El Gobierno replica a la alcaldesa de Mogán que la ley le obliga a enterrar a los migrantes fallecidos en el mar

La Delegación del Gobierno en Canarias ha advertido a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Juntos por Mogán-Coalición Canaria), que la ley obliga a los ayuntamientos a enterrar a las personas migrantes fallecidas en el mar. El Estado, han explicado fuentes de la Delegación, carece de competencias para asumir los costes de la inhumación de los cuerpos de las personas migrantes que pierden la vida en su ruta hacia las islas Canarias.

El viernes, la alcaldesa del municipio del suroeste de Gran Canaria aseguró que su Ayuntamiento no sufragará “ni un enterramiento más” de los inmigrantes que llegan fallecidos al puerto de Arguineguín o al resto de la costa del municipio. En su opinión, esta factura debe abonarla el Gobierno de España. “Yo sí cedo mis nichos para que haya un enterramiento, no me voy a negar nunca. Pero no puede ser que estemos desamparados”.

Mogán, con 20.300 habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística, es el municipio en el que se encuentra el puerto de Arguineguín, en el que entre 2020 y 2021 se llegaron a hacinar más de 2.000 personas, un hecho que incluso fue denunciado por el Defensor del Pueblo. Según los datos de la alcaldesa, la factura de cada uno de los sepelios asciende a 800 euros. El Ayuntamiento afirma haber asumido 16. A esta cifra hay que sumarle otros 26, de los que se encargaron varios municipios tras reclamar ayuda a la Federación Canaria de Municipios (Fecam).

El Gobierno se ampara en un informe de la Abogacía del Estado que determina que son los ayuntamientos quienes ostentan las competencias en materia de política sanitaria mortuoria. Este reglamento data de 1974 (aunque modificado en 2020) y establece que los llamados entierros de beneficencia corren a cargo de los municipios. Estos son los que se producen tanto cuando nadie reclama los cuerpos de las personas que fallecen o cuando las personas cuyas familias no pueden hacerse cargo de los costes. “No parece razonable entender”, asegura la Delegación, “que si la persona migrante arribara en estado grave de salud a un determinado término municipal y falleciese finalmente dentro del mismo, corresponda al Ayuntamiento sufragar sus gastos funerarios,” pero que quede exento “cuando esa misma persona haya fallecido en el mar y sea trasladado su cadáver a su término municipal”.

La regidora de Mogán, en cambio, entiende que esa norma se refiere solo a las personas fallecidas dentro del término municipal y excluye a quienes mueren en alta mar y son trasladados a la localidad. En este sentido, la Delegación explica que no hay una previsión normativa específica para estos casos. Por ello, sostienen fuentes de la Delegación, “el título competencial asociado a la policía sanitaria mortuoria ―legalmente atribuido a las entidades locales― guarda una relación más directa que el relativo al control de la inmigración irregular que ostenta el Estado a través del Ministerio del Interior”.

Mucho más contundente se ha mostrado este sábado el expresidente de Canarias y líder de la oposición, Ángel Víctor Torres. El líder socialista reclamó a su sucesor al frente del Ejecutivo, Fernando Clavijo, que explique si comparte lo dicho por Onalia Bueno, cuya formación está adscrita a Coalición Canaria. “Lo primero es la humanidad”, aseveró antes de la celebración del Comité Regional del PSOE en Las Palmas de Gran Canaria. “Y si se entiende que tiene que reclamarse esos fondos a otra administración, que reclamen lo que consideren, pero que actúe acorde a lo que es su responsabilidad municipal, que es no dejar a nadie tirado ante una necesidad como esa”. Torres recordó que fue alcalde de Arucas (Gran Canaria) durante ocho años. “Los servicios sociales son la competencia más directa que tienen los ayuntamientos”, manifestó sobre este aspecto.

Las declaraciones de Bueno se han producido tras la reactivación de llegadas de migrantes desde el mes de julio. Hasta el 14 de septiembre llegaron a las islas 14.359 personas por vía marítima, el 24,6% más que hace un año. Solo en la primera mitad de septiembre llegaron a Canarias 2.920 personas, más del triple que en el mismo período del año pasado y casi la misma cantidad que los registrados durante todo agosto. En los años 2020 y 2021, el grueso de las llegadas se concentró en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, con salidas desde el sur de Marruecos o el Sáhara Occidental y el uso de pateras y neumáticas. La proliferación de cayucos está desplazando el foco a otras islas como El Hierro, la más occidental.