72 horas clave para el bloqueo del Poder Judicial: el sector progresista debate si dimite para forzar la renovación

La posible dimisión de los ocho vocales del sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está en el aire, después de la reunión que el viernes celebraron en la sede de esta institución cuatro de los integrantes del mencionado bloque, los que en principio podrían tener una actitud más favorable a utilizar esta vía para facilitar la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Participaron en el encuentro el presidente suplente del Consejo, Rafael Mozo, y los vocales Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga y, por videoconferencia, Pilar Sepúlveda. No se tomaron decisiones, salvo la de convocar otra reunión el martes, a la que asistirían en principio los ocho integrantes de este bloque, para seguir analizando la oportunidad y la conveniencia de una renuncia colectiva.

Este primer encuentro fue propuesto por Álvaro Cuesta, quien tras la dimisión de la vocal Concepción Sáez, propuesta en su día por Izquierda Unida, consideró necesario que el grupo progresista en su conjunto se replanteara su continuidad o no en el Consejo, en una situación de progresiva degradación de la institución y dada su actual limitación de competencias, ante la falta de acuerdo para su renovación, pendiente desde hace más de cuatro años. En el propio grupo progresista, sin embargo, hay una pluralidad de opiniones que dificulta que prospere la idea de la renuncia en bloque. De entrada, hay al menos tres vocales que de un modo u otro han hecho llegar su criterio contrario a precipitar decisiones. Son Roser Bach, Mar Cabrejas y Enrique Lucas.

En todo caso, este debate se dará en la reunión del grupo progresista, la tarde del martes, a la que sus ocho integrantes están convocados para tratar de definir una postura “coordinada”, en expresión de Álvaro Cuesta, de cara al pleno del Consejo que tendrá lugar el jueves, día 30. Este vocal ha pedido al presidente del órgano de gobierno de los jueces que en el orden del día de ese pleno figure un punto consistente en analizar las consecuencias de la marcha de Concepción Sáez y la posibilidad de que su decisión sea seguida por otros miembros del pleno, con objeto de facilitar su renovación.

Ahora bien, en el propio grupo progresista hay quien piensa que, respetando la decisión individual de Sáez, una salida colectiva de ocho vocales como la que se ha propuesto podría equivaler simplemente a dejar en manos de los conservadores la gestión del CGPJ. En las actuales circunstancias, los integrantes del Poder Judicial que permanecieran en sus puestos no podrían tomar decisiones de gran relevancia. Sobre todo, no podrían efectuar nombramientos, facultad que el Consejo tiene bloqueada desde hace dos años, al aprobarse la reforma legal que trató de conseguir por esta vía el reinicio de negociaciones para renovar la institución. Pero en el grupo progresista existe el temor de que un Consejo no renovado y en el que solo quedasen los 10 vocales del sector conservador, pudiera recuperar dentro de unos meses, si el PP ganara las elecciones generales, las competencias para efectuar nombramientos, y ya sin necesidad de negociarlos internamente, con lo que podría designar a los candidatos más afines.

En diversos ámbitos del propio Consejo se conceden escasas expectativas al movimiento iniciado para tratar de propiciar una renuncia colectiva de los vocales progresistas. Desde el lado conservador, por otra parte, existe la práctica convicción de que esta iniciativa no llegará a puerto. Es decir, que no va a haber una salida en bloque del otro sector del Poder Judicial. Desde el grupo conservador se considera que la iniciativa, de prosperar, no tendría el efecto deseado de propiciar algún tipo de aproximación entre el Gobierno y el PP para renovar el Consejo. Y tampoco falta quien admite que si los vocales conservadores se quedan solos en el órgano de gobierno de los jueces tratarán de sacarle el máximo partido a las competencias que pudieran seguir ejerciendo.

Las complicaciones, en todo caso, están a la vuelta de la esquina. El 19 de julio se jubila, al cumplir los 72 años, Rafael Mozo. En principio, lo sustituiría por razones de edad el vocal del sector conservador Vicente Guilarte, que no es magistrado, sino abogado. En el Consejo se explica que en esa condición no tiene obligación de jubilarse a una edad concreta, como sucede con los magistrados. Y hay quien imagina que un órgano de gobierno de los jueces formado por solo 10 vocales conservadores y presidido por un jurista de la misma órbita ideológica sin límite de permanencia en el cargo podría dar lugar a un CGPJ que no solo doblara, sino que llegara a triplicar el tiempo de su mandato, y lo empleara procediendo a nombramientos del mismo signo. Todos estos cálculos y previsiones —que según un vocal conservador responden a ejercicios de “justicia ficción”— forman parte de las vueltas que los vocales progresistas le están dando a la idea de dimitir en bloque.