado insistentemente una copia, con el conocimiento de su superior Eugenio Pino Sánchez. Para obtener esta información los investigados habrían accedido, careciendo de autorización alguna, al denominado “zulo” sito en un local comercial (puerta 5) del número 32 de la calle General Díaz Porlier de Madrid, en cuyo interior, al parecer, se ubicaría un armario con un doble fondo del que se habría sustraído dicha documentación”.

La cúpula policial, al tanto de la operación ilegal. “En el ámbito de la Dirección Adjunta Operativa, se tenía pleno conocimiento de la puesta en marcha y ejecución de la llamada Operación Kitchen, así como de su carácter ilícito al tener como objetivo la sustracción de pruebas de un procedimiento judicial, y el empleo durante su desarrollo de fondos reservados del Ministerio del Interior, que serían de ese modo desviados de los estrictos fines legalmente previstos para su autorización y uso”.

Cambiar a policías molestos por orden del ministro. “También tenía pleno conocimiento de esta operación, de su ilicitud y del empleo de fondos reservados para el abono del colaborador el comisario principal José Luis Olivera Serrano quien, además, pudo haber tratado de persuadir a quien era el responsable policial de la investigación seguida ante el Juzgado Central de Instrucción nº 5, el inspector jefe de la UDEF con carnet profesional n° 81.067, para cambiar de destino, siguiendo directrices del ministro. Ninguno de los funcionarios policiales señalados realizó, pese a su condición de agentes de la autoridad, acción alguna para denunciar o evitar el desarrollo de esta operación de cuya ilicitud eran conocedores”.

La Unidad de Asuntos Internos, implicada. “En el desarrollo de la operación policial investigada, al menos en una primera fase, habrían participado funcionarios de la Unidad de Asuntos Internos, bajo el mando del comisario de la unidad en aquellas fechas, Marcelino Martín Blas, quien, al parecer, sabría de los verdaderos objetivos de la operación y habría dispuesto de fondos reservados autorizados para uso de la Unidad de Asuntos Internos para el pago del colaborador Sergio Ríos Esgueva, entregándoselos materialmente y sin ningún control ni resguardo documental a José Manuel Villarejo Pérez. Posteriormente, Martín Blas habría dejado paso a Enrique García Castaño, quien [habría] encomendado a la Unidad Especial de Seguimientos de la UCAO las vigilancias y los seguimientos de las personas y lugares facilitados por el colaborador captado Sergio Ríos Esgueva, con conocimiento de la ilicitud de la operación policial, participando también, junto con José Manuel Villarejo Pérez, en el pago de los gastos del colaborador”.

Volcado de los teléfonos de Bárcenas. “La operación pudo haber logrado, entre otros resultados, información del señor Bárcenas (gerente y tesorero del PP entre 1990 y 2009) por medio del volcado de tres teléfonos móviles que puso a su disposición el investigado Sergio Ríos Esgueva. Este volcado se realizó, entre otros, por los agentes funcionarios policiales con carnet profesional n° 18.878 y n° 106.577. En el desarrollo de esta operación Enrique García Castaño habría adquirido, con cargo a los fondos reservados, material informático, al parecer para poder trasladar a sus superiores el contenido de la información volcada, y una pistola para el colaborador Sergio Ríos. Ambas compras se efectuaron con conocimiento, al menos, del secretario de Estado, y para su pago se le entregó a García Castaño un recibí de dinero en efectivo procedente de los fondos reservados por los siguientes importes: ‘1.905,82 euros, compra material informático para S.E.’; ‘700 euros, compra pistola para cocinero”.

Fondos reservados para una operación ilegal. “Una vez desclasificada la documentación relativa a los pagos efectuados al [confidente] Ríos Esgueva, se ha podido comprobar que la solicitud mensual de asignación de fondos reservados se elevaba desde la Dirección Adjunta Operativa a la Secretaría de Estado de Seguridad. Atendida la ilicitud de la operación, estas solicitudes no cumplían con la normativa interna del Ministerio del Interior sobre gestión y control de los fondos reservados (orden comunicada del ministro de Justicia e Interior de 12 de septiembre de 1995), que exigía que se tenían que adjuntar una serie de documentos acreditativos del uso de los fondos asignados en la mensualidad anterior, y que en esos documentos constaría la designación de la operación policial concreta para la cual se solicitan fondos de carácter reservado, extremos que no se cumplían en este caso. Las disfunciones e irregularidades en la gestión y en control de estos fondos reservados habrían permitido su utilización ilícita, propiciando tanto la financiación de una operación policial intrínsecamente ilegal como el enriquecimiento personal de altos mandos policiales. Así, la Secretaría de Estado de Interior libraba los fondos reservados antes de comprobar y verificar la documentación que se remitía desde la Dirección Adjunta Operativa, pese a que no se ajustaba a la normativa legal que regulaba la gestión de estos fondos a partir de 1995″.

Una irregularidad conocida y permitida por la cúpula política. “Esta irregular entrega de fondos reservados estaba verbalmente autorizada por el Director Adjunto Operativo, Eugenio Pino Sánchez, y era permitida, en última instancia, por el secretario de Estado de Seguridad, con el conocimiento del ministro del Interior”.

La operación se ocultó a los investigadores de la caja b. ”Pese a ser una operación policial, ni su puesta en marcha ni los resultados de la misma se transmitieron a la unidad policial investigadora del procedimiento judicial. La Nota NIV UN000029/15 se grabó en la base policial de datos GATI en el año 2015, pese a que los seguimientos, actas e investigaciones tuvieron lugar en el año 2013. En la documentación de estas actuaciones intervinieron los agentes Fuentes Gago y Díez Sevillano. En consecuencia, tras las diligencias practicadas, debe descartarse que esta operación fuese una suerte de inteligencia policial para potenciar la investigación del delito de blanqueo de capitales que venía realizando el Grupo de la UDEF que actuaba como policía judicial”.

El confidente premiado. “Una vez la operación ya hubo terminado, en pago por los servicios prestados y con la finalidad de asegurar su silencio, desde la Secretaría de Estado se maniobró para que Sergio Ríos Esgueva entrase en el Cuerpo Nacional de Policía. Así, el señor Ríos adquirió la condición de funcionario policial del Cuerpo Nacional de Policía con fecha 16.05.2017 —policía con carné profesional 128.241—, habiendo aprobado la fase de oposición, convocada por Resolución de la Dirección General de la Policía de fecha 24.06.2014, en el año 2015″.

A juicio por los indicios de delito. “Por los hechos que se acaban de exponer deberán responder penalmente las siguientes personas: Jorge Fernández Díaz (ministro del Interior entre 2012 y 2016), Francisco Martínez Vázquez (secretario de Estado de Seguridad entre 2012 y 2016), y los comisarios y policías Eugenio Pino Sánchez (Director Adjunto Operativo entre 2012 y 2016), José Luis Olivera Serrano, Marcelino Martín Blas, José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano, José Manuel Villarejo Pérez, Enrique García Castaño, Andrés Manuel Gómez Gordo, y Sergio Ríos Esgueva”.

Cohecho, malversación, tráfico de influencias, revelación de secretos, prevaricación. “Los hechos descritos pueden ser constitutivos de los siguientes delitos del Código Penal, sin perjuicio de una ulterior calificación por parte del ministerio público, y las acusaciones personadas: descubrimiento y revelación de secretos (artículo 197 del Código Penal), prevaricación (artículos 404, 405 y 406), omisión del deber de perseguir los delitos (artículo 408), cohecho (artículo 419), tráfico de influencias (artículos 428 y 430) y malversación (artículos 432 y 433)”.