La ley de vivienda abre una brecha entre el PNV y los socialistas en el Gobierno vasco

El Gobierno vasco ha aprobado este miércoles interponer un recurso de inconstitucionalidad contra varios preceptos de la ley estatal de vivienda por “invasión de competencias” recogidas en el Estatuto de Gernika. La decisión, adoptada con el visto bueno de los servicios jurídicos del Ejecutivo autónomo, ha abierto una brecha entre sus socios, el PNV y los socialistas. Los tres consejeros del PSE-EE han expresado su disconformidad con la decisión de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) y han pedido que esta discrepancia conste en el acta del Consejo de Gobierno. El informe jurídico sostiene que la legislación orgánica supone una “injerencia” y “una imposición a Euskadi” que deja “vaciada completamente” la competencia normativa vasca en materia de vivienda.

La aplicación de la ley estatal de vivienda mantiene divididos a los nacionalistas y los socialistas en el seno del Gobierno autónomo. El PNV sostiene que aquella impone asuntos concretos que no están regulados en la legislación vasca y, por lo tanto, “ocupa el espacio para poder desarrollar políticas propias sobre vivienda”. En cambio, el ala socialista del Gobierno, que dirige la gestión de la vivienda en el País Vasco, sostiene que “la ley española es una oportunidad para Euskadi”. “No impone, sino que amplía derechos, puesto que faculta a las comunidades autónomas para adoptar medidas para las que no tenemos competencias”, aseguran fuentes de la consejería que dirige el socialista Iñaki Arriola.

El acuerdo del Consejo de Gobierno vasco contempla que el recurso ante el Constitucional se refiera a siete artículos y cuatro disposiciones de la ley estatal de vivienda, aprobada en mayo pasado con los votos favorables de PSOE, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Más País y Compromís, y el voto en contra del PNV, entre otros partidos. El Gobierno madrileño que preside Isabel Díaz Ayuso y el andaluz dirigido por Juan Manuel Moreno, ambos del PP, ya anunciaron que iban a recurrir al TC la citada ley. Euskadi sigue la misma línea considerando que “el Estado se adentra en aspectos que no le corresponden y son de exclusiva competencia autonómica”, según el informe de los juristas del Departamento de Gobernanza Pública que dirige Olatz Garamendi (PNV).

“De manera deliberada y con una estrategia recentralizadora se está obviando que en el Estado existen realidades diferentes y gestiones muy diferenciadas en este ámbito en concreto, ya que Euskadi es la comunidad autónoma que más VPO ha construido, solo por detrás de Andalucía, comunidad que cuadriplica nuestra población”, denuncia el sector nacionalista del Ejecutivo vasco. El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha hecho este miércoles un llamamiento al Ejecutivo central para tratar de encauzar esta cuestión en la comisión bilateral de cooperación para tratar de acercar posturas y llegar a un acuerdo que evite el recurso.

El informe que avala la presentación del recurso señala que el contenido de la ley estatal de vivienda “en gran medida” está recogido y “bien regulado” con carácter previo en el País Vasco a través de la ley vasca de 2015, que fue validada por el Constitucional. Entre los argumentos utilizados para presentar ir ante el Constitucional se destaca que la norma estatal establece reservas de suelo destinadas a VPO en un alto porcentaje, lo que “vulnera la jurisprudencia constitucional al respecto”. Y añade que existe “una contradicción entre leyes” en cuanto al destino necesario del patrimonio público del suelo que “limitan la capacidad de decisión de Euskadi en políticas de su competencia exclusiva”. En cuanto a la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, la regulación del Estado “ocupa el espacio que ha de llenar el desarrollo de la normativa vasca”, lo que “cierra la posibilidad de tal desarrollo”.

Los socialistas consideran que no hay motivos para recurrir la norma estatal, porque esta “es muy explícita en el respeto a las competencias” autonómicas. El consejero Arriola insiste en que faculta a las comunidades autónomas a tomar medidas no previstas en sus normativas regionales “como el control de precios”: “Se trata de disponer de todas las herramientas posibles y útiles para afrontar el acceso a una vivienda asequible por parte de la ciudadanía vasca, un camino que en el País Vasco hemos emprendido desde hace tiempo”, asegura el consejero socialista.

El portavoz del Ejecutivo vasco ha recordado que el Gobierno español “ha recurrido muchísimas de las leyes que ha aprobado el Parlamento vasco esta legislatura y todas ellas han sido objeto de negociación y acuerdo en la comisión bilateral. Demandamos, por tanto, este diálogo para llegar a un acuerdo y no tener que recurrir al Constitucional”.