Una docena de condenados por el Tribunal Supremo en el ‘caso ERE’ recurren al Constitucional

Doce de los 15 ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía condenados por el Tribunal Supremo el pasado verano en la pieza política del caso ERE han recurrido en amparo la sentencia ante el Tribunal Constitucional; entre ellos, los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves. Los exdirigentes, condenados algunos por prevaricación continuada y otros también por malversación, consideran que el Supremo vulneró sus derechos fundamentales, y han ido recurriendo el fallo de forma escalonada desde el pasado octubre hasta esta primavera. Este lunes, el Constitucional decide si acumula una decena de esos recursos para que todos sean resueltos de manera conjunta, como ya decidió con los de Chaves y Magdalena Álvarez, exministra y exconsejera andaluza de Economía y Hacienda.

La Sala Segunda del Supremo condenó el pasado septiembre a los exdirigentes de la Junta por crear “un sistema fraudulento” para distribuir ayudas sociolaborales a empresas en crisis durante una década. El sistema de pagos fue diseñado para “evitar todo control administrativo” por parte de la Intervención General, según el fallo del alto tribunal, que confirmaba la sentencia previa de la Audiencia de Sevilla. De los 12 exdirigentes de la Junta que han recurrido el fallo, ocho fueron condenados por malversación y siete de ellos han ingresado en prisión.

El único que no ha entrado en la cárcel es Griñán, que, tras finalizar su tratamiento contra un cáncer, está ahora pendiente de la decisión de los médicos del Instituto de Medicina Legal andaluz. “En los próximos meses el tribunal estudiará si admite a trámite los recursos o no. Pero hay matices: algunos piden la suspensión de la pena y otros no”, advierten fuentes del Constitucional al ser preguntadas por la conectividad de los casos que puede provocar su acumulación.

Los ex altos cargos piden esa unidad de criterio para lograr agilidad en la tramitación y “dar una solución conjunta y coherente a todos los recursos”, según incide en su escrito el exconsejero andaluz de Presidencia Gaspar Zarrías. Los recursos remarcan que dos de los cinco jueces del Supremo emitieron votos particulares rechazando la condena a cárcel de Griñán y de otros cuatro condenados por malversación.José Manuel Herrero, abogado del exconsejero de Empleo José Antonio Viera, en prisión tras su condena a siete años de cárcel y 18 de inhabilitación, sostiene: “El Supremo considera una serie de actos de prevaricación que son actos políticos y de Gobierno, que no tenían ningún informe contrario de la Intervención, sino informes favorables. No eran actos susceptibles del Derecho penal. Además, el Supremo introdujo un relato fáctico suplementario que no estaba en el relato de hechos de la Audiencia de Sevilla”.

La admisión a trámite de los 12 recursos la decidirá la Sala Segunda del Constitucional, cuya ponente es Inmaculada Montalbán, propuesta por el PSOE en 2021 y vicepresidenta del órgano desde enero. “Tenemos más posibilidades ahora que con el antiguo tribunal de mayoría conservadora”, dice, esperanzado, un letrado. Lo que el Constitucional decida sobre la sentencia del Supremo afectará, además, a las 140 piezas de la macrocausa de los ERE que aún están pendientes de juicio, tras 12 años de instrucción.

Si el alto tribunal admite los recursos deberá estudiar la validez tanto de la condena por prevaricación como de la de malversación. El corazón del debate sobre la prevaricación incide en el valor que debe darse a los proyectos de Presupuestos de la Junta andaluza, que contenían la partida de ayuda a las empresas en crisis. “Los proyectos de ley elevados por el Consejo de Gobierno no pueden declararse ilegales pues han sido convertidos en ley por virtud de su aprobación parlamentaria”, censura el escrito presentado por Magdalena Álvarez, el primero de todos los presentados ante el Constitucional, el pasado octubre.

“La cuestión más relevante”, añade el abogado que pide preservar su identidad, “es considerar un proyecto de ley como un acto resolutivo a efectos de prevaricación”. “Es radicalmente novedoso estimar prevaricadora una resolución autónoma como fue un proyecto de ley”. Sobre la malversación, apunta, “la especial enjundia es que se determine se existió malversación sin valorar si las ayudas se dedicaron a un bien ilegítimo”.

Zarrías, condenado a inhabilitación por prevaricación continuada, considera en su escrito que se ha lesionado su derecho a la presunción de inocencia y a la legalidad penal: “La sentencia condenatoria nos ofrece una motivación materialmente incomprensible y jurídicamente indefendible”, sostiene. El recurso del exconsejero abunda: “Se le condenó sin que hubiera dictado ni colaborado en el dictado de ninguna resolución en asunto administrativo, en la medida en que no merecen tal consideración los acuerdos o trámites dictados en el proceso de la elaboración de una norma con rango de ley”.