El PP controlará al Gobierno desde el Senado a partir de noviembre ante el parón en el Congreso

El PP activará por primera vez en noviembre al Senado para el control al Gobierno antes de que se produzcan esas sesiones en el Congreso en esta XV legislatura, si la investidura de Pedro Sánchez se dilata. El PP disfruta de mayoría absoluta en el Senado y en su Mesa y quiere convertirla en un freno para la mayoría de los proyectos y planes del próximo Ejecutivo de Sánchez, si este finalmente sale adelante. El PP engloba esa estrategia en una manera de sortear su debilidad en el Congreso, donde el PSOE y sus hipotéticos aliados tienen la mayoría y dominan la agenda de asuntos a abordar y el calendario. Los populares rectificarían así su propia doctrina en el pasado de evitar ese tipo de sesiones de control con un Gobierno en funciones. Mariano Rajoy estuvo 300 días eludiendo esa responsabilidad y años después el Tribunal Constitucional se lo reprochó. Sánchez lleva ya más de 90 días sin responder de su gestión ante las Cortes, constituidas desde el 17 de agosto.

La secretaria general del PP y portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, compareció la semana pasada en dos ocasiones para denunciar que la presidenta de las Cortes, la socialista Francina Armengol, mantiene el Congreso “secuestrado y cerrado a cal y canto” en beneficio de los intereses de la candidatura de Pedro Sánchez para ser investido presidente. El PP forzó el retorno a Madrid desde sus circunscripciones en un viernes de casi un centenar de sus 137 diputados para hacerse una fotografía frente al Congreso y atacar con dureza a Armengol por mantener la actividad de la Cámara baja parada, por no convocar ni siquiera a la Mesa que gobierna su funcionamiento, por no citar a la Junta de Portavoces desde el 19 de septiembre, y por no pronunciarse sobre algunos asuntos y requerimientos pendientes, como convocatorias del presidente o del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ante la crisis actual en Oriente Próximo.

A la misma hora en que intervenía Gamarra, la Presidencia del Congreso fijaba para el miércoles de esta semana su próxima reunión. Ese día se formarán finalmente las dos comisiones no legislativas (la del estatuto de los diputados y la de peticiones de los ciudadanos), que serán las primeras en establecerse en esta legislatura, como sucede habitualmente en otros mandatos. La Mesa deberá resolver ese día algunas reclamaciones de la oposición, que serán denegadas, pero en realidad dedicará el grueso de su reunión a perfilar el programa para la sesión solemne de la jura de la Constitución de la princesa Leonor, el 31 de octubre, día en el que cumple 18 años y adquiere la mayoría de edad. El PP hasta reprochó a Armengol este viernes desconocer la agenda de esa jornada cuando ya los ujieres habían comenzado a desmontar dentro del hemiciclo los clásicos escaños de los parlamentarios para poder integrar más sillas que permitan seguir la sesión en directo a todos los diputados y también a los senadores.

En el PP subrayan mucho y no casualmente que mientras el Congreso está en una situación de parón legislativo y de control al Gobierno, “que no debería darse ni en escenarios de guerra”, el Senado sí está desarrollando su trabajo a pleno rendimiento. En el Senado se celebran todas las semanas reuniones de sus portavoces, se han producido ya plenos para abordar cuestiones de política general y asuntos concretos como la lucha contra el ELA y el jueves se convocó la Comisión General de las Comunidades Autónomas, donde 11 presidentes autonómicos del PP y hasta 21 oradores de ese partido cuestionaron a Sánchez preventivamente por el proyecto de una hipotética ley de amnistía a los líderes del proceso independentista en Cataluña. Fuentes de la cúpula del PP avanzan: “El Senado está ya con una actividad muy amplia y habrá más en los próximos días”.

Alberto Núñez Feijóo lo ratificó este domingo desde Toledo, durante el mitin en el que ha reivindicado el derecho del PP a echarse a la calle, y donde ha confirmado que quiere convertir el Senado en un muro de contención del sanchismo: “Vamos a abrir el Senado para defender el Estado porque el Gobierno ya no lo defiende; vamos a llevar al pleno lo que oímos el otro día de los presidentes autonómicos que representan al 70% de la población española. Vamos a ejercer desde el Senado la defensa de la democracia, porque estamos con la mayoría en el Senado, en el Congreso, en los centros de trabajo, en los hogares, en los lugares de esparcimiento y estamos en la calle”, ha señalado. El PP asegura que había en el acto unas 2.000 personas.

La cita de los barones autonómicos con la que el PP intentó retratar una oposición general a la posible amnistíano será la última en esa línea. Habrá más. El PP está estudiando ya, además, hasta cómo forzar sesiones de control al Ejecutivo en la Cámara alta cuando aún ni se barrunta cuándo podrían volver a producirse en el Congreso. La última sesión de control al Gobierno en el Congreso se celebró el 26 de abril, al final de la anterior legislatura, antes de las dos campañas electorales sucesivas que se vivieron en España para los comicios locales del 28 de mayo y luego las generales del 23 de julio.

El PP planea así cómo introducir sesiones de control al Gobierno en el Senado en noviembre, si la investidura de Sánchez se retrasa como todo parece y pudiera demorarse hasta finales de ese mes, cuando está fijado el límite en el día 27 antes de convocar automáticamente nuevas elecciones para el 14 de enero. Nunca se habían producido hasta ahora sesiones de vigilancia al Ejecutivo en la Cámara alta antes de que se hubiesen iniciado en el Congreso.

Los populares se saltarían así incluso su propia doctrina sobre cómo debe controlarse a un Gobierno en funciones. Mariano Rajoy estuvo hasta 300 días en esa situación desde que se convocaron las elecciones de 2015 hasta que el dirigente conservador volvió a ser investido en octubre de 2016 y en esos 10 meses se negó a someterse a las preguntas de los diputados de la oposición. El PSOE criticó esa ausencia entonces duramente y llevó ese conflicto de competencias al Tribunal Constitucional, que años después, en noviembre de 2018, emitió una sentencia unánime de todo su pleno en la que los magistrados consideraron que el Ejecutivo popular había “menoscabado la atribución constitucional” del Congreso. Sánchez también estuvo hasta 254 días en funciones en 2019, hasta que salió finalmente elegido presidente por dos votos en enero de 2020.

Cuando se planteó la posibilidad de forzar ahora las sesiones de control al Gobierno en funciones de Sánchez, en el comité de dirección del PP de Alberto Núñez Feijóo se suscitó el debate, por un lado, sobre si esa opción no significaba de hecho vulnerar su propia doctrina del pasado contra ese tipo de sesiones contra un presidente y unos ministros que no están con sus plenas competencias y también sobre si esa decisión no significaba en última instancia legitimar al actual Ejecutivo. La conclusión a la que se llegó, y que es la actitud con la que se trabaja por ahora, es la de poner en marcha otro tipo de iniciativas, en el Congreso y en el Senado, hasta observar si la investidura de Sánchez prospera en los próximos días. Si ese pleno no se convoca en las primeras semanas de noviembre, el PP usará su mayoría en la Mesa y la Junta de Portavoces del Senado para promover allí las sesiones de control a las que el Gobierno y sus componentes estarían obligados a acudir, salvo excepciones justificadas por viajes u otro tipo de convocatorias imprescindibles y para las que el Ejecutivo debería proponer siempre un sustituto.