David Lucas, secretario de Estado de Agenda Urbana: “Hemos impulsado más de 65.000 viviendas en cinco años. Alcaldes y presidentes del PP lo saben”

David Lucas, secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, fue alcalde de Móstoles (segundo municipio más poblado de la Comunidad de Madrid, con 210.000 habitantes) entre 2015 y 2018. En febrero de 2020 entró a formar parte del Gobierno de Pedro Sánchez como secretario general de Agenda Urbana y Vivienda. Ha sido uno de los autores intelectuales de la ley por el derecho a la vivienda que se aprobó este jueves en el Congreso de los Diputados.

Pregunta. Los presidentes autonómicos del PP han anunciado que no aplicarán la declaración de zonas tensionadas, el instrumento que permitirá controlar los precios de los alquileres. ¿Existe algún mecanismo en la ley que permita obligar a estas comunidades insumisas a cumplir con los objetivos fijados en la norma?

Respuesta. Vamos a intentar hacer ver a estas comunidades que los instrumentos de los que se ha dotado la ley de vivienda para la declaración de esas zonas tensionadas van a favor de los arrendatarios para que no se produzca un incremento desproporcionado de los precios, pero también que van a favor de los arrendadores porque van a tener la seguridad de que los precios que pongan en estas viviendas van a estar a precio de mercado si estamos hablando de grandes tenedores, y en el caso de los pequeños propietarios, precios referenciados al precio del contrato anterior y además con unas bonificaciones importantes que les van a permitir hacer atractivo el alquiler de viviendas a personas con dificultades, como pueden ser los jóvenes para acceder al mercado del alquiler, o tener bonificaciones mayores si hacen posible que los precios puedan ser más atractivos.

P. Cree que con esta explicación puede convencer, por ejemplo, a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ya ha cargado contra esta ley anunciando que no la aplicará y la recurrirá. ¿Qué le diría para convencerla?

R. Madrid es una de las áreas de España más tensionadas. Una ciudad donde se ha producido un incremento muy importante de los precios del alquiler. En algunas zonas han crecido de manera especulativa y le haría reflexionar sobre por qué no quiere aplicar esa norma que va a beneficiar a aquellas familias que tengan más dificultades económicas para que no se produzca un incremento de los precios como el que se ha producido. Le diría también que esta ley es necesaria para que la vivienda sea un derecho y no solo un bien de mercado. Y le diría a la presidenta de la comunidad autónoma que si no lo hace, qué explicaciones le dará a sus ciudadanos y ciudadanas cuando vean otras zonas donde se están conteniendo los precios y en Madrid, no.

Los precios del alquiler han crecido en algunas zonas de Madrid de manera especulativa”

P. ¿Qué ha pasado en España para que en los dos últimos decenios se haya desplomado la construcción de vivienda barata y protegida de manera que hoy de cada 10 viviendas que se construyen en España sólo una sea protegida, cuando en los ochenta y noventa del pasado siglo llegaron a ser el 40%?

R. Vino la crisis de finales de la primera década [del siglo XXI], que duró. Y luego, posteriormente los gobiernos del PP no apostaron por la vivienda pública. Si ven los gráficos publicados en nuestro observatorio, verán que el impulso de la vivienda social, asequible y protegida, ha tenido unos repuntes cuando gobernaba el PSOE y ha caído cuando gobernaba el PP. Desde 2018 a ahora estamos trabajando para revertir esa situación, con más presupuesto, con el Plan de Vivienda Asequible, con colaboraciones con comunidades y ayuntamientos que nos permiten construir parque público de vivienda.

P. El PP les acusa de haber anunciado un plan de 100.000 viviendas y no haber hecho ninguna en estos cinco años de Gobierno de Pedro Sánchez...

R. El PP utiliza una demagogia desmedida. Tenemos en marcha el Plan de Vivienda que contempla el impulso de 100.000 viviendas. La mayor parte de esas viviendas están conveniadas y acordadas con comunidades y ayuntamientos, muchas de ellas con el PP.

P. ¿Qué significa que la mayor parte están conveniadas y acordadas?

R. Son convenios firmados con estas comunidades a través del plan estatal de vivienda 2018-2021 o el que hemos puesto este año 2022-2025, o a través de convenios específicos directamente con ayuntamientos. De esas 100.000 viviendas, hay un 65%, unas 65.000 viviendas que ya están en marcha, algunas construidas ya y otras en construcción.

P. Entiendo que esos acuerdos han sido, entre otros, con dirigentes del PP en comunidades y ayuntamientos. Y sin embargo el PP les acusa de no haber hecho ni una sola vivienda. ¿Ha hablado usted con alcaldes y presidentes del PP estos días sobre esta cuestión?

R. He tenido oportunidad de encontrarme con alguno y alguna y se lo he dicho. No voy a decir nombres pero les he trasladado que es sorprendente que no salgan a decir que los convenios se están firmando con sus comunidades y ayuntamientos. Me parece sorprendente que puedan decir que no se han impulsado esas viviendas porque gobiernos del PP, y son muchos, que han firmado con el Estado no pueden hacer esa afirmación. La demagogia es gratuita por parte de los líderes nacionales, el silencio es preocupante por parte de los líderes regionales y locales. Pero ellos saben que las viviendas se han firmado y se están impulsando y son partícipes también de la financiación y la edificación.

P. ¿Por ejemplo, han acordado o firmado convenios con los gobiernos de Ayuso en Madrid y Moreno Bonilla en Andalucía?

R. Sí, claro. Y además, se pueden comprobar en la página web del ministerio las viviendas que se han ido firmando con ellos, tanto en el Plan de Recuperación como en los planes estatales.

“Hemos acordado convenios con los Gobiernos de Ayuso en Madrid y Moreno Bonilla en Andalucía”

P. ¿Esas 65.000 viviendas se van a entregar durante esta legislatura?

R. Algunas se han entregado, otras se están impulsando ahora. Desde la firma de los acuerdos se tiene un plazo de entrega aproximado de cinco años. Las del Plan de Recuperación, de Transformación y Resiliencia se tienen que entregar antes de 2026, las firmadas en el plan estatal de vivienda tienen una fecha de entrega a cinco años desde su firma, y se han venido firmando desde 2018. Las que se estan regularizando por Sareb son 13.000 viviendas, de las cuales la mayor parte ya están en proceso de regularización. Lo que tienen que entender es que las viviendas no son tornillos, no se fabrican de un día para otro, es mucho más complejo. Además de las que impulsa la entidad pública Sepes, que son unas 15.000 viviendas y que también están en desarrollo.

P. ¿Y cómo ayuda exactamente el Estado en estas 65.000 viviendas?

R. La mayor parte del dinero lo pone el Estado. Por ejemplo, en el plan de vivienda de Recuperación, Transformación y Resiliencia lo que hace el Estado es poner 50.000 euros por vivienda. Cuando hablamos del plan estatal hablamos de una fórmula parecida. Desde los ochenta hasta 2020 se han construido cerca de dos millones de viviendas por la administración pública, pero qué ha ocurrido, que esas viviendas la mayor parte han sido viviendas en régimen de propiedad. Y esas viviendas desgraciadamente por la normativa anterior lo que hacían es que cuando se terminaba un periodo de tiempo se podían descalificar y vender [como vivienda de precio libre]. Con lo cual, no hemos tenido nunca un parque de viviendas públicas o un parque de viviendas protegidas que pudiera ir dando salida a las necesidades de las personas vulnerables.

P. ¿Y la ley de vivienda cómo resuelve ese problema?

R. Desde la aprobación de la ley, las nuevas viviendas que se califiquen como vivienda protegida se podrán vender, pero siempre en las mismas condiciones que se adquirieron. No van a perder la calificación de vivienda protegida y si alguien las quiere vender tendrá que adquirirlas una persona que tuviera las mismas condiciones que la persona original que las compró. Además, con las 183.000 viviendas de alquiler que ha anunciado el presidente del Gobierno vamos a suplir un déficit, porque en España no se habían construido parques públicos de alquiler.

P. ¿Y si los gobiernos municipales y autonómicos deciden no recalificar suelo para vivienda protegida y recalifican suelo sólo para vivienda libre?

R. La ley de vivienda incrementa los porcentajes de reserva de suelo para vivienda protegida, pasando del 30% hasta el 40% en los suelos urbanizables. Y, además, al menos el 50% de estas cantidades, la mitad, tienen que ser en alquiler.

P. ¿La nueva ley de vivienda es un chollo para los okupas y una pesadilla para los propietarios?

R. No lo es, en absoluto. A partir de la promulgación de la ley lo que va a pasar es que esas familias vulnerables, con niños menores, que tienen dependientes, ancianos o víctimas de violencia y que están en viviendas de grandes tenedores, antes de ponerlas en la calle, cuando están en procedimientos civiles, antes de que eso ocurra se tiene que poner en conocimiento de la administración autonómica para que se pueda establecer un procedimiento de mediación y arbitraje, nada más. Antes de la interposición de la demanda de desahucio. ¿Qué significa esto? Si no llegan a un acuerdo, la administración podrá hacer dos cosas: suplir la parte del alquiler que no puede afrontar o pagar el alquiler. Y para eso hemos vinculado los recursos del plan estatal de vivienda. Si no hay acuerdo, se puede interponer la demanda de desahucio y continúa el proceso. Otra cosa es los delitos que van por vía penal...

P. ¿Las okupaciones ilegales, lo que se denomina allanamiento de morada o usurpación?

R. Esos allanamientos que están reflejados en el Código Penal siguen tratándose de la misma manera, no hay ninguna modificación al respecto. La ley de vivienda establece sólo un mecanismo de protección para las personas que son vulnerables económicas y sólo cuando están en viviendas de grandes tenedores, que tengan 10 o más viviendas, estos supuestos no abarcan a los pequeños propietarios, al 85% de pequeños propietarios que existen en España. Nos ha reiterado muchas veces el Comité de Derechos Económicos y Sociales de Naciones Unidas que tenemos que establecer soluciones para que las familias vulnerables no se vean en la calle sin una solución habitacional que pueda prestarle la administración.

Los allanamientos que están reflejados en el Código Penal siguen tratándose de la misma manera”

P. ¿A qué obedece esta oferta en víspera electoral y por entregas de decenas de miles de viviendas por parte del presidente del Gobierno, una oferta cargada de dudas sobre las fechas de ejecución, la disponibilidad de terrenos del ministerio de Defensa o de las propias viviendas de la Sareb?

R. Es la culminación de un trabajo duro que se ha hecho durante la legislatura. Cuando llegamos en 2018, este ministerio sólo tenía planificadas 1.690 viviendas. No había más, había un déficit absoluto. La movilización de viviendas de Sareb ya se estaba trabajando por parte del ministerio y ahora se hace un esfuerzo para movilizar esas viviendas. O con suelos que hemos identificado con el Ministerio de Defensa que están disponibles ahora para poder reurbanizarlos y dedicarlos a zonas residenciales para obtener mayor parque de vivienda. Hacemos un ejercicio de responsabilidad ante un déficit histórico.

P. ¿Usted, que ha sido alcalde de Móstoles, cree que la nueva ley facilita las políticas de vivienda?

R. Lo que hace esta ley es garantizar derechos, y establecer referencias importantes en materia de vivienda, le da instrumentos a los ayuntamientos para establecer mecanismos que movilicen las viviendas vacías, porque moviliza más suelo protegido, para hacer posible más vivienda en alquiler y para dotar de instrumentos para proteger a las familias vulnerables. Yo que he sido alcalde, a veces no tenía instrumentos ni recursos para buscar soluciones para esas familias vulnerables. Tampoco tenía instrumentos para evitar la especulación en zonas de mi municipio con precios disparados. Con esta ley se protegen los parques públicos, no se podrán vender, estaremos todos más seguros.