Moreno se abre a modificar la ley sobre Doñana si se lo pide Bruselas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno (PP), se ha abierto a modificar la proposición de ley sobre los regadíos de Doñana en aquello que la Comisión Europea le pida que cambie, tras las advertencias de Bruselas sobre el posible incumplimiento de las normas medioambientales de la UE. El barón popular asegura que el proyecto para legalizar zonas de regadío a las afueras del parque natural “es susceptible de modificaciones y cambios”; y su consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco, pedirá al comisario europeo del ramo, en una reunión la semana próxima, que le transmita en qué discrepa el Ejecutivo comunitario, para estudiarlo y modificarlo en su caso. Es la primera vez que el Gobierno andaluz abre la puerta a rectificar el proyecto legislativo sobre Doñana, cuestionado también por los científicos y por el Ejecutivo central. “Estamos dispuestos a escuchar las propuestas de la Comisión Europea y del Gobierno de España”, ha manifestado Moreno, de visita en Madrid.

“Le vamos a pedir al comisario de Medio Ambiente y a la Comisión Europea que nos traslade, de los 25 folios de este proyecto de ley, qué es susceptible de modificaciones y cambios, exactamente en qué no están de acuerdo, para que podamos estudiarlo y modificarlo”, ha subrayado el barón popular antes de participar en una comida-mitin con el PP de Madrid, que le ha pedido que haga campaña en los municipios del sur de la Comunidad, en el llamado cinturón rojo.

El presidente andaluz ha puesto énfasis en que la iniciativa legislativa de PP y Vox sobre los regadíos de Doñana es susceptible de ser modificada en la tramitación parlamentaria. Y se ha mostrado conciliador ante las sucesivas advertencias de Bruselas sobre el posible incumplimiento de la legislación medioambiental de la UE, con disposición a dar marcha atrás si fuera necesario. “La semana que viene el consejero de Medio Ambiente va a reunirse con el comisario de Medio Ambiente [Virginijus Sinkevičius], para que también la Comisión nos diga. Sin ningún problema, por eso es un proyecto de ley, no es un decreto del Gobierno”.

Moreno ha insistido en la disposición de su Gobierno a dialogar también con el Ejecutivo central sobre Doñana, y en la disposición a alterar sus planteamientos. “Es una pena que el Gobierno de la Nación no haya querido nunca sentarse en torno a una mesa para hablar en serio de un problema. Lo que nosotros tenemos que hacer como Gobierno es dar soluciones. Hemos puesto una propuesta encima de la mesa, en el momento que nos planteen una alternativa, la estudiaremos”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido este viernes durante un mitin en Toledo en pedir a la Junta de Andalucía que rectifique. “No tienen ninguna legitimidad, aunque tengan mayorías absolutas en el Parlamento de Andalucía, para cargarse un tesoro como es Doñana”, ha argumentado Sánchez. “Que rectifiquen, que salgan de su enroque de arrogancia y de soberbia, que escuchen a la ciencia, que cumplan con la legalidad europea y echen atrás este auténtico atropello de un paraíso de Huelva, de Andalucía, de España y de Europa”.

Fuentes cercanas al presidente de la Junta insisten en que las palabras de Moreno no suponen una marcha atrás en cuanto al fondo de la proposición de ley, que no contempla retirar. “Bruselas no está recibiendo buena información, por eso en la carta que se le hace llegar a la Comisión se aclara que la propuesta no parte de la Junta, sino del Parlamento y por eso va el consejero, a aclarar que en el texto no se tocan los acuíferos y que no se amnistía a nadie”, explican los interlocutores consultados. Desde el entorno de Moreno descartan que el comisario de Medio Ambiente, adscrito a Los Verdes, pueda solicitarles que retiren la ley: “Si se nos pide que aclaremos puntos o que se garanticen elementos, se añadirán. Por eso es un proyecto de ley y no un decreto”, informa Eva Saiz.

El Gobierno andaluz quiere que Bruselas o el Gobierno central les “den alternativas” para solucionar la problemática de los regantes, según insisten fuentes de la Junta. El gesto de Moreno Bonilla, abriéndose a corregir la ley, implica, a juicio de estas fuentes, “que el Gobierno de Pedro Sánchez se queda sin excusas para sentarse” con la Junta y encontrar juntos una alternativa. Vamos a escuchar lo que se propone y todo aquello que mejore su contenido podrá ser tenido en cuenta”, advierten, sin embargo, las fuentes cercanas a Moreno, consultadas. “Lo que tiene claro el Gobierno andaluz es que el problema de desprotección que sufren 1.500 agricultores se tiene que arreglar”, añaden.

Hasta ahora, el argumento principal esgrimido por el Gobierno andaluz, sus consejeros y los parlamentarios del PP es que la ley no afectaba al acuífero y solo hacía alusión a las aguas superficiales. Esta mañana, en sintonía con las explicaciones trasladadas por la Junta a la Comisión Europea en defensa de esa proposición de ley de ampliación de regadíos en Doñana, tanto Moreno como el consejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente han subrayado que la norma aún está en trámite parlamentario y puede haber cambios en la literalidad. Fernández-Pacheco ha señalado esta mañana, horas antes de la intervención del presidente andaluz: “Ahora los diferentes grupos políticos tendrán la oportunidad de enmendar, las enmiendas se negociarán, en eso consiste el parlamentarismo, y lo que es más importante, los agentes sociales van a acudir al Parlamento también, para explicar cuál es su propuesta, y los diferentes grupos escucharán a todas las sensibilidades. No sé qué enmiendas se aceptarán, cuáles serán las aportaciones de los agentes sociales que van a participar, lo que sí tengo claro es que desde la Junta de Andalucía vamos a estar muy atentos y nuestra única intención es la de aprobar el mejor texto posible”.

El razonamiento de la Junta está incluido en la carta que el Gobierno de España, único interlocutor con Bruselas, ha enviado a las autoridades comunitarias para explicar la situación. El Ejecutivo andaluz se ampara en que el texto de la norma no es definitivo y que está sujeto a las modificaciones que realicen las enmiendas del resto de los grupos parlamentarios, por lo que “la mera tramitación de esta proposición de ley no implica de manera directa e indirecta ninguna afección al cumplimiento de la sentencia, puesto que, en estos momentos, se desconoce el resultado final del texto”. También insiste en que la redacción actual “deja claro que el acuífero ni se toca ni se afecta”.

La carta es la respuesta a las sucesivas advertencias que ha lanzado Bruselas sobre la proposición de ley del PP y Vox para regularizar los regadíos en el entorno de Doñana. El comisario europeo de Medio Ambiente alertó el jueves por escrito de que la normativa andaluza, tal como ha sido presentada, podría “infringir” la legislación europea en materia de protección medioambiental, y reiteró que, en tanto que “guardián de los tratados”, el Ejecutivo europeo podría emplear “todos los medios posibles”. Es decir, llegar incluso a solicitar fuertes multas si los planes siguen adelante, como figura en una respuesta parlamentaria a una pregunta de eurodiputados socialistas. Tras días de tiras y aflojas con el Gobierno, el Ejecutivo andaluz se abre ahora a la posibilidad de rectificar su plan para Doñana.