La Audiencia Nacional propone juzgar a un exsenador del PSOE por participar en un encargo a Villarejo

Manuel García-Castellón, magistrado de la Audiencia Nacional, ha propuesto juzgar al comisario jubilado José Manuel Villarejo, a su socio Rafael Redondo y al exsenador socialista Francisco Rodríguez Martín por su implicación en un supuesto proyecto de espionaje encargado en 2011 por la compañía Persán contra el grupo Martinsa-Fadesa. El juez considera acreditado que la trama accedió a “información reservada” de las víctimas, como el tráfico de llamadas telefónicas, obrante en “bases de datos de acceso restringido”, por la que se llegó a pagar más de medio millón de euros al equipo de Villarejo. El instructor atribuye a los implicados delitos de cohecho y de revelación de secretos.

En un auto dictado este martes, García-Castellón explica que este plan de espionaje se bautizó como Proyecto Saving y que surgió ante las “dificultades” que tenían los responsables de Persán, una sociedad sevillana dedicada a la fabricación de detergentes, para reclamar una deuda al grupo empresarial Martinsa-Fadesa, que había sido presidido por Fernando Martín. El juez detalla que el apoderado de la compañía hispalense, José Moya, ya fallecido, contactó en verano de 2011 con el comisario Villarejo a través de un intermediario, el exsenador Francisco Rodríguez Martín, para poner en marcha el encargo, cuya “finalidad última sería la obtención de información comprometida que permitiese una posición de fuerza ante una eventual negociación”.

Moya había firmado en diciembre 2007 un contrato para adquirir “un derecho de opción de venta frente a Fernando Martín sobre un paquete de acciones de Martinsa”, según apunta el sumario. Pero, cuando quiso ejercitarlo en mayo de 2010, se topó con que Martinsa-Fadesa había decretado en julio de 2008 suspensión de pagos y la declaración voluntaria de concurso de acreedores, y con que Fernando Martín había “ocultado” la “citada compra de acciones por parte de Moya, no figurando, por tanto, como acreedor en el procedimiento concursal”.

Esta situación provocó que, supuestamente, Persán se hiciese con los servicios del grupo de Villarejo. De esta forma, según la resolución del juez, el Proyecto Saving constaba de tres fases. La primera buscaba “la recuperación del estatus jurídico de Moya”. La segunda, “que se dispusiese de capacidad negociadora para beneficiar los intereses del propio Moya”. Y la tercera, “cobrar o dejar de aparecer como deudor ante la CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorro) en razón a una suma importante de dinero, cifrada en 1.000 millones de euros”.

García-Castellón añade que se han encontrado indicios de que la trama recabó datos confidenciales de, entre otros, Antonio Fernández López y Victoriano López Pinto, presidente y director general respectivamente de Ahorro Corporación, un holding de servicios financieros con participación en Martinsa-Fadesa. “Moya consideraba responsables de su situación no solo a Fernando Martín, sino principalmente a Antonio Fernández, la persona que le aconsejó realizar la operación de compra de acciones”, relata el juez García-Castellón en otro escrito.

Francisco Rodríguez Martín, alias Curro, fue senador del PSOE por Sevilla durante la VIII legislatura (2004-2008) y ejerció supuestamente como intermediario entre la trama y Persán, ya que fue quien “indujo” a Moya a contratar a Villarejo.

Las pesquisas sobre el Proyecto Saving se han llevado a cabo dentro de la Pieza 25 del macrosumario del caso Villarejo, que acumula ya más de medio centenar de líneas de investigación. De momento, el comisario jubilado solo ha sido juzgado por tres de ellas, y se encuentra pendiente de conocer la sentencia.