La causa contra los Pujol se eterniza

Sentado en primera fila de L’Auditori de Barcelona, Jordi Pujol i Solei escucha a Xavier Trias, candidato a la alcaldía de la capital catalana por Junts. Es 6 de febrero de 2023, y quien fuera el presidente de la Generalitat durante 23 años escolta a uno de sus hijos políticos en su intento de recuperar el poder de la ciudad. “Él me preguntó si debía venir, y yo le dije que le quiero a mi lado. Ha sido como mi padre político”, ...

Sentado en primera fila de L’Auditori de Barcelona, Jordi Pujol i Solei escucha a Xavier Trias, candidato a la alcaldía de la capital catalana por Junts. Es 6 de febrero de 2023, y quien fuera el presidente de la Generalitat durante 23 años escolta a uno de sus hijos políticos en su intento de recuperar el poder de la ciudad. “Él me preguntó si debía venir, y yo le dije que le quiero a mi lado. Ha sido como mi padre político”, afirmaría días después Trias, que durante el acto de presentación de su campaña lo saludó efusivo, en presencia del también expresident Artur Mas. Nadie oculta ya que los postconvergentes se han sumado a la operación para acabar con el ostracismo de Pujol, defraudador fiscal confeso desde 2014, que a sus 92 años aún vive pendiente de su gran juicio por corrupción en la Audiencia Nacional. Se enfrenta a una petición de la Fiscalía de nueve años de cárcel.

Pero esa vista oral no tiene fecha en el horizonte, ya que la causa se encuentra paralizada, inmersa desde hace dos años en el expurgo de los datos que puedan vulnerar el derecho a la intimidad del expolítico y su familia. Esas dilaciones en el proceso judicial han facilitado las maniobras de la derecha nacionalista para resucitar la figura del exjefe del Gobierno catalán.

En julio de 2020 —hace ya casi tres años—, el Juzgado Central de Instrucción número 5 dio por finalizada la investigación sobre el clan Pujol y propuso sentar en el banquillo al matrimonio de Jordi Pujol y Marta Ferrusola y a sus siete hijos por urdir una trama que funcionó presuntamente durante decenios y que tenía por objetivo engordar su patrimonio con operaciones económicas irregulares, “aprovechando la posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana” del president. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó esa iniciativa en abril de 2021, y el juez Santiago Pedraz ordenó abrir juicio contra ellos en junio de ese mismo año.

Sin embargo, desde entonces los abogados de los Pujol se han enfrascado en una intensa batalla para prolongar el tiempo dedicado a retirar la documentación sensible que consta en el procedimiento, lo que ha provocado que se hayan dilatado los plazos y que la causa aún no se haya enviado a la Sala de lo Penal, encargada de enjuiciar al clan. Un paso fundamental. Pues, mientras este no se produzca, dicho órgano no puede fijar una fecha para la vista oral —decisión en la que influirá además, cuando se tome, la disponibilidad en el calendario del tribunal, donde tienen prioridad las causas con presos preventivos—. Así que, mientras tanto, los meses siguen pasando.

Fuentes de la Audiencia descartan prácticamente que el juicio al clan Pujol se celebre en 2023, y empiezan a ver difícil que se haga en 2024. El expresident cumple 93 años el próximo 9 de junio. En octubre de 2021 fue hospitalizado tras sufrir una arritmia cardiaca. En septiembre de 2022 fue intervenido tras un ictus.

Fuentes de la Audiencia Nacional detallan que el proceso de expurgo de datos no es sencillo. Este trámite tiene como objetivo evitar que las partes personadas en un proceso tengan acceso a datos confidenciales que se hayan intervenido en la instrucción; y que puedan, por ejemplo, afectar a la intimidad de algunos acusados. Para ello, la expulsión de esa información se ejecuta a instancias de los afectados, que actúan bajo supervisión judicial. Según explican estas fuentes, los investigados señalan primero qué quieren sacar de la causa; y, a continuación, la Fiscalía opina sobre su idoneidad y el magistrado instructor decide —resolución que se puede recurrir a la Sala de lo Penal—.

A esos trámites se suman dificultades técnicas. Para el expurgo, la Audiencia debe hablar con el Ministerio de Justicia para que ponga unos peritos informáticos a su disposición. Estos abren unas carpetas virtuales, a las que solo tienen acceso la Fiscalía y los afectados, donde se incluyen los archivos presuntamente sensibles, según informan estas mismas fuentes. Pero, según los Pujol, este sistema falla a veces. Y eso lo demora todo.

Para entender el embrollo en el caso Pujol, hay que remontarse primero al 18 de enero de 2022. Ese día, el instructor Pedraz dio por finiquitado el expurgo, ya que el contenido de las actuaciones “llevaba a disposición de las partes” desde mediados de 2021. Esa decisión acercaba la posibilidad de enviar la causa a la Sala de lo Penal para su enjuiciamiento. Pero la defensa recurrió, alegando que “por problemas informáticos” no había podido “acceder a todo el contenido” y a que no se había respondido a algunas de sus propuestas de expulsión de documentos. El tribunal dio la razón entonces parcialmente a la familia, y reabrió el proceso.

En noviembre de 2022, el juez Pedraz volvió a dictar otro auto donde aceptaba parte del expurgo planteado por los Pujol, pero rechazaba expulsar aquellos documentos que no se habían identificado de forma “individualizada”, como pretendía la defensa sobre el contenido de unos discos duros intervenidos en los registros. De nuevo, la defensa recurrió y alegó, otra vez, problemas informáticos. Según consta en el sumario, la familia presentó un documento notarial para acreditar que no podía acceder a la plataforma donde estaban esos archivos. En una resolución del 9 de febrero de 2023 y pese a la oposición de la Fiscalía, la Sala consideró que había que “cerciorarse” y consultar a Justicia si existían problemas, y buscar en su caso una “solución técnica”. El ministerio respondió este 1 de marzo que tardaría unos dos meses en comprobar todo.

“Pagos millonarios”

La Fiscalía Anticorrupción y el juez José de la Mata, que instruyó el caso, situaron al expresidente catalán en la cima de una red corrupta, en la que participaron también supuestamente sus siete hijos y su esposa, que finalmente no se sentará en el banquillo por “demencia severa”. El ministerio público pide, además de nueve años de cárcel para el padre, 29 años para su primogénito (Jordi Pujol Ferrusola), 14 años para otro de sus vástagos (Josep) y ocho años para el resto (Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta).

El instructor concluyó que existían indicios de que la familia recibía “pagos millonarios”, mayoritariamente de empresarios, que se “disimulaban” a través de diversas estructuras societarias y el uso de paraísos fiscales. Según el sumario, algunos les daban dinero “simplemente para congraciarse [con el clan] o para mantener la buena relación que ya tuvieran, y así hacerse acreedores a futuras adjudicaciones y favores políticos y contractuales”. “Todo ello de acuerdo con un plan preconcebido, proyectado en el tiempo con una visión de largo plazo”, apuntó De la Mata al acabar la investigación, cuando añadió: “La finalidad perseguida era distribuir entre todos los miembros de la familia las cantidades obtenidas ilícitamente”.

“Red de clientelismo”

En esa línea, la Fiscalía señala que el president “tejió una red de clientelismo”: “Hasta el punto de constituir un entramado que implicaba, por una parte, al propio Pujol; y, por otra, a determinados empresarios afines a CDC (Convergència Democrática de Catalunya)”. “Se repartían los sobresalientes beneficios de concursos públicos cuya resolución dependía de las diferentes administraciones catalanas bajo el control de CDC”, incide el ministerio público.

En otra investigación paralela (bautizado como caso 3%), la Audiencia Nacional ha enviado al banquillo a 30 personas, además de a la extinta Convergència y al PDeCAT como personas jurídicas, por la presunta trama de financiación ilegal del partido: amañaban adjudicaciones a favor de compañías afines de la formación, que recibía a cambio inyecciones irregulares de dinero en forma de donaciones.

En su escrito de defensa, Pujol i Solei insiste en que la fortuna que la familia escondió en Andorra —y que permaneció más de tres décadas oculta a Hacienda— no guarda ninguna relación con sus funciones como presidente de la Generalitat (1980-2003). Según dice, en línea con la versión que sostiene desde que confesó en 2014, todo ese dinero proviene de una herencia de su padre, Florenci Pujol, que mantenía en el extranjero debido a la “profunda inquietud”, “desasosiego” y “preocupación” que le generaba la carrera política de su hijo.