Las incertidumbres políticas acechan a una economía que crecerá con menos brío

Esta legislatura ha comenzado con tantas incertidumbres económicas como dudas políticas. Bruselas está a un paso de decretar el fin de la relajación fiscal. Las políticas expansivas, con aumentos sostenidos de gastos para afrontar la pandemia y la crisis de precios, están a punto dar paso a una nueva época de ajustes. Las tareas pendientes —que fueron aplazadas por la pandemia, la crisis energética, la inflación y, más recientemente, por la celebración de elecciones— son muchas y la coyuntura de desaceleración económica generalizada amenaza con volver a retrasarlas. La economía española seguirá creciendo por encima de los vecinos de su entorno, pero el brío no será comparable al de los dos últimos años. Se agota ya el rebote tras la debacle económica de la pandemia.

España lo pasó peor porque su economía está basada en turismo y servicios que se vieron más afectados por el confinamiento, y la recuperación ha sido más vigorosa por eso mismo. Pero una vez que se ha recuperado el terreno perdido el camino se presenta empinado. Los ingresos públicos, que han crecido con mucho vigor alimentados por la inflación y el bum de la recuperación, han empezado a perder fuelle, mientras que las previsiones auguran que los tipos de interés seguirán elevados y obligarán a las administraciones públicas a pagar más por su deuda. Estos dos factores dificultarán la corrección del déficit y de la deuda pública, que vuelven a estar en el radar de la Comisión Europea. Por otro lado, están las grandes reformas que han quedado en el aire, como la renovación del sistema de financiación autonómica o la reforma fiscal, cuya aprobación se ve amenazada por el escenario político que han dejado las elecciones autonómicas y generales.

La economía española avanzará el próximo año muy por encima de la media de la zona euro, según todas las previsiones. La fortaleza del empleo y el consumo público, gracias a los fondos europeos, están entre los principales vectores del crecimiento. Pero en un mundo tan interconectado y una economía mundial que se enfría, con la recesión de Alemania, el resfriado de China y los continuos shocks exógenos, es complicado pronosticar cuánto aguantará. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha mantenido en el 2,5% su estimación de crecimiento para este año, pero ya ha recortado al 1,7% el del próximo ejercicio, un avance demasiado magro.

A partir del próximo año también volverá la presión de las reglas fiscales europeas, suspendidas con el estallido de la covid. Las administraciones públicas aprobaron amplios paquetes de ayudas para familias y empresas que evitaron un estropicio peor, pero que a su vez engordó aún más la deuda pública. Las finanzas públicas quedaron trastocadas tras la pandemia y desde entonces la deuda y el déficit público solo han bajado gracias a la exuberancia de los ingresos y el vigor del crecimiento. Es decir, sin medidas específicas dirigidas a ello. Ahora, sin embargo, el escenario no es tan favorable. El próximo Gobierno tendrá que apretarse el cinturón.

El crecimiento de la recaudación tributaria es menos vigoroso. Los impuestos sobre el consumo (IVA y especiales) están perdiendo fuelle por la moderación de la inflación. Rebajar el déficit al objetivo del 3% del PIB que exige Bruselas —y que España se ha comprometido a lograr el próximo año— ya no es posible sin tomar medidas. Eliminar las ayudas implementadas para mitigar el impacto de la inflación sería el camino para lograr un ajuste casi automático, de unos 13.000 millones. Era algo que parecía claro en primavera, pero que ahora parece más alejado por la compleja negociación para lograr los apoyos a la investidura.

El lastre de los tipos

Los tipos de interés suponen otro lastre. Las sucesivas subidas lanzadas por el Banco Central Europeo (BCE) para combatir el monstruo de la inflación están elevando la carga de los intereses de la deuda. El pago de intereses supera los 30.000 millones y ya triplican el gasto en Defensa. El próximo año volverá a subir y restará espacio a otras políticas públicas. Además, no se prevé un cambio de tendencia en el corto plazo. La inflación está lejos del objetivo del 2% del Eurobanco, por lo que se pronostica que las tasas seguirán elevadas al menos hasta entrado 2025. A todo ello hay que añadir posibles sustos con potencial de tener efectos en la economía y los mercados: desde nuevos enfrentamientos armados —aún no hay previsiones sobre cómo podría impactar el conflicto entre Israel y Hamás— a atascos logísticos y repuntes en el precio de la energía.

Internamente, el nuevo Gobierno tampoco lo tendrá fácil. La aritmética parlamentaria, muy fragmentada y con el PP que detenta la mayoría en el Senado, complicará abordar cambios ambiciosos. Incluso trastabillará la aprobación de los Presupuestos del Estado para 2024, que llegarán con retraso. Varios partidos del bloque de investidura podrían bloquear una eventual reforma fiscal. El PNV ya frenó en 2020 uno de los grandes asuntos pendientes en tributación medioambiental: obligó a sacar de los Presupuestos la equiparación de la fiscalidad del diésel al de la gasolina. La remodelación del sistema de financiación autonómico, que hubiera tenido que acometerse hace una década, se antoja aún más complicado ahora que el grueso de las comunidades están en manos de la derecha. Nunca se ha logrado una reforma del modelo con el Ejecutivo de un color y la mayoría de los Gobiernos regionales de otro. Tampoco se ha sacado una reforma de la financiación sin poner dinero sobre la mesa. Y ahora los recursos del Estado están limitados.

En definitiva, aunque el anterior Gobierno tuvo que hacer frente durante la pasada legislatura a sucesos extremadamente complejos e inesperados como la pandemia, la crisis energética y la inflación, los próximos cuatro años se antojan sumamente complejos en materia económica por el regreso de las rigideces presupuestarias y una economía con un crecimiento más anémico y repleta de incertidumbres.