El Gobierno intenta derivar toda la presión sobre Feijóo en la investidura para esquivar el foco sobre la amnistía

El Gobierno asume que tiene por delante unas semanas durísimas, cuando llegue el turno de la investidura de Pedro Sánchez y el presidente en funciones deba explicar los pormenores de una hipotética amnistía a los encausados del procés. Por eso, quiere desgastar todo lo posible a Alberto Núñez Feijóo y poner sobre él el máximo foco, al menos hasta el viernes. Ese día se producirá la votación definitiva de la investidura del candidato del PP, que está abocada al fracaso. Un tiempo de descuento que La Moncloa y Ferraz quieren exprimir. Pero la presión para que los socialistas aclaren si habrá amnistía y si esta alcanzará al expresidente catalán Carles Puigdemont —fugado desde 2017 y líder de Junts, partido del que depende la reelección de Sánchez— es cada vez mayor. Este lunes, la portavoz del Gobierno en funciones evitó responder cuando le preguntaron si el expresident debe rendir cuentas ante la justicia.

El acto multitudinario que el PP celebró el domingo en Madrid se interpreta en el PSOE como un reconocimiento por parte del PP de que la investidura de Feijóo no tiene ningún recorrido y, sobre todo, como un intento de dificultar la investidura de Sánchez generando una presión social enorme contra una potencial amnistía, que la imposibilite y termine provocando una repetición electoral. Un escenario que Sánchez, muy tajante en sus intervenciones de la última semana, no contempla. “El Gobierno respeta las manifestaciones, movilizaciones o actos de partido, pero en este momento lo relevante es la sesión de investidura, donde la cifra importante no son 30.000, 40.000 o 60.000 [personas], sino haber sido capaz de forjar una mayoría parlamentaria de más de 175 escaños. A día de hoy, Feijóo cuenta con solo 172, es decir, está en el lugar en que empezó”, ha resaltado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, tras el Consejo de Ministros.

La Moncloa no quiere desvelar sus cartas y no confirma ni siquiera si Sánchez intervendrá en el debate de investidura. Fuentes socialistas lo dan, sin embargo, por hecho: el presidente del Ejecutivo, aunque esté en funciones, puede hacerlo en cualquier momento del debate parlamentario. O asumir él la portavocía de su grupo, como hizo Mariano Rajoy en 2016, cuando quien se sometía a la investidura era Sánchez.

Sumar también se resiste a revelar cuál va a ser su estrategia en el debate y si será la líder del espacio, Yolanda Díaz, quien tome la palabra durante el pleno, lo que es previsible si Sánchez interviene. “Lo importante en este debate no es tanto quién habla, sino qué quiere ofrecer el señor Feijóo a la sociedad española. A día de hoy, no nos ha trasladado ni una sola idea de lo que pretende hacer como potencial presidente del Gobierno”, echó balones fuera el portavoz de la formación, Ernest Urtasun, en rueda de prensa, informa Paula Chouza. En un grupo, el de Sumar, con hasta ocho partidos, el reparto de las portavocías y los turnos de palabra es uno de los elementos a discusión. Podemos, que lleva denunciando desde el día siguiente a los comicios un intento de “invisibilización” por parte de la dirección de Sumar, volvió a reclamar el lunes “intervenir” en el debate.

“Entiendo que un candidato que se presenta con los mismos escaños que tenía el primer día pretenda hablar de otros asuntos, pero de lo único que debería hablarnos es de su proyecto de país”, ha enfatizado Rodríguez sobre la incapacidad de Feijóo para ampliar los 172 apoyos que suman PP, Vox, UPN y Coalición Canaria. Los socialistas trasladan calma sobre la demostración de fuerza del PP, que movilizó a 60.000 personas, según sus cálculos. Fuentes de Ferraz destacan que, en contra de lo que afirma el PP, el acto de partido más multitudinario en el país se produjo en el cierre de la campaña del PSOE en 1982, con más de 100.000 asistentes, e insisten en que la derecha tuvo más éxito de público con sus movilizaciones con la Iglesia durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Pero el perfil bajo del Gobierno para dejarle todo el foco a Feijóo tiene un punto débil: la amnistía. Una de las pruebas más evidentes de lo incómodo que resulta este asunto para el PSOE es que sus dirigentes, empezando por el presidente, se resisten a pronunciar la palabra. En esa línea, la portavoz del Ejecutivo eludió contestar este lunes a la pregunta directa de si Puigdemont debe rendir cuentas ante la justicia española, y se limitó a insistir en que todo lo que haga Sánchez tendrá un marco: “La Constitución, su espíritu”.

Esa posición del Gobierno y del PSOE contrasta con la que mantuvo antes de las elecciones del 23-J, cuando el propio Sánchez y varios de sus ministros declararon reiteradamente que la amnistía era inconstitucional. El líder socialista incluso se había comprometido formalmente, en la campaña de noviembre de 2019, a traer a Puigdemont a España para que fuera juzgado: “A ustedes, señor Casado, se les fugó Puigdemont. Yo me comprometo, hoy y aquí, a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española”, afirmó en un debate electoral con el entonces líder del PP, Pablo Casado.

Cuando, el pasado 5 julio, el Tribunal General de la Unión Europea retiró la inmunidad a Puigdemont y a otros dos exdirigentes de la Generalitat prófugos, la ministra de Justicia, Pilar Llop, se felicitó por ello: “El Gobierno se encuentra muy satisfecho porque es un respaldo indudable a las instituciones españolas, a la justicia española y al Parlamento Europeo”, dijo. Y añadió: “Dejémonos de paños calientes: el ciudadano Puigdemont debe presentarse ante la justicia”.

Mientras Junts y ERC prosiguen con su pulso por liderar el independentismo, Sánchez lanzó este lunes otro guiño a los partidos nacionalistas en la clausura de un acto en la sede del Instituto Cervantes en Madrid con motivo del Día Europeo de las Lenguas. “Escuchar en el Congreso las lenguas con las que nuestros compatriotas nombran la realidad de España era imprescindible. Porque forman parte del gran legado cultural de nuestro país (…) y porque proteger una lengua es también una decisión política, a la vez que lo es censurarla o cercenarla. Hay quien tiene la tentación de caricaturizar este esfuerzo y que inventa batallas y conflictos donde solo hay normalidad democrática. Como en tantas otras conquistas y avances, el tiempo acabará dando la razón al progreso y a la convivencia”, ha reivindicado el presidente. El Congreso aprobó el jueves el uso de las lenguas cooficiales, una iniciativa a la que el PSOE siempre se había negado hasta ahora.

Sánchez ha añadido que “el orgullo para una identidad nacional no debe confundirse nunca con un sentimiento cerrado o con el rechazo al conocimiento de los otros”. “Creo que eso es la mejor anticipación de la España de ahora, que va a volver a ponerse de manifiesto esta misma semana a escasos metros de aquí [en referencia a la investidura de Feijóo este martes en el Congreso]. Un país abierto, moderno, tolerante, plural en sus ideologías, en sus culturas, y también diverso en sus lenguas. Una democracia donde la palabra razonada priva de sentido al insulto. Una democracia plena, con instituciones sólidas que traducen en gobierno la voluntad popular expresada por todos los españoles cada vez que hay elecciones”, ha concluido el presidente.