El Congreso volverá a investigar a la policía política del PP

El Congreso volverá a investigar las actuaciones de la llamada policía patriótica del PP durante el Gobierno de Mariano Rajoy, a raíz de las nuevas revelaciones sobre la Operación Cataluña, con la que la cúpula de Interior supuestamente pretendía desacreditar al independentismo, como ya hizo con otros adversarios políticos como Podemos. Los seis votos del PSOE y Unidas Podemos en la Mesa del Parlamento se han impuesto a los tres votos en contra de PP y Vox para poner en pie la comisión de investigación, que llevaba aprobada desde el 28 de junio. “A la vista de la gravedad de las informaciones conocidas [sobre la] utilización política e ilícita de los aparatos y recursos del Estado para tapar la corrupción propia, no podemos quedarnos parados y por eso vamos a activar esta comisión”, ha explicado este martes el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López.

Los socialistas han modificado la propuesta inicial de una comisión de investigación sobre la Operación Cataluña con una enmienda para ampliar las pesquisas parlamentarias a toda la acción del Ministerio del Interior, en cualquier parte del territorio, durante la etapa del exministro Jorge Fernández Díaz. Según fuentes socialistas, se trata de incluir “toda la información sensible”, incluso el seguimiento a periodistas que ha salido a la luz en las últimas semanas.

Cientos de mensajes de jefes de Interior y mandos policiales entre 2015 y 2019 revelan la estrategia del ministerio en la época del PP para investigar a Podemos y a líderes independentistas, la mayoría de las veces sin respaldo judicial. EL PAÍS adelantó el 28 de febrero las primeras informaciones sobre los nuevos mensajes de WhatsApp del teléfono de Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad y número dos del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en aquella época y que se acababan de incorporar a la causa judicial. La Fiscalía Anticorrupción pide para los dos máximos responsables de Interior con Rajoy y para Eugenio Pino, el máximo jefe policial, hasta 15 años de cárcel y 31 de inhabilitación por los delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad en el caso Kitchen, en el que se investiga la operación parapolicial urdida en el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy para espiar al extesorero popular Luis Bárcenas y ocultar pruebas de la financiación ilegal del partido.

La Cadena SER también publicó el intercambio de mensajes entre Martínez y el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, en los que el número dos de Interior trataba que le facilitara información de una causa que estaba secreta, le preguntaba por su futuro judicial personal, y el presidente responde con frases como “ya te cuento en cuanto sepa”, “me entero y te digo”, o le pide “tranquilidad”. El presidente de la Audiencia Nacional ha negado a la emisora radiofónica haber dado jamás información alguna a Francisco Martínez y que se limitó a darle “largas”.

Pese a la gravedad y la polémica política generada por estas informaciones, el Congreso no mostró ningún interés en poner en marcha la comisión de investigación. Varios socios del Gobierno, entre los que se encontraban Unidas Podemos, ERC y el PDeCAT, se lamentaron entonces de que no se pusiera el acento en conocer más aspectos de estos mensajes. El portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, criticó que la comisión sobre la Operación Cataluña, acordada el pasado 28 de junio ―presentada por ERC, Junts, PDeCAT, la CUP y BNG, y apoyada por PSOE y UP― no se hubiera conformado todavía. La luz verde de los socialistas ha llegado finalmente este martes.

El Congreso ha abierto plazo hasta el 21 de marzo para que los grupos designen a sus representantes en la comisión de investigación. “Nos debe obligar a todos, independentistas o no, a retomar las conversaciones para que la comisión se constituya lo antes posible”, ha manifestado el diputado del PDeCAT Sergi Miquel.

La primera comisión de investigación sobre la trama de espionaje a Bárcenas, conocida como la comisión Kitchen, culminó sus trabajos a finales de 2021 y el Congreso aprobó el dictamen en febrero de 2022, con la conclusión de que Mariano Rajoy fue el responsable político de la Operación Kitchen, junto con su número dos en el partido, la exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.