El fiscal pide que declare el piloto que defendía que España debía rescatar una lancha que naufragó

La Fiscalía ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas, que ha asumido la presunta denegación de socorro a los 60 inmigrantes que se hundieron al sur de Gran Canaria tras diez horas esperando ayuda, que tome declaración, en primer lugar, al piloto de Salvamento Marítimo que defendió que la zódiac estaba en una zona donde España era la responsable de rescatarlos, según ha informado la Agencia Efe. Salvamento Marítimo defendió, en cambio, que en la zona en la que se encontraba la embarcación, que desde su avistamiento estuvo unas 12 horas a la espera de ser atendida, podía intervenir tanto los servicios de rescate españoles como los marroquíes.

Unas grabaciones del operativo de rescate, a las que tuvo acceso la Cadena SER, demuestran que hubo dudas entre el centro coordinador de Salvamento de Las Palmas y el piloto del avión de búsqueda sobre si las aguas en las que estaba la barca eran marroquíes o españolas. El piloto insistió en que se encontraban en las aguas de la zona de búsqueda y rescate que corresponde a España.

A las 19.53 del martes 20 de junio, el avión Sasemar 101 localizó la barca de goma, con unos 60 ocupantes. En ese momento, se dio indicación al carguero Navios Azure, con bandera de las Islas Marshall. También se avisó al centro de coordinación de Rabat. La embarcación se encontraba a 40 millas (74,1 kilómetros) de la costa de El Aaiún (la capital saharaui). Según las fuentes de Salvamento Marítimo, el naufragio y rescate por parte de Marruecos no se produjo hasta las 6.20 de este miércoles, lo que significa que la endeble lancha estuvo más de 10 horas a la espera, solo custodiada por el carguero. Cuando llegó, la patrullera marroquí Al Mansour apenas pudo salvar a 24 personas. Un helicóptero español rescató poco después el cadáver de la niña, que flotaba en alta mar.

Este suceso ha motivado la denuncia de la Fiscalía por presunta omisión de socorro, que “hace suya” la denuncia presentada por Caminando Fronteras, según la fiscal jefe del TSJ de Canarias, María Farnés Martínez. Esta ONG facilitó a las autoridades españolas la posición que permitió localizar a esa neumática. El Defensor del Pueblo también investigará de oficio el naufragio.

En su denuncia, un documento de tres páginas al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía defiende que existen indicios de un delito de omisión del deber de socorro en la gestión que Salvamento Marítimo hizo de esa emergencia y pide que se cite a dos de sus empleados: el piloto del Sasemar 101 y a “la persona que dirigía las operaciones” desde el Centro de Salvamento de Las Palmas de Gran Canaria. Solicita que esos dos empleados públicos declaren como investigados, no como testigos, pero eso no significa que en este inicio de la investigación les responsabilice de nada de lo ocurrido, según precisa la fiscal portavoz de Las Palmas.

El relato de hechos presuntos solo menciona que hubo entre esos dos trabajadores de Salvamento “un intercambio de pareceres sobre si la embarcación se encontraba en zona SAR (siglas inglesas de búsqueda y rescate) de responsabilidad de España”, tras el cual se dio la orden al avión Sasemar 101 de que regresase a su base de Gran Canaria y el control de la operación se transfirió a Marruecos.