Puigdemont vuelve a ganar tiempo ante el Supremo para frenar la reactivación de la euroorden

En plena negociación para la investidura de Pedro Sánchez, y con la vista puesta en una posible amnistía, el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha vuelto a ganar tiempo ante el Tribunal Supremo para frenar la reactivación de la euroorden contra él. El instructor de la causa del procés, el magistrado Pablo Llarena, dio el 19 de septiembre 10 días al expresidente catalán y al exconsejero Antoni Comín —huido con él a Bélgica desde octubre de 2017— para que acreditaran si habían recurrido ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) la sentencia que el pasado 5 de julio les retiró la inmunidad parlamentaria como eurodiputados. El magistrado preguntaba, además, si las defensas de Puigdemont y Comín han pedido también la suspensión cautelar de ese fallo, y aquí estaba la clave del escrito del juez porque ninguno de los dos ha reclamado todavía al tribunal europeo que les devuelva inmunidad, por lo que carecen ahora de blindaje contra una posible detención y esto podía abrir la puerta a Llarena para volver a lanzar una euroorden contra ellos. Pero la defensa del expresidente y el exconsejero recurrió el plazo dado por Llarena y el instructor ha acordado suspenderlo mientras resuelve la impugnación.

La instrucción de la causa del procés relativa a Puigdemont se ha convertido en uno de los pulsos más largos que se dirime en los tribunales. Llarena intenta desde noviembre de 2017 traer a España al expresident para juzgarlo (antes por sedición y malversación y, tras la reforma del Código Penal que derogó el primero de estos delitos, por malversación y desobediencia), y el líder de Junts pelea por zafarse con una estrategia de defensa que, hasta ahora, le ha salido bien. En el último capítulo se repite la historia. Cuando Llarena preguntó al expresident si había recurrido al TJUE la suspensión de su inmunidad y pedido que se la devolvieran, el instructor ya sabía la respuesta porque se había difundido públicamente. El magistrado, no obstante, quería tener constancia directamente para tomar una decisión y, de paso, advertir a Puigdemont de que seguía teniéndole atado en corto y que la amenaza de una nueva euroorden era real. Pero el recurso de reforma (ante el propio Llarena) presentado por Puigdemont y Comín demora, de momento, esa posibilidad.

En su impugnación, la defensa de Puigdemont alega que no hay “base jurídica” para un requerimiento como el que formula el juez. El líder de Junts se queja de que no existe ninguna norma legal que habilite al instructor a reclamar a una parte que le informe “sobre actuaciones pendientes, o no, ante otro órgano jurisdiccional”. Para eso, sostiene el recurso, ya existe “un procedimiento insoslayable” previsto en las leyes procesales, que es el auxilio judicial. Según la defensa del expresident, si lo que pretende Llarena es obtener información acerca del estado del procedimiento abierto en el TJUE, “lo que debe hacer” es acudir a la figura establecida en el artículo 168 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil (que regula la colaboración entre tribunales) y al 177 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (que establece cómo debe actuar un juez en territorio de otra autoridad judicial). Para la defensa de Puigdemont, la vía elegida por el magistrado del Supremo pretende “burlar” esta normativa “mediante un requerimiento de información a la defensa sin amparo legal de ninguna clase”.

El escrito reclamaba también a Llarena que suspendiera el plazo de 10 días mientas el instructor decidía sobre el recurso, y esta es la petición que el juez ha aceptado el 27 de septiembre y que, por ahora, mantiene el procedimiento en stand by. Aunque el instructor acabe desestimando el recurso y emplace de nuevo a Puigdemont a informarle sobre sus movimientos ante el tribunal europeo, el líder de Junts ya habrá arañado unas semanas al calendario, marcado ahora por las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez y a la espera de conocer los planes del PSOE sobre una amnistía que podría liberar al expresidente catalán definitivamente de sus cuentas ante la justicia. Mientras Puigdemont siga con la inmunidad suspendida, existe el riesgo para él de que el instructor lance una nueva orden de detención, lo que caería como una bomba en medio de las conversaciones del PSOE con Junts y después de que Sánchez no descartara hablar directamente con el expresidente catalán.

Medidas cautelares

No obstante, la defensa del eurodiputado mantiene la puerta abierta a pedir ante el TJUE las medidas cautelares que, por ahora, no ha reclamado, y que, de serles concedidas, le devolverían de nuevo la inmunidad de forma temporal. Esa petición, previsiblemente, volvería a frenar a Llarena de reactivar las euroórdenes contra Puigdemont y Comín, tal y como han reclamado la Fiscalía y la acusación particular que ejerce la Abogacía del Estado. En un escrito dictado el pasado 27 de julio, el juez acordó tener por presentada esta petición de las acusaciones, pero señaló que resolvería sobre ella cuando el TJUE se pronunciase acerca de las posibles medidas cautelares que ambos procesados pudiesen solicitar para evitar el fin de su inmunidad.

Mientras el instructor del procés decide sobre recurso de aquel auto, Puigdemont ha vuelto a pedir que Llarena quede apartado del procedimiento. El magistrado ya rechazó hace unos días el quinto incidente de recusación planteado por el expresident, Comín y la exconsejera Clara Ponsatí -esta vez, por haberse pronunciado sobre la amnistía en una charla universitaria- pero la defensa de estos ha presentado un recurso de reforma contra esa decisión. En el escrito, los líderes independentistas argumentan que Llarena es “manifiestamente incompetente” para resolver él mismo una recusación en su contra y que esta debe ser tramitada. La defensa asegura que las manifestaciones del juez son “un posicionamiento político público del recusado que sería suficiente para su recusación, por pérdida de la necesaria apariencia de imparcialidad”, superan “la mera crítica política” y “denotan una animadversión personal hacia los recusantes”.

La defensa advierte que, si hubiera una amnistía que afectase a Puigdemont, Comín y Posatí, Llarena tendría que aplicarla, por lo que sus palabras en la charla universitaria son suficientes para “tener la legítima sospecha, duda, sobre la falta de imparcialidad” de Llarena. La defensa acusa, además, al magistrado de ejercer de e“comentarista” de la actividad “de quienes por él se encuentran ilegalmente procesados”.