El narco se atrinchera en sus mansiones: “Cuanto más ilegal es el inmueble, más complicado es quitárselo”

Corría septiembre de 2019 y el narco Antonio Romero, alias El Tomate, volvía a caer en su enésimo tropiezo policial. Al traficante le pillaron en su chalé de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz): una casa ilegal de dos plantas, balaustradas y arcos de medio punto con rejas. Al saberlo entonces, la fiscal Antidroga de Andalucía, Ana Villagómez, se preguntó preocupada: “Pero... ¿aquí que ha pasado?”. La alarma de Villagómez no se debía a que otra vez le hubiesen detenido, sino a que ella recordaba bien que esa misma vivienda debía estar decomisada después de una sentencia de 2013 en la que el propio Romero se conformó con entregarla. Al tirar del hilo, la fiscal encontró la respuesta: la enajenación solo afectaba a la construcción y no al terreno, así que un decreto de 2018 dejó sin efecto el decomiso “por no cumplir con la normativa urbanística”.

Después de aquello, a Romero le volvieron a engrilletar en junio de 2022. Y seguía viviendo en su chalé ilegal de Monte Algaida, una zona rural de Sanlúcar. El caso, pese a lo sangrante, está lejos de ser una excepción. Si a algún emprendedor avispado se le ocurriese la peligrosa idea de hacer una ruta turística del narco en la provincia de Cádiz, tan solo tendría que preguntarle a los agentes y fiscales dónde están sus mansiones, “porque, total, llevan viviendo en el mismas casas durante décadas, incluso las amplían”, como reconoce resignado un inspector jefe de la Policía Judicial de la Comisaría de Sanlúcar de Barrameda.

El camino legal que inicia un inmueble tras su decomiso se convierte en un auténtico galimatías, enredado el proceso en las ilegalidades cometidas por los narcos en su construcción, que acaban así por beneficiarles. “Lo excepcional es que se le quite. Cuanto más ilegalidades, más se le complica a la Administración incluirlo en el cauce legal”, añade el inspector jefe.

Hace ya más de dos décadas que el narco incorporó el sueño del chalé y campito irregular en terrenos rústicos —que enraizó en localidades costeras gaditanas como Chiclana, El Puerto o Rota a finales del siglo XX— a su propio negocio ilícito. Es en aquellos primeros años de la década del 2000 cuando Daniel Martínez, concejal de Urbanismo de La Línea de la Concepción, fija el desembarco de los narcos en la hoy intrincada barriada de 1.200 casas irregulares de El Zabal.

“Las fincas grandes se dividieron entre los hijos”, explica el también arquitecto, en referencia a las parcelaciones ilegales. Luego, con el dinero del hachís entrando a espuertas, todo se sofisticó hasta dar lugar a ese laberinto de tapias altas con enormes portones de hierro, en cuyo interior aguardan calles que distribuyen la entrada a las parcelas de cada chalé, construidas primero “en estilo rococó y ahora minimalista”, como ejemplifica Martínez. Dentro de cada casa, una mezcolanza de dorados, metalizados, colores estridentes completan la orgía brilli-brilli tan de estética narco.

De esos interiores han dado buena cuenta redadas como las de Villanarco que, en junio de 2020, dio con una parcelación ilegal de 19 chalés en los que vivían miembros del poderoso clan de los Castaña. El inspector jefe de la Policía Judicial de la Comisaría de La Línea, acostumbrado a toparse con entradas nada sencillas, describe el problema: “Al no estar ni registradas, ni parceladas legalmente, nos cuesta pedir los registros al juez. Tenemos que funcionar con coordenadas GPS y descripciones”. Pero ese es el menor de los inconvenientes al que se enfrentan agentes y fiscales en las operaciones de blanqueo que se derivan: las parcelas originarias están puestas a nombres de terceros. Y tampoco ayudan los procesos judiciales que siguen después. “Tras la entrada, nosotros precintamos, pero los procesos se alargan tanto que el propietario sigue viviendo ahí. A los juzgados les cuesta controlar los bienes, mientras los abogados dilatan los procesos con los recursos”, detalla el investigador.

La casuística judicial con los chalés de los narcos es tan variada como larga y compleja. “Si las tienen como primera residencia es más complicado echarles”, apunta Villagómez, “aunque se supone que en las sentencias se puede acordar su demolición”, en los casos en los que haya delito urbanístico asociado. Otra cosa es que, en ese tiempo transcurrido de años, la aplicación de la decisión judicial se haga irrealizable por la compulsión de los traficantes por seguir construyendo. “Tenemos una sentencia para derribar la cimentación y pilares de una casa y resulta que ya está hasta terminada. Ahora, no me deja tirar la primera planta, ¿eso cómo va a ser? Me obliga a abrir otro expediente. Después de cuatro años tengo que volver a empezar”, denuncia el concejal linense. “Igual que la ley funciona para los otros bienes, como los vehículos, para lo inmobiliario el sistema no es eficaz. Todos sabemos las mansiones de estas personas, llenas de expedientes de blanqueo. Propiedades que está claro que proceden del delito, construidas en terrenos no urbanizables o protegidos y pasan los años y el procedimiento no funciona”, añade el inspector de Sanlúcar.

La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, dependiente del Ministerio de Sanidad, repartió 31,950 millones de euros en 2022 entre distintas administraciones, procedentes de subastas y ventas de activos del narco. Pero de los 1.409 decomisos registrados, solo 43 eran de inmuebles, debido a que “las gestiones a realizar son más numerosas y complejas”, según detalla el informe de ese año. El papeleo pasa por la tasación, la inscripción registral a nombre del Estado, el cambio de cerraduras o la depuración de cargas. Las hipotecas o las ocupaciones ilegales complican el proceso, según reconocen desde el Ministerio. Si encima las casas son ilegales, la dificultad suma un escalón más porque “la Delegación no procede a la venta de construcciones ilegales”. Sanidad asegura que, en esos casos, trata de regularizarlas antes, pero no aclara en cuántas ocasiones lo ha hecho. Villagómez es tajante de lo que sucede en esos casos: “Si es ilegal, el Plan [Nacional sobre Drogas] no las quiere. La posibilidad en esos casos debería ser destruirlas porque el problema es que sigue en manos del narco”.

Cansados de tener una barriada como El Zabal atrapada en un callejón legal sin salida —tienen hasta 300 expedientes de disciplina urbanística abiertos en la zona—, en el Ayuntamiento de La Línea han decidido tirar por la calle de en medio e intentar regularizar en un nuevo planeamiento urbano aquellas casas que, legalmente, sea posible. Martínez admite “el agravio comparativo” que puede suponer la medida, pero la justifica en que no todos los vecinos son narcotraficantes y en que el nuevo planeamiento obligará a todos los ilegales a ceder espacios para calles y a pagar su regularización. “Además, el que ha construido, no podrá hacerlo más y quien ha respetado la ley, no ha construido o no ha hecho trucos de proindivisos será al que se le premiará”, defiende el edil.

El inspector jefe de La Línea, harto ya de solicitar los derribos que nunca llegan para casas que se usan como guarderías de la droga, comprende la postura municipal. “Nos vendrá bien para poderlas decomisar, otra cosa es que haya cosas que van a ser muy difíciles de legalizar”. Que se lo digan al chalé de intercambio de parejas, con mazmorra incluida, que se construyó Isco Tejón, el Castaña, en Los Barrios. El mismo que acabó usando como localización para su videoclip Candela.