Desalojado un edificio histórico okupado en Valladolid desde 2018 tras comprarlo un fondo buitre

La Policía Nacional y la Policía Local de Valladolid han desmantelado esta madrugada el centro social okupado La Molinera, una harinera del siglo XIX rehabilitada como hotel, que fue tomada por activistas hace casi cinco años para montar, tras hacer reformas en el inmueble, bancos de alimentos, actividades, charlas o talleres. Las autoridades han seguido la orden judicial de desalojo después de que el inmueble, Bien de Interés Cultural (BIC), fuese adquirido por el fondo buitre Kelona Invest, que reclamó su propiedad. La operación se ha ejecutado sin incidentes y ha requerido el apoyo de los bomberos tras subirse dos simpatizantes de La Molinera al tejado del edificio. Ambos han colaborado con los bomberos para bajar en modo “resistencia pasiva”.

El desalojo ha sido ejecutado en torno a las cuatro y media de la madrugada, cuando múltiples vehículos policiales han rodeado esta antigua fábrica de harinas para hacer valer el mandato del juzgado de Instrucción 1 de Valladolid. Los activistas han denunciado en un comunicado que la operación ha tenido “carácter violento e intimidatorio por parte de esas instituciones con el fin de garantizar los intereses del capitalismo especulativo en Valladolid. Con recursos públicos se defienden intereses privados espurios”.

El edificio ahora vaciado es el hotel abandonado Marqués de la Ensenada, el primero en la ciudad en tener cinco estrellas, que fue vandalizado tras ser rehabilitado ante el desinterés de la propiedad, que huyó dejando importantes deudas. El lugar era una fábrica de harinas, de la que aún se conservan elementos encima del canal de Castilla, que desemboca en el río Pisuerga a unos metros del centro okupado.

Varias decenas de simpatizantes de La Molinera acudieron al entorno del edificio en cuanto se produjo un llamamiento por redes sociales. Más allá de las protestas verbales, informa uno de los agentes desplegados en el barrio, no se han vivido escenas de tensión. Los uniformados han preparado una zona de seguridad mientras los obreros tapaban con ladrillos los accesos al interior del inmueble.

Varios vecinos consultados han expresado su sorpresa ante el operativo policial (“ha venido un ejército”, ha subrayado uno de ellos). Jorge Lebrero y Sofía Larrea, portavoces del colectivo, han asegurado en una rueda de prensa que el despliegue para el desalojo ha sido más propio de “un escenario bélico que de un conflicto de la sociedad civil”. La delegada del Gobierno, Virginia Barcones, ha sostenido que “el número de agentes intervinientes ha sido proporcional y suficiente para que el desalojo se produjera sin incidentes”. El juzgado notificó el 3 de abril que se abría un plazo máximo de 20 días para el desalojo forzoso del centro social para devolvérselo a sus dueños actuales. Esta entidad se llama Zángano Inversiones y procede del grupo lácteo Hermanos Cobreros, radicados en Zamora y sin apenas recorrido inmobiliario, argumento que los desalojados esgrimen para acusarlos de especuladores.

Los activistas han desarrollado que para ellos no tenía sentido seguir litigando una vez la resolución judicial dictaba su desalojo. “Hemos tenido el respaldo masivo de la ciudadanía comprometida con el devenir de la ciudad y hemos actuado con coherencia y dignidad”, han afirmado, lamentando que el espacio “cae en manos privadas tras el infausto proyecto fallido del hotel de cinco estrellas, la joya de la corona de la especulación”.

El establecimiento, de cinco estrellas, quebró en 2017, y su dueño, Rafael Martínez, se desentendió de una deuda de 3,3 millones de euros con proveedores y empleados. Los nuevos propietarios lo han adquirido por un millón de euros. El inmueble pasó año y medio abandonado, sufriendo incendios e inundaciones, hasta que la okupación le dio nueva utilidad y sirvió incluso como banco de alimentos para los desfavorecidos. “Decimos lo que pensamos, vamos de cara y con nuestros nombres, no podemos impedir el desalojo, sino demostrar con coherencia que hacemos algo justo”, ha explicado Lebrero, uno de los activistas que subió al tejado.

El grupo social ha contado con el apoyo de decenas de entidades o figuras de la cultura como Jesús Cifuentes, cantante de los vallisoletanos Celtas Cortos y presente durante la mañana ante el hotel. “Es una frustración y desolación enorme, cuando el proyecto echó a volar fue un ejemplo y emocionante. Da mucha vergüenza que se desplome haciendo privado lo publico”, ha señalado el artista. Los implicados han convocado una manifestación para la tarde de este martes en Valladolid y han desplegado una pancarta con este lema: “Por Valladolid contra la especulación. La Molinera no se desaloja”. De fondo, el ruido de la maquinaria y varios operarios levantando una tapia de ladrillos donde antes estaba la puerta por la que cientos de personas acudieron a las actividades de La Molinera.