Recuperado en Madrid un tesoro de oro que un pope robó en Ucrania tras la invasión de Crimea

La Policía Nacional ha recuperado en Madrid once piezas de oro valoradas en más de 60 millones de euros pertenecientes al patrimonio histórico de Ucrania, que habían llegado de modo irregular a España en 2016, dos años después de la anexión rusa de la península de Crimea, según ha informado este lunes el Ministerio del Interior. En la operación han sido detenidas cinco personas (tres de nacionalidad española y dos, ucrania), entre ellas un sacerdote ortodoxo o pope, al que la policía señala como presunto cabecilla de una red criminal dedicada al tráfico ilícito de bienes culturales procedentes de su país, actualmente en guerra. Las piezas intervenidas ―”joyas de oro de gran valor histórico y económico” de la cultura greco-escita de los siglos VIII y IV a. C., según recalca la Policía en su nota― iban a ser vendidas en Madrid a inversores a través de un entramado de sociedades mercantiles.

Según fuentes policiales, la investigación, bautizada como Operación Cuzco, se inició “hace años”, cuando agentes de la Brigada de Patrimonio Histórico recibieron información de que un ciudadano de nacionalidad ucrania asentado en Madrid intentaba comercializar de manera clandestina antigüedades de oro procedentes de este país, ya que las mismas, por su alto valor histórico, no podían salir a la venta a través de los canales habituales, como pueden ser las salas de subastas.

Fruto de esas pesquisas, en 2022 la Policía pudo recuperar en una caja de seguridad de Madrid una de las piezas que había sido vendida a un empresario madrileño. Se trataba de un cinturón de oro con cabezas de carnero que había formado parte de una exposición celebrada en un museo de Kiev entre 2009 y 2013. Al finalizar esta, el cinturón y otras piezas habían acabado, en circunstancias aún no aclaradas, en poder del sacerdote ortodoxo ahora arrestado. “Cuando existe un contexto de conflicto, como ocurrió en Ucrania en 2014 con la anexión de la península de Crimea, es más fácil que se produzcan casos de expolio”, explican fuentes policiales.

Tras aquel primer hallazgo, los investigadores constataron que los sospechosos disponían de otras antigüedades de similares características, que habían sido introducidas en España antes de mayo de 2016 mediante una declaración de importación en la que presuntamente se habían utilizado documentación falsa que acreditaba que las mismas pertenecían a la Iglesia Ortodoxa ucrania. La semana pasada, el Parlamento ucranio dio el primer paso para prohibir a la Iglesia Ortodoxa ucraniana ―con vínculos históricos con Moscú y a la que, según una encuesta del Instituto Internacional de Sociología de Kiev, solo un 4% de los habitantes del país son fieles― operar en el país después de que el presidente Volodímir Zelenski la acusara en diciembre de colaborar con Rusia tras la invasión de febrero del pasado año.

Las pesquisas revelaron que la trama liderada por el sacerdote había creado varias sociedades mercantiles en las que las joyas habían sido incluidas como parte del capital para intentar dar apariencia legal a la posesión de las mismas y, de este modo, facilitar que fueran comercializadas por un grupo de inversores. Fuentes policiales detallan que no es la primera vez que, en el tráfico ilegal de arte, se detecta la creación de empresas para blanquear la procedencia irregular de piezas, sobre todo cuando estas tienen un elevado valor económico.

Para ello, la red utilizaba documentos redactados en ucranio, inglés y español en los que se recogía una supuesta transferencia de la propiedad del tesoro y de la capacidad de administrarlo al principal investigado, el religioso ortodoxo. Para completar el blanqueamiento de las piezas, la red había encargado a expertos españoles en bienes culturales informes y una tasación de las joyas que fijó su valor en más de 60 millones de euros.

Finalmente, a finales de septiembre, la policía desarrollaba la operación e intervenía las otras 10 piezas cuando iban a ser vendidas. En el operativo, detenía al pope y a los otros cuatro presuntos implicados, acusados de un delito de blanqueo de capitales. Fuentes cercanas a la investigación detallan que entre los españoles implicados ―algunos con antecedentes por estafas― los había que presuntamente habían ayudado a la red a crear el entramado societario a cambio de una comisión, pero también inversores que pretendían adquirir las piezas. Fuentes policiales recalcan que la investigación sigue abierta ante las sospechas que las 11 piezas recuperadas no sean las únicas que la trama haya introducido en España para su comercialización ilícita.

En la Operación Cuzco, en la que ha intervenido el Servicio de Seguridad de Ucrania, ha contado con la colaboración de la Agregaduría de Interior de las embajadas de España en Ucrania, Bulgaria, Albania, Macedonia del Norte y Chipre. Las piezas se encuentran, para su estudio, en el Museo Arqueológico Nacional y en el Instituto del Patrimonio Cultural de España.