La segunda manifestación de policías contra la reforma de la ‘ley mordaza’ pincha pese al apoyo de la derecha

La segunda manifestación de policías y guardias civiles contra la reforma de la ley de seguridad ciudadana, la conocida como ley mordaza, se ha saldado este sábado en Madrid con un fracaso, tanto por el número de asistentes como por su relevancia política. Si en la primera protesta, celebrada el 21 de noviembre de 2021, Justicia Salarial Policial (Jusapol, la plataforma de agentes surgida en 2018 para reclamar la equiparación salarial con los mossos) y las dos organizaciones surgidas de ella, el sindicato Justicia Policial (Jupol) y la asociación profesional Justicia Guardia Civil (Jucil), mayoritarias en ambos cuerpos, consiguieron reunir a 20.000 personas en el centro de Madrid, en esta ocasión solo han sido 4.000, una quinta parte, según los datos de la Delegación del Gobierno. Los propios convocantes reconocían el fracaso de la convocatoria al cifrar en “más de 30.000″ las personas que habían acudido, cuando en la de finales de 2021 presumieron de haber congregado a 150.000.

El pinchazo de la convocatoria también se ha notado en el respaldo político a la misma. Si bien los tres partidos de la derecha ―PP, Vox y Ciudadanos― han vuelto a arropar la protesta, en esta ocasión no han acudido sus principales dirigentes. Frente a la anterior manifestación, cuando acudieron Pablo Casado, entonces líder de los populares; Santiago Abascal (Vox), e Inés Arrimadas, en aquel momento al frente de Ciudadanos. Los representantes de las tres formaciones han sido esta vez el vicesecretario general de los populares, Esteban González Pons; el dirigente del partido ultraderechista Javier Ortega Smith, y Edmundo Bal, candidato derrotado a presidir el partido que fundara Albert Rivera.

La manifestación, encabezada por una pancarta con el lema Esta ley nos desprotege a todos, se ha iniciado al mediodía en la Plaza de Neptuno y, tras subir por la Carrera de San Jerónimo, pasar frente a la puerta del Congreso de los Diputados y descender por la calle Alcalá, ha acabado menos de dos horas después en la Plaza de Cibeles. Junto a banderas y pancartas de los sindicatos convocantes, a los que se había sumado las secciones sindicales de policía municipal y funcionarios de prisiones de la CSIF, había carteles que reclamaban la dimisión de Pedro Sánchez y alusiones al caso Mediador, la supuesta trama de corrupción recientemente desmantelada en Canarias y presuntamente encabezada por el ya exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, ya popularmente conocido como Tito Berni, el mote con el que hablaban de él los miembros de la red corrupta.

Al término de la manifestación, los líderes de las organizaciones convocantes han leído un comunicado con un mensaje alarmista sobre las consecuencias que, en su opinión, tendría la reforma de la ley mordaza que aún se negocia en el Congreso y que, en la actualidad, no tiene los apoyos garantizados. En el mismo, los representantes de las organizaciones policiales convocantes han asegurado que los cambios que se debaten favorecen a “los delincuentes, los violentos y los sediciosos” y que deja “a los españoles, a los policías, a España desprotegidos y desamparados”. El presidente de Jusapol, Miguel Gómez, ha llegado a augurar “el caos” en las ciudades si la reforma sale finalmente adelante al considerar que “ata de pies y manos a los agentes”.

Los convocantes han vuelto a centrar sus críticas en algunas de las modificaciones que el PSOE y sus socios de investidura han abordado en el último año y medio en una negociación que aún no ha concluido y que, de hecho, está atascada. Así, han reclamado retirar aquellas enmiendas que, siempre según su interpretación, permitirían difundir imágenes de los policías grabadas durante su actividad profesional. También las que, siempre según ellos, eliminarían la presunción de veracidad de los policías al elaborar las actas de sanción; dejarían sin castigo la celebración de manifestaciones no comunicadas con carácter previo; impedirían los cacheos en la calle; y eliminarían el uso de las pelotas de goma como material antidisturbios. “Pedimos que el Gobierno no permita que nuestras calles se llenen de más droga”, han llegado a plantear al termino de la manifestación.

Buena parte de estas objeciones son rebatidas por la literalidad de las enmiendas ya acordadas y la sentencia del Tribunal Constitucional que, en enero de 2021, avaló buena parte de la ley, pero también consideró inconstitucional un punto referido a las grabaciones a los agentes durante su actuación que ahora los sindicatos reclaman que se mantenga. Además, los mensajes de los representantes sindicales, coincidentes con los de los dirigentes de la derecha que han acudido a la manifestación, seguían aludiendo, como hace un año, a delitos y delincuentes, términos que corresponden al Código Penal, cuando la ley mordaza aborda únicamente infracciones administrativas.