Revolución en la lucha mundial contra el narco: la policía rastrea millones de conversaciones encriptadas

Speedyherder, alias bajo el que la policía inglesa sospecha que se esconde un narco británico, recibió el 28 de mayo de 2020 un mensaje de texto muy explícito: “¿Tienes a algún chico dispuesto a un poco de locura? Solo necesito a un chico. ¿Cuánto quiere?”. Otro supuesto traficante —este, detenido en 2023 en Málaga— buscaba ayuda. Necesitaba a un secuaz para un trabajillo: prender fuego a un vehículo. Y, sin reparo, compartió sus intenciones con Speedyherder a través de Encrochat, un sistema de mensajería encriptada, donde ambos se creían impunes. Durante años, delincuentes de toda Europa usaron esa plataforma digital para hablar sin tapujos de sus alijos de drogas, robos, ajustes de cuentas... Pero Francia logró en 2020 introducirse en el sistema y extraer millones de comunicaciones. La lucha mundial contra el crimen organizado acababa de cambiar. “Esa operación nos abrió los ojos de cómo funciona actualmente el narco y dónde están sus cabecillas”, admite un alto cargo español. Y sus efectos siguen vigentes hoy.

En Encrochat, donde los sospechosos se manifestaban abiertamente, los agentes observaron de primera mano las verdaderas entrañas del tráfico de drogas. Y el análisis de esa ingente cantidad de información —así como la intervenida en otras operaciones posteriores contra dos plataformas similares (Sky, en Francia; y Anom, en EE UU)— ha impulsado investigaciones en todo el planeta. Nada ha impactado tanto en los procedimientos abiertos contra el narco como la explotación de todos esos datos, reconoce la Fiscalía Antidroga española, que en 2022 sumaba ya 69 causas con “evidencias” procedentes de esas redes cifradas. “Alrededor del 90% de las comunicaciones interceptadas en Encrochat, Sky y Anom se refieren al tráfico de drogas”, destaca el ministerio público. Entre los cazados se encuentra, por ejemplo, Joakim Peter Broberg, hijastro de la alcaldesa de Marbella (Ángeles Muñoz), que usaba Encrochat para contactar con sus “proveedores” de estupefacientes, según el sumario.

Pero para comprender esta historia hay que echar la vista atrás unos años. Y marcar 2017 en el calendario. En ese momento, los investigadores ya sospechan que los criminales han encontrado un nuevo medio para comunicarse. Un sistema donde operan como fantasmas, lejos del radar de la policía. Las autoridades francesas ponen entonces la diana en Encrochat, que se vendía como una plataforma que garantizaba el anonimato y la no trazabilidad de sus clientes. Sus usuarios se hacían con móviles previamente encriptados (más caros, en la actualidad cuestan unos 1.600-1.800 euros) y pagaban una suscripción (Europol, agencia policial de la UE, habla de 1.500 euros al semestre) por un sistema que solo funcionaba entre terminales que tuvieran instalado el mismo programa. El servicio incluía hasta un código PIN que les permitía borrar todos los datos del dispositivo a distancia. Una función perfecta por si eran detenidos.

Un informe policial incorporado en marzo de 2020 al caso Oikos, que investiga una supuesta trama de amaños de partidos en el fútbol español, ya mostraba la frustración de los agentes y advertía de que esa red criminal usaba impunemente Encrochat. De hecho, la imposibilidad entonces de acceder a esos mensajes lastró una parte importante de esa investigación.

Pero todo cambia en la primavera de 2020. Los servidores de Encrochat se encontraban en Francia, donde las autoridades ponen en marcha un despliegue especial para infiltrar un software troyano en el sistema que permitirá extraer 115 millones de “conversaciones delictivas” de 60.000 usuarios, según Europol. Un tribunal alemán detalla que no solo se interceptaron los chats en curso hasta junio de 2020 —cuando la propia plataforma detecta el hackeo y emite una alerta para que se destruyan los dispositivos—, sino que se pudo acceder a las memorias de los móviles y recuperar conversaciones anteriores, así como fotografías que se enviaban. Los pormenores de la operación, que contó con aval judicial, no han trascendido: se declararon secreto militar.

Francia comenzó a analizar todos esos datos, que está reenviando progresivamente a otros países para que abran sus propias investigaciones. Pasa igual con los obtenidos en Sky y Anom —a medida que cae una de estas redes de comunicaciones, los delincuentes se pasan a otra, explican los agentes—. “Toda Europa está con esto”, subrayan fuentes fiscales. Y no solo por la cantidad, según varios mandos policiales, sino porque esa información ha revelado la existencia de unas mafias mucho más poderosas de lo que se creía. “Manejan más dinero de los que sospechábamos. Incluso hemos descubierto ajustes de cuentas y asesinatos que desconocíamos”, señala un participante en un encuentro organizado en Madrid este septiembre por el Ministerio del Interior para abordar la lucha contra el tráfico de cocaína, que contó con responsables policiales de Europa, Latinoamérica, Marruecos y Turquía.

En un mundo donde las fronteras se difuminan, la dimensión del problema se refleja en unos abrumadores resultados. Según Europol, solo las pesquisas derivadas de Encrochat han permitido detener en todo el planeta a más de 6.500 delincuentes (casi 200 de ellos, de “alto valor”); e intervenir más de 730 millones de euros en efectivo (otros 150 en cuentas bancarias); casi 300 toneladas de cocaína, cannabis y heroína; 30,5 millones de pastillas de drogas químicas; casi un millar de armas de fuego; y más de 1.300 viviendas, vehículos, barcos y aviones.

La preocupación, por tanto, se palpa en el ambiente. Francia, Bélgica y Países Bajos consideran ya el crimen organizado como un peligro para la seguridad nacional. De hecho, las autoridades de este último país reforzaron la seguridad de la princesa Amalia y del primer ministro Mark Rutte tras hallar conversaciones desencriptadas con amenazas directas contra ellos de la llamada Mocro Maffia. “En España”, continúa un mando policial, “[esos chats] nos han permitido saber que los grupos albaneses y el cartel de los Balcanes están muy fuertes, mucho más de lo que creíamos”. También, añade un agente, se ha puesto sobre la mesa la corrupción “salvaje” que hay en los puertos del país.

Una trama caída en 2021 en la Operación Jumita-Aelaa, con información obtenida de esas plataformas encriptadas, había llegado a controlar el puerto de Algeciras (Cádiz) para allanar la entrada de ingentes cantidades de droga. La Guardia Civil le intervino 16,5 millones de euros en fajos de billetes mal escondidos en bolsas de deportes y armarios de garaje.

Grupos especializados creados en España

Los investigadores también han tenido que adaptarse. Varios mandos policiales inciden en que la lucha contra el crimen organizado ha sufrido una “revolución” con la intervención de estas plataformas. “Ha cambiado porque nos han revelado que su infiltración en la sociedad en Europa es mucho más de lo que pensábamos. Se han destapado nuevas rutas de narcotráfico y medios de transporte”, destaca un responsable de la Policía Nacional. “Hemos tenido la posibilidad de acceder a comunicaciones, fotos, vídeos, geolocalizaciones...”, añaden desde el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA, dependiente de la Agencia Tributaria). “Ahora sabemos cómo acuerdan la entrada, el tránsito y la distribución de la droga en negociaciones entre capos que no necesitan sentarse alrededor de la misma mesa. En estos chats apalabran, por ejemplo, la corrupción de los puertos españoles: cuánto hay que gastar en sobornos para asegurar la entrada de los alijos”, destacan fuentes de la Guardia Civil.

Para explotar todo ese caudal de información, la Policía Nacional ha creado dentro de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) un grupo dedicado en exclusiva a analizar las conversaciones intervenidas. La Guardia Civil también ha impulsado un equipo para escudriñar los cientos de miles de mensajes recuperados y mantiene desplegados a agentes de manera permanente en la sede de Europol en La Haya (Países Bajos). Vigilancia Aduanera se ha integrado en los grupos de trabajo creados por la agencia policial europea. “Nos ha permitido abrir nuevas vías de investigación en casos que estaban ya abiertos, así como iniciar otros”, añade el SVA, que en la actualidad tiene activas 18 operaciones gracias a información de Sky y Encrochat (todas por tráfico de droga).

“Antes, interceptabas un barco con un alijo y detenías a los tripulantes. Ahora podemos actuar contra todo el entramado y arrestar a 30 o 40 personas que iban a participar en la recepción y distribución de la droga”, destaca un veterano agente. A finales del año pasado, Europol coordinó una macrooperación en cuatro países europeos, bautizada como Desert Light, que permitió desmantelar el “supercartel de la cocaína”, una estructura de narcotramas independientes, pero interconectadas, responsables presuntamente de introducir un tercio de esta droga que se mueve en Europa. Entre los 49 arrestados —13 de ellos en España— había seis “señores de la droga”, capturados en Dubái. La Guardia Civil identificó a dos de esos cabecillas gracias, precisamente, al análisis de mensajes interceptados en Sky.

Uno de ellos, apodado Robo en la plataforma, hablaba en los chats de la incautación de un alijo de 698 kilos de cocaína en Valencia en 2020. Robo mostraba especial interés en saber si la pérdida del alijo se debía a una operación policial o al robo de una banda rival. La Guardia Civil pudo identificarlo como Ryan James Hale, un británico vinculado con el clan irlandés de los Kinahan, uno de los grupos mafiosos más importantes. También se puso nombre a la persona que usaba el alias de Hassan: Anthony Alfredo Martínez Meza, encargado presuntamente de fletar barcos cargados de droga desde Panamá.

Los mensajes desencriptados en Sky permitieron igualmente capturar a El Tigre, “el narcotraficante español más importante a nivel global” y cuya identidad fue un misterio durante años. Se trata supuestamente de Alejandro Salgado Vega, un madrileño de 44 años que se ocultaba en Dubái. Mvrand o Whitewall son otras operaciones de la Guardia Civil que han contado con información extraída de estas plataformas. En la primera cayó Fikri Amellah, un presunto narco que, cuando fue arrestado en 2021, se encontraba en el salón de su casa de Barcelona rodeado de cinco teléfonos móviles encriptados, con los que coordinaba supuestamente diversos operativos de entrada de droga en España. La segunda acabó con el arresto en la Costa del Sol de John Morrissey, el supuesto “banquero” del narcotráfico.

Pendientes de Europa

Pese a todos estos éxitos policiales, aún no ha acabado la batalla contra los presuntos narcos cazados a través de las plataformas encriptadas. La prudencia se palpa entre los investigadores, que siguen analizando multitud de conversaciones interceptadas, pero mirando de reojo a los tribunales nacionales y europeos. La justicia debe dilucidar la validez de estas pruebas, después de que las defensas de los detenidos y varios penalistas hayan puesto el grito en el cielo por su uso, al considerar esa información como el fruto de una intervención indiscriminada y masiva de las comunicaciones sin el correspondiente aval legal.

El abogado penalista Luis de las Heras lo explica así: “Esto es como si la policía francesa entra en Correos e interviene cientos de miles de cartas. Y, con la información que obtiene, empieza a distribuir paquetes de datos a los distintos países. Eso nos parecería una barbaridad. Pues esto es lo mismo”. El letrado de un presunto traficante expuso una tesis similar en una causa abierta en la Audiencia Nacional por Encrochat: “La Gendarmería Francesa encontró una manera de penetrar en dicho servidor, accediendo a todos los mensajes de miles de usuarios, sin discriminar de ningún modo a qué personas investigaba. Se trata de una captación masiva, indiscriminada y prospectiva de todos los mensajes de todos los usuarios, lo que implica una investigación desproporcionada y contraria a la ley, sin que las autoridades francesas hayan explicado cuál fue la operativa empleada, basándose en razones de secreto de Estado”.

Sin embargo, estas críticas no han encontrado de momento una respuesta positiva de la justicia. Francia y Reino Unido, por ejemplo, han dictado condenas y dado el visto bueno al uso de la información desencriptada. El pasado octubre, la Corte de Casación gala concluyó que la ley francesa respalda la técnica usada en la operación para intervenir Encrochat.

En España no se ha dictado ninguna sentencia al respecto. Pero, en varias instrucciones en curso, la Audiencia Nacional ha emitido autos donde acepta la información proveniente de esas plataformas. La intervención de las comunicaciones se produjo en Francia, por lo que el tribunal español afirma que, en base al acuerdo entre ambos países de “reconocimiento mutuo” de sus legalidades, se admite la documentación aportada por las autoridades del país vecino que contiene esos chats.

Las defensas han colocado ahora sus expectativas en Europa. Un tribunal de Berlín elevó una cuestión prejudicial en 2022 al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre Encrochat, para preguntarle sobre la validez como prueba de una “injerencia” de las comunicaciones de tal calibre y características. Esta institución aún no se ha pronunciado, pero mantiene en vilo a los investigadores y a las causas. Igualmente, los narcos tienen la posibilidad de acudir en el futuro al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una vez sean condenados en firme en los respectivos países donde resultan encausados. Todos (policías, delincuentes y sospechosos) saben que todavía queda mucho partido por delante.