Cataluña tendrá un nuevo censo de amianto para garantizar su retirada en 2032

La eliminación definitiva del amianto echa a andar en Cataluña. El Govern ha aprobado este martes en su reunión semanal el proyecto de Ley para la Erradicación del Amianto antes de 2032, una norma pionera en el Estado y Europa y cuyo contenido está heredado en gran parte de la norma aprobada por el Govern de Pere Aragonès y que no salió adelante por culpa del adelanto electoral. El Ejecutivo trasladará la propuesta al Parlament en las próximas semanas, confiando en que se apruebe a lo largo de 2025. La consejera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha asegurado que la iniciativa incluye, entre otras cosas, que se actualice el mapa de censo de cubiertas de fibrocemento, una dotación del fondo anual de 10 millones de euros para subvenciones para reemplazar el material nocivo para la salud y sanciones de hasta 100.000 euros para garantizar su cumplimiento.

La iniciativa, pionera en el Estado, ya había sido aprobada por el Consell Executiu anterior, liderado por el republicano Pere Aragonès. Sin embargo, el adelanto electoral impidió el debate en la Cámara. “Los acuerdos decaen y era necesario volverlo a aprobar para iniciar el proceso parlamentario”, ha justificado Paneque. Ahora el Govern de Salvador Illa recupera el borrador de la ley de acuerdo con la legislación que marca la Unión Europea. Entre las principales novedades está la obligación de que los propietarios de viviendas emitan un certificado que demuestre que los inmuebles destinados a la compraventa o alquiler tienen o no amianto.

El amianto es altamente perjudicial para la salud y puede causar enfermedades como cáncer de pleura, de pulmón o fibrosis pulmonar. Esta sustancia tóxica se encuentra en tejados de fibrocemento, depósitos de agua, tuberías o aislamientos térmicos y acústicos. De hecho, el uso, producción y comercialización de fibrocemento se prohibió en 2002, aunque las administraciones permitieron durante años el mantenimiento de los materiales ya instalados o en servicio hasta el final de su vida útil. La conservación del amianto puede variar en función de su ubicación, la exposición a fenómenos meteorológicos o las vibraciones del suelo. Es un material que puede durar entre 30 y 50 años, por lo que en muchos casos ya ha superado su vida útil, ya que el auge de este tóxico se remonta a las décadas de 1960 y 1980.

El gran problema es que se desconoce la cantidad de instalaciones donde aún hay amianto. Una muestra de ello es que en mayo el Govern aseguraba que había unos cuatro millones de toneladas en toda Cataluña. Este martes, Paneque lo ha rebajado a dos millones. “Lo que tenemos son cálculos de estudios antiguos de diferentes organismos y no nos atrevemos a decir la cantidad hasta que tengamos estudios propios” ha justificado la portavoz. Desde el Govern se da por buena la cifra de casi 800.000 toneladas de fibrocemento detectado en cubiertas, a raíz de un estudio realizado por el Instituto Cartográfico de Cataluña. A esto se le añade que la estimación de que todavía hay hasta 30.000 toneladas de proyectados y calorifugados, unos aislamientos para equipos industriales que también contienen el tóxico.

En los años anteriores se han producido actuaciones sectoriales conjuntamente con la Comisión para la Erradicación del Amianto (CEAC), como la retirada de este material de tejados en edificios y escuelas. Sin embargo, desde la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB) consideran que el censo es poco uniforme porque no todos los ayuntamientos lo establecen con los mismos criterios. “Está el amianto visible y el oculto, como el que hay en aislamientos o en tuberías, pero también habrá que concretar cómo se actuará en espacios públicos y privados”, ha subrayado Joan Maria Soler, miembro de la Comisión Contra el Amianto de Barcelona de la FAVB. Actualmente solo el 27% de los municipios han presentado el censo, según la CEAC.

Uno de los casos más singulares es el de Badia del Vallès (Barcelona), un pequeño municipio de 13.000 habitantes, que se levanta junto a Sabadell y en el que el 100% de sus bloques de viviendas -todos de protección oficial y construidos durante la década de los 60 y 70- se ha detectado fibrocemento. El ayuntamiento y los vecinos hace años que luchan por la retirada y finalmente verán cómo ello se hace realidad a partir del primer trimestre de 2025. Ahí comenzará la primera fase del plan. Se actuará sobre 115 edificios para erradicar el material de galerías y tubos de ventilación sin necesidad de sustituir ningún elemento. En la segunda, se retirará y sustituirán las cubiertas de amianto de otros 38 bloques.

Entre los ámbitos más sensibles en que hace años la Generalitat invierte anualmente en la retirada del fibrocemento está el educativo. Este elemento cancerígeno se ha detectado en centenares de centros educativos -el número va creciendo porque a veces aparecen casos que no se tenían registrados-. Y es que, aunque lo habitual es hallar amianto en las cubiertas, también está presente en elementos como las pizarras más antiguas y en ocultos como bajantes o tuberías. En todo caso, el Departamento de Educación ha hecho números y calcula que necesitaría 11 millones para retirar el amianto de todas las escuelas para 2028.

Otra problemática a la que se enfrenta el Govern de Illa es la falta de espacios adaptados para almacenar el amianto que se retire. En Cataluña sólo existe un vertedero especializado en residuos peligrosos, en Castellolí (Anoia). Su ampliación, propuesta anteriormente por Pere Aragonès, no la ha confirmado todavía el Ejecutivo de Illa. El proyecto de ley se ha dirigido desde el Departamento de Presidencia pero si finalmente el Parlament refrenda definitivamente el texto, las competencias para llevarlo a cabo recaerán en la cartera de Paneque, a través de la Agencia de Residuos de Cataluña, dirigida por Albert Planell.