Puigdemont reclama al Supremo que adapte la causa al “transcurso del tiempo” y a la nueva “realidad” legal decidida por el Gobierno

El expresidente catalán Carles Puigdemont, fugado en Bélgica desde hace cinco años y medio, ha reclamado este jueves al Tribunal Supremo, a través de su abogado, que adapte la causa penal contra él al “transcurso del tiempo”, a la sentencia del procés dictada en 2019 y a la nueva “realidad” creada por la reforma del Código Penal que pactaron el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC a finales del año pasado. El tribunal ha celebrado una vista para revisar los recursos de apelación de Puigdemont y de los exconsejeros catalanes Antoni Comín y Lluís Puig, también prófugos, contra la decisión del magistrado del Supremo Pablo Llarena de mantener parcialmente su procesamiento tras esa reforma del Código Penal. Durante la sesión, el fiscal Javier Zaragoza ha acusado a Puigdemont de emplear “artimañas” para “liar y empantanar” su procedimiento judicial en España, lo que ha considerado “un abuso de derecho y un fraude procesal” tras estar “cinco años desaparecido”. “Solo están a disposición de la Justicia para aquello que les beneficia, para recurrirlo todo”, ha dicho. Zaragoza ha remarcado que es “la única vez en la historia que un rebelde ha podido ejercer todos los derechos y no ha adquirido ninguna carga”.

Tras la reforma del Código Penal, que el Ejecutivo y ERC acordaron con el propósito expreso de reducir el castigo a los líderes independentistas del procés, el magistrado instructor Pablo Llarena mantuvo el procesamiento de Puigdemont, Comín y Puig por el delito de malversación agravada (y no por el de malversación atenuada que introdujo el Gobierno en esa reforma) y sustituyó el delito de sedición (que ha desaparecido del Código Penal) por el de desobediencia. El juez rechazó la alegación de la Fiscalía y Abogacía del Estado de que debería aplicarse el nuevo delito de desórdenes públicos agravados a los acusados por sedición.

La defensa del expresident ya recurrió, en vano, contra esa decisión de Llarena (por considerar que el procesamiento debía ser anulado en su integridad) ahora ha planteado otro recurso ante el Supremo en el que pide anular las órdenes nacionales de detención y revocar el procesamiento de Puigdemont y de los exconsejeros. El objetivo del letrado de Puigdemont, Gonzalo Boye, es “que se adapte el procedimiento a la realidad gestada por el poder ejecutivo y legislativo”, en referencia a la reforma del Código Penal. Esa reforma fue desdeñada por Puigdemont en un principio, aunque ahora su defensa apela a ella para pedir la anulación de la causa alegando que ha creado una nueva realidad legal. “Ninguno es responsable del desaguisado de una reforma penal deplorable”, ha afirmado Boye. El letrado ha incidido en que el auto de procesamiento inicial ha quedado “desfasado”, debido también al “transcurso del tiempo” y otros hechos, como la sentencia del procés y la reforma del Código Penal que deroga la sedición y modifica la malversación, algo que, en su opinión, sitúa el procedimiento en “un escenario de embrollo procesal”. “Es el momento de reordenar esto”, ha dicho.

El fiscal ha respondido que lo único que pretenden los exdirigentes prófugos es “liar más procesalmente el asunto para seguir planteando nuevas batallas”, y que el transcurso del tiempo en esta causa solo tiene unos responsables: quienes huyeron para no ponerse a disposición de la justicia. “Todo este empantanamiento procesal no ha sido obra del tribunal, ni de la Fiscalía, ni de la Abogacía: ha sido obra de los recurrentes”, ha manifestado. En la misma línea, la abogada del Estado, Rosa Seoane, ha respondido a la defensa de Puigdemont que “han ocurrido tantas cosas” porque “después de cinco años del auto de procesamiento no se han sometido a la Justicia”, por lo que están “procesalmente congelados” desde 2018. Vox, por su parte, ha discrepado de la decisión del magistrado Pablo Llarena de no tipificar los hechos en el nuevo delito de desórdenes públicos agravados.

La defensa de Lluís Puig ha solicitado que se anule su procesamiento por malversación alegando que no realizó ningún pago desde la Consejería de Cultura y, en todo caso, ha reclamado que se le aplique el nuevo tipo de malversación atenuada, que contempla penas de entre uno y cuatro años de prisión.